Niños estudian por teléfono para no pagar canoas; la Isla Santay lleva dos semana sin puente tras choque de barco

La movilidad de los cerca de 300 habitantes de la isla Santay quedó nuevamente comprometida tras el cierre total del puente basculante que conecta a la calle El Oro, en el sur de Guayaquil, con la aldea ecológica, al otro lado de un ramal del río Guayas. 

El paso permanece inhabilitado desde el 13 de noviembre de 2025, cuando la embarcación 'María José' impactó la infraestructura, en el tercer choque de consideración registrado en los últimos ocho años, en medio de una serie de colisiones menores que han afectado también a la estructura. 

Los pobladores de Santay solo pueden llegar a la ciudad por vía fluvial. El cierre del paso peatonal ha encarecido los traslados diarios, además de afectar las visitas turísticas y la actividad deportiva habitual en la zona.

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Según personal técnico consultado en el sitio, aunque la losa afectada fue ya reparada, la reposición de 50 metros de barandales metálicos dañados por el choque mantendrá el puente cerrado por al menos dos semanas más, hasta poder garantizar el tránsito seguro de transeúntes

La decisión de impedir el paso genera molestias entre los residentes, que insisten que en ocasiones anteriores han podido transitar con precaución mientras terminan los trabajos.

Cierre complica la vida diaria en Santay

Desde la mañana siguiente al impacto, los habitantes han debido retomar el uso de canoas para trasladarse hacia Guayaquil. Cada viaje cuesta USD 1 por persona, lo que implica un gasto diario adicional para quienes van y vienen de escuelas, trabajos o actividades comerciales.

Adrián Parrales, obrero de 34 años, llegó la mañana de este jueves  27 de septiembre hasta la cabecera del puente en Guayaquil en una canoa a motor. Calcula que una veintena de personas se traslada por trabajo cada día en la ciudad, porque la mayoría de los habitantes de la isla Santay se dedica a la pesca o al turismo, y son cerca de 30 estudiantes los que hacen ese trayecto cada día, dijo.

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“Se nos encarece el pasaje diario. Los estudiantes no tienen cómo pagar. El piso afectado por el choque ya está fundido, solo faltan las barandas, pero igual sigue el paso cerrado. No nos dan razón de cuándo se reabrirá”, dijo. Él cubría el tramo entre la aldea ecológica y la calle El Oro en bicicleta.

“El puente es necesario. Somos cerca de 300 habitantes y no queremos que lo retiren. Sin puente, todo se nos complica”.

Gladys Guzmán, habitante de Santay.

Para algunas familias, el gasto adicional ha obligado incluso a modificar la rutina educativa. Una madre de familia -que prefirió el anonimato- relató que su hijo y una sobrina dejaron de cruzar a diario a Guayaquil para el gasto. “Mi hijo está recibiendo clases por teléfono. No tenemos para gastar todos los días en pasajes”, indicó.

Aumenta riesgo de robo de aluminio

Los pobladores señalan también un riesgo adicional: el cierre prolongado del paso agrava el problema de robo de partes en la caminera que conecta el puente con la aldea. Los habitantes denuncian que  personas inescrupulosas se están robando el aluminio de los barandales o los que mantienen la propia estructura elevada sobre el lodo.  

Se trata de una estructura de poco más de kilómetro y medio, largamente deteriorada y por años sin mantenimiento del Ministerio del Ambiente, la entidad competente porque la isla Santay es un Área Nacional de Recreación, un humedal que forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

La caminera arrastra un deterioro progresivo desde 2017. Maderos hundidos, piezas faltantes y tramos sin barandales dificultan el tránsito y reducen el atractivo turístico, otra de las funciones que cumple el puente con la isla Santay.

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¿Fallas de navegación o error en el diseño?

El impacto de la embarcación 'María José' reavivó un antiguo debate que enfrenta a operadores fluviales, técnicos y a la comunidad. El puente acumula al menos tres choque de consideración, sin contar los impactos menores o los grandes choques sufridos también por una estructura similar entre Durán y la isla Santay, que quedó inhabilitada tras los siniestros. 

El capitán José Segovia, presidente de la Corporación de Prácticos Marítimos, señala problemas que comprometen la navegabilidad en el río Guayas. “Los dos puentes basculantes tienen apenas 25 metros de ancho. Una embarcación de más de 16 metros corre riesgos al pasar, especialmente con marea vaciante o creciente, que genera corrientes de 4 o 5 nudos”, dice. 

El experto en navegación del río Guayas explica que el puente fue construido en el gobierno del expresidente Rafael Correa sin atender recomendaciones técnicas de los prácticos ni del Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar).

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“No se consideró el eje principal del canal de navegación por un error técnico, por una decisión política. La sedimentación por los pilotes hará que en menos de cinco años la navegación sea inviable en los bajo de las estructuras”.

José Segovia, experto en navegación en el río Guayas.

Pero para José Delgado Mendoza, presidente de la Asociación Amigos de Santay, el problema no está en la estructura, sino en la gestión.

“Las causas de los tres accidentes de mayor consideración han incluido siempre maniobras deficientes, controles laxos, falta de remolcadores o navegación sin autorización”, señala. Y eso desmonta -según él- la narrativa de que el puente “obstaculiza” la navegación.

“El puente no es el problema es la víctima silenciosa de fallas operativas, vacíos institucionales y decisiones postergadas. La narrativa del ‘puente-villano’, que comenzó a instalarse tras el primer accidente, no funciona al ver las causas de los siniestros”.

José Delgado, ingeniero naval.

¿Derribar o proteger el puente?

La Dirección Nacional de Espacios Acuáticos (Dirnea) y el Comité de Seguridad Marítima han llegado a plantear incluso la posibilidad de desmontar la estructura para liberar la navegación, aunque remover los pilotes sería técnicamente complejo y demasiado costoso. 

Organizaciones como Amigos de Santay, en cambio, proponen que se apliquen medidas como:

• Control estricto de permisos de zarpe.
• Remolcadores de talla y potencia adecuada obligatorios en maniobras cercanas al puente.
• Supervisión efectiva del tránsito fluvial en el río Guayas
• Instalación de defensas de caucho (fenders) en los pilotes.
• Creación de un grupo de gestión del puente que integre autoridades, usuarios y comunidad para asegurar corresponsabilidad permanente.