¿Qué cambiará en la compensación por jubilación voluntaria con la nueva Ley de Integridad Pública?

La nueva Ley de Integridad Pública, vigente desde el 26 de junio de 2025, ha planteado dudas sobre qué pasará con el incentivo por jubilación voluntaria que reciben los empleados públicos. 

José Villavicencio, presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), aseguró que el cambio perjudica a los empleados públicos. 

"Luego de haber entregado los mejores años al desarrollo de la institución lo quieren mandar (al servidor público, ndr) con una mano adelante y otra atrás", dijo Villavicencio este 1 de julio de 2025 en una rueda de prensa de rechazo a los cambios de esta nueva ley.

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 "Para beneficiarse de la compensación por jubilación voluntaria, el servidor público ahora tendrá que trabajar cinco años más, o sea 65 años, porque si se jubila a los 60 años o a los 61 años, no le van a dar ni un solo centavo", añadió.

Especialistas en derecho laboral aclaran que esta reforma no elimina el derecho a la jubilación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), que paga una pensión mensual durante toda la vida del pensionista y que pueden recibir los empleados del sector público que se jubilen de forma voluntaria.

La reforma tampoco alarga el tiempo necesario o las aportaciones requeridas para acceder a la pensión por jubilación a través del IESS. 

En este cuadro podrá revisar cuáles son los requisitos para jubilarse con el IESS, que no han tenido cambios:

Entonces, ¿qué es la compensación?

Por otro lado, la compensación que está en el centro del debate es una bonificación especial que paga el Estado por una sola vez a sus empleados que se acogen a la jubilación voluntaria.

Es el monto equivalente a cinco salarios básicos unificados por cada año de servicio, contados a partir del quinto año de trabajo del empleado. Por ejemplo, si la persona empezó a trabajar en 1985, los años que le contarán para pagar la bonificación comienzan desde 1990.

El tope máximo de esta compensación es de 150 salarios básicos unificados (USD 70.500 con el salario de 2025).

¿Qué es lo que cambia en la compensación?

Los especialistas en derecho laboral explican que la nueva Ley de Integridad Pública cambia la redacción del texto del artículo 81 de la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep), que habla sobre la edad para acceder a la compensación por jubilación voluntaria de los servidores públicos.

Antes de la nueva reforma, el artículo 81 de la Losep decía que los servidores públicos "cumplidos los 65 años de edad, habrán llegado al tope máximo de su carrera en el servicio público".

Y más abajo añadía: A los servidores públicos que, "a partir de dicha edad, cumplan los requisitos establecidos en las leyes de la seguridad social para la jubilación y requieran retirarse voluntariamente...se les podrá aceptar su petición y se les reconocerá un estímulo y compensación económica".

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La abogada laboral Vanessa Velásquez dice el texto que menciona "cumplidos los 65 años de edad, habrán llegado al tope máximo de su carrera", se interpretaba como un tope que dejaba espacio para que las personas menores de esa edad que hayan cumplido con los requisitos de jubilación del IESS, podían recibir la compensación.

Por ejemplo, una persona con 60 años y 360 aportaciones al IESS podía acceder a la compensación por jubilación voluntaria.

Pero el nuevo texto dice que los servidores de carrera que "a partir de los 65 años, cumplan los requisitos establecidos en las leyes de la seguridad social para la jubilación" podrán recibir la compensación.

Según Velázquez, ese texto ahora especifica con claridad que para que un servidor público se acoja a la compensación por jubilación voluntaria debe tener mínimo 65 años, explica Velásquez.

El funcionario público tiene dos opciones: se jubila a los 60 años del IESS y pierde la compensación, o espera cinco años más para poder cobrar ese beneficio del Estado. 

El abogado laboral y catedrático universitario Juan Pablo Jácome explica que el beneficio ya no abarca a los empleados de entre 60 y 64 años, con lo que se reduce el grupo de servidores públicos que pueden recibir el estímulo económico. Y eso podría ayudar al Estado a recortar en algo el gasto público.

"Esto puede ser visto como un endurecimiento de condiciones. No se afecta el derecho a la jubilación, pero sí se condiciona y limita el beneficio económico", añade.

¿Cuánto podría ahorrar el Estado?

Lo previsto para incentivos jubilares en este 2025 es USD 230 millones y representa el 1% de los USD 23.389 millones previstos para gasto público este año en el Presupuesto del Estado. 

Sin embargo, el Gobierno de Daniel Noboa enfrenta un 2025 desafiante, pues los ingresos del Estado no han crecido al mismo ritmo que el gasto público; además, los desembolsos de préstamos internacionales hasta el primer semestre son menores frente a los recibidos en igual período de 2024. 

De ahí que estos ajustes podrían ser un leve alivio al Presupuesto estatal. Precisamente por falta de liquidez, los gobiernos de turno han pagado estas compensaciones, en parte, con bonos a los jubilados y no en efectivo.

El director del centro de desarrollo de políticas públicas de la Espol, Daniel Lemus, explica que esta compensación surgió en un contexto en que los salarios públicos eran bajos y las pensiones se vieron afectadas por la transición a la dolarización.

"Pero hoy, con escalas salariales más altas en el sector público y el escalafón docente su impacto social ya no es el mismo", dice Lemus, quien también fue viceministro de Finanzas.

Lemus añade que este pago es una carga importante para el Presupuesto, pues además hay una deuda no contabilizada por incentivos pendientes, que hace pocos años se estimaba en USD 800 millones.

El Estado ha estado gastando USD 200 millones y USD 300 millones por año desde 2021 por las compensaciones por jubilación voluntaria. Este rubro se incluye dentro del Plan Anual de Inversiones (PAI) del Presupuesto del Estado, explica Lemus.

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En el PAI, el Ministerio de Finanzas incluye por lo general obras de inversión que se financian con endeudamiento público, como la construcción de puentes o mantenimiento de vías. Por ejemplo, en el PAI están los recursos para la construcción de la nueva cárcel en Santa Elena y el Quinto Puente en Guayas.

Sin embargo, en el PAI el Ministerio de Finanzas también  incluye el pago de los incentivos jubilares, debido a que este gasto se debe cubrir con endeudamiento, pese a que en esencia esto no se considere una inversión, aclara Lemus.

Por ejemplo, en 2024, el Ministerio de Finanzas asignó USD 244,4 millones a este incentivo.

Esto representó el 19% de lo gastado en todo el Plan Anual de Inversiones de ese año, que fue de USD 1.279 millones.

Y para 2025, se espera destinar unos USD 230 millones para este beneficio. Hasta junio ya se habían pagado USD 88 millones, esto es, el 38% de lo previsto para todo el año.

¿Qué entidades gastan más en incentivos?

Por la alta cantidad de funcionarios públicos, los Ministerios de Educación y Salud son los que tienen previsto gastar más recursos para pagar incentivos jubilares este 2025.