Municipio reporta 10% de reducción de delitos por presencia de Estaciones de Acción Segura en Guayaquil

Las Estaciones de Acción Segura (EAS), proyecto municipal de seguridad ciudadana impulsado por la Alcaldía de Guayaquil desde marzo de 2025, representan una inversión anual de unos USD 1,2 millones por cada uno de los puestos de vigilancia habilitados y, según datos del municipio, han contribuido a una reducción de más de 10% de los delitos de oportunidad en los sectores aledaños. 

Actualmente, 12 EAS cubren 17% del territorio urbano con videovigilancia y patrullaje. La proyección municipal es alcanzar 25 estaciones hasta finales de 2026, lo que permitiría cubrir entre el 39% y 40% de Guayaquil, según estimaciones de Segura EP, empresa pública municipal encargada del sistema.

El modelo retoma el concepto de los antiguos Puestos de Auxilio Inmediato (PAI) de la Policía Nacional, pero con una estructura que incluye personal civil de la Policía Metropolitana -agentes de control municipal-, paramédicos, monitoreo de cámaras y patrullajes 24 horas, los siete días de la semana. 

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Se trata de personal municipal sin autorización para el porte de armas de fuego, por lo que el enfoque se centra en la prevención y la disuasión del delito, según las autoridades de Segura EP.

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¿En qué medida se redujeron los robos?

El alcalde Aquiles Alvarez destaca el programa como un logro de su gestión. En un video difundido el 28 de enero de 2026, en el que el alcalde criticó duramente al Gobierno Nacional por la crisis de seguridad y de infiltración del narcotráfico, aseguró que en los puntos donde se han construido EAS en Guayaquil, los delitos de oportunidad han descendido “más del 70%”.

Guayaquil sumó el año pasado 2.535 muertes violentas, de las 9.216 registradas en Ecuador (el 27% de  los homicidios del país se producen en la ciudad). La seguridad es competencia del Gobierno Central y los planes municipales buscan incidir en delitos como robo a personas, a domicilios o a vehículos.

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• De acuerdo con cifras de la Fiscalía, Guayaquil registró en 2025 una reducción del 6% en los robos. Las denuncias se redujeron levemente, pasando de 23.696 casos en todo 2024 a 22.211, en 2025. 
• Los datos de Segura EP que revisó PRIMICIAS muestran que el porcentaje de reducción de los delitos de oportunidad (robo a personas, a domicilios o robo de vehículos) en las zonas de las EAS más antiguos (Urdesa Central y Kennedy) oscilan ampliamente según el mes y la estación. 
• Por ejemplo, en la Estación Kennedy, que funciona en el norte de Guayaquil desde mayo de 2025, estos delitos se redujeron 30% en enero de 2026 frente al mismo mes del año anterior. En general, en los barrios en donde se ubican los 12 EAS la reducción es del 20% solo en enero de este año. 

Fernando Cornejo, presidente del directorio de Segura EP, señala que en promedio la reducción de los delitos de oportunidad con los EAS supera el 10%, teniendo en cuenta de que ciertas Estaciones tienen pocas semanas de implementación, lo que limita un análisis general más sostenido en el tiempo.

“En los 12 territorios donde operamos, todos los robos y delitos de oportunidad han bajado más del 10%. No son cifras nuestras, son datos del Ministerio del Interior que nosotros acoplamos a nuestro análisis, con un sistema de monitoreo Power BI”.

Fernando Cornejo, presidente del directorio de Segura EP.

Cobertura, costos y operación de un sistema disuasivo

Según el funcionario, cada estación realiza entre 3.800 y 4.000 operativos mensuales, con patrullajes a pie, en camionetas y motocicletas, además de controles de tránsito en coordinación con la Agencia de Tránsito Municipal (ATM) y atención prehospitalaria para emergencias no críticas.

El costo anual de operación -estimado por Segura EP en USD 1,2 millones para cada estación- incluye nómina de personal en turnos rotativos, vehículos, motos, bicicletas, combustible, mantenimiento, equipos tecnológicos, servicios básicos y monitoreo satelital. 

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Cada EAS cubre, en promedio, entre 1 y 2,3 kilómetros cuadrados, dependiendo del análisis previo de riesgo en cada sector, y cada estación cuenta con un promedio de entre 40 y 45 personas por turno. Sus centros de vigilancia focalizada monitorean hasta 290 cámaras en cada barrio. 

“Hablar de vigilancia y patrullaje 24/7 implica cuatro turnos de personal y uno sacafranco. Es un rubro importante, más allá de la infraestructura con la que ayuda la empresa privada e incluso algunos barrios, pero la paz de la ciudadanía no tiene precio”. 

Fernando Corenjo, Segura EP.

Las estaciones funcionan como un modelo disuasivo de control del espacio público. “La seguridad también es percepción”, dice Cornejo, quien señaló que el municipio ha solicitado autorización al Ministerio del Interior para dotar a los agentes civiles de armamento o para coordinar esquemas conjuntos con la Policía Nacional, pero hasta ahora nunca han recibido una respuesta oficial.

Tensiones con el Gobierno central

En la Ciudadela FAE, al norte de la ciudad, donde la tercera EAS se inauguró en junio de 2025, los vecinos aseguran que los patrullajes constantes han reducido los asaltos.

“Por momentos las calles se tornan solitarias y eso era aprovechado por delincuentes en moto. Antes uno veía una moto y se asustaba. Ahora los que patrullan son los policías metropolitanos en camioneta y nos sentimos más seguros”, relató Olivia Crespo, moradora del sector.  En las noches los residentes se exponían a asaltos en los ingresos a los garajes de las viviendas al volver a casa, añadió. 

El ministro del Interior, John Reimberg, ha expresado reservas para coordinar acciones con el Municipio de Guayaquil, argumentando preocupaciones sobre la idoneidad y los antecedentes penales de agentes municipales y de tránsito, así como riesgos de infiltración del crimen organizado por esta vía, en operaciones de la Policía Nacional.

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El cruce de cuestionamientos por el manejo de seguridad de la ciudad abona a la pugna política entre las autoridades del Gobierno Nacional y el municipio.

El presupuesto de Segura EP es de USD 82 millones anuales. Y el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) bloqueó el año pasado un millonario y polémico proceso de contratación municipal para un ambicioso plan de seguridad con 2.300 guardias privados armados y 40 drones, entre otros equipamientos, con un presupuesto inicial de USD 56 millones.