¿Qué pasará con la construcción del puente en la avenida del Bombero de Guayaquil, tras la revocatoria del permiso ambiental? Esto es lo que debe saber
El Ministerio del Ambiente revocó el permiso ambiental del paso elevado en Los Ceibos y el proyecto se enfrenta ahora a un camino más largo y complejo.
El Ministerio del Ambiente ordenó a la Prefectura de Guayas suspender las actividades de ejecución del proyecto de construcción del paso elevado en la avenida del Bombero, en Ceibos, al norte de GuayaquiI
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“Han perversado nuestra información para sembrar la narrativa de que tenemos que tener una licencia ambiental”, acusó Isabel Tamariz, directora de Ambiente del Municipio de Guayaquil, quien cuestionó el oficio emitido el 23 de julio de 2025 por el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), en el que se revoca el permiso ambiental de la obra y se ordena suspender su ejecución.
La construcción del paso elevado en la intersección de la avenida del Bombero y la avenida Dr. Leopoldo Carrera ha entrado así en una fase de incertidumbre. El Municipio, que inició la obra con financiamiento de la CAF por $15,4 millones, deberá ahora enfrentar un proceso más complejo para poder continuar con el proyecto.
¿Por qué se revocó el permiso ambiental?
Según el oficio MAATE-VMA-2025-0127-O, el Ministerio determinó que el proyecto no podía tramitarse como una obra de bajo impacto ambiental —como lo había hecho la Prefectura de Guayas al otorgar el registro ambiental— sino como una obra de alto impacto, lo que requiere una licencia ambiental.
El municipio tramitó el permiso bajo la categoría “construcción de pasos elevados”, que el sistema automatizado del MAATE calificó como de bajo impacto.
Sin embargo, el nuevo informe técnico sostiene que la intervención equivale a una obra vial de gran escala, y la compara con la construcción de una carretera de 42 kilómetros. Esto permitiría al ministerio ordenar la revocatoria y plantear un posible proceso sancionatorio.
Tamariz cuestionó duramente esta equivalencia: “¿Cómo vamos a creer que es lo mismo una obra de menos de un kilómetro con una de 44? Es grosero hacer esa comparación”.
¿Cuál es la diferencia entre registro y licencia ambiental?
El registro ambiental —que fue el permiso inicialmente obtenido— es un trámite digital, simplificado y más corto, diseñado para obras de bajo impacto ambiental. No requiere estudios extensos ni socialización con la comunidad. Según Tamariz, este proceso suele tomar un mes.
En cambio, la licencia ambiental implica una tramitación más extensa: requiere estudios de impacto, participación ciudadana obligatoria, y puede demorar más de un año en completarse.
“Esto nos atrasa, nos encarece y pone en riesgo muchos proyectos futuros”.
Isabel Tamariz, directora de Ambiente del Municipio de Guayaquil.
¿Qué implica esto para el municipio?
El Ministerio del Ambiente ya dispuso la revocatoria inmediata del permiso ambiental con el que operaba la obra, al considerar que fue indebidamente tramitado como un proyecto de bajo impacto.
La Prefectura de Guayas, como autoridad ambiental competente que otorgó inicialmente ese registro, debe ejecutar formalmente esa revocatoria y, además, iniciar un proceso administrativo sancionador contra el municipio.
Según Isabel Tamariz, este procedimiento podría extenderse de tres a seis meses, tiempo durante el cual la obra no podrá reanudarse.
Además, el MAATE sugiere en el mismo oficio que los hallazgos técnicos podrían constituir una presunta infracción muy grave, en base al artículo 318 del Código Orgánico del Ambiente, lo que abriría la puerta a una denuncia ante la Fiscalía.
¿Se puede perder el financiamiento?
Por ahora, la Corporación Andina de Fomento (CAF) no ha suspendido el crédito de USD 15,4 millones. Sin embargo, la paralización genera incertidumbre.
Tamariz sostuvo que la obra fue visitada recientemente por especialistas de la CAF en materia vial y ambiental, quienes no observaron ninguna irregularidad. También advirtió que el proyecto es parte de una operación de crédito mayor, que incluye otras obras como la dotación de agua potable en Monte Sinaí y el alcantarillado en Pascuales.
¿Y ahora qué?
El Municipio espera que la Prefectura de Guayas, como autoridad que emitió el registro ambiental, ejecute formalmente la revocatoria dispuesta por el ministerio y le notifique el inicio del proceso sancionador. Solo entonces podrá ejercer su derecho a la defensa dentro del expediente administrativo.
Sin embargo, la obra ya no puede reanudarse con el permiso anterior, pues este fue revocado de forma inmediata por el MAATE el 23 de julio de 2025. Para retomar el proyecto, la alcaldía deberá iniciar desde cero el trámite de una licencia ambiental, que es más complejo y prolongado que el registro.
Tamariz advirtió que esta decisión “sienta un precedente nacional” y podría afectar futuros proyectos municipales en otras ciudades:
“Si ya no se respeta la autonomía de los GAD, todos los proyectos deberán consultar al ministerio, y eso puede frenar el desarrollo local”.
La funcionaria también señaló que días antes de la revocatoria, técnicos del propio ministerio inspeccionaron el sitio y “no encontraron daños ambientales ni incumplimientos”, lo que incrementa, a criterio del municipio, la sensación de arbitrariedad en el caso.
Un conflicto "que también es político"
Aunque el municipio ha centrado su defensa en argumentos técnicos y legales, varias autoridades han denunciado una persecución política.
La vicealcaldesa Tatiana Coronel calificó la decisión del MAATE como una “jugada ilegítima y arbitraria”, mientras que la concejala Emily Vera sostuvo que “por un capricho político disfrazado de trámite ambiental, el gobierno quiere frenar el desarrollo de Guayaquil”.
El municipio acusa al Gobierno de actuar con una agenda electoral y de frenar el desarrollo de Guayaquil por cálculos políticos.
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