Municipio de Guayaquil tilda de “ilegal” resolución de la Asamblea que pide fiscalizar la gestión del agua y los residuos
La resolución aprobada por el Pleno de la Asamblea Nacional, que exhorta a la Contraloría a auditar el manejo del agua potable y los residuos en varias ciudades, fue rechazada por el Municipio de Guayaquil, que la considera contraria al orden constitucional.
Un trabajador recoge agua de la planta de tratamiento de Guayaquil.
- Foto
Daniel Noboa
Autor:
Redacción Primicias
Actualizada:
Compartir:
El debate sobre el agua potable en Guayaquil volvió al centro de la agenda política. El Municipio de Guayaquil calificó como ‘ilegal’ la resolución aprobada por la Asamblea Nacional que exhorta a la Contraloría a fiscalizar la gestión del agua potable y el manejo de residuos en las principales ciudades del país, entre ellas Guayaquil.
Durante una rueda de prensa realizada este viernes 23 de enero, el coordinador general jurídico del Municipio, César Poveda, aseguró que la resolución aprobada por el Legislativo vulnera el orden constitucional y busca desviar la atención de presuntos escándalos a escala nacional.
“Es antijurídico, es antitécnico, es burdo”, afirmó Poveda al referirse a la decisión adoptada por el Pleno de la Asamblea con 77 votos afirmativos.
“El único órgano con la capacidad jurídica para fiscalizar a este municipio es el Concejo Municipal. Si ellos hacen otra cosa, están alterando directamente el orden constitucional
César Poveda, coordinador general jurídico del Municipio
establecido”.
Poveda Valdivieso señaló que, a su criterio, la resolución forma parte de una persecución política contra la administración municipal. “Siguen utilizando la justicia para perseguir como perro con hambre al único alcalde que es capaz de decirles no”, dijo Poveda, en referencia al alcalde Aquiles Alvarez.
Aguas residuales en Guayaquil
Frente a los cuestionamientos sobre la calidad del agua potable en Guayaquil, el coordinador jurídico aseguró que existen respaldos técnicos que garantizan su idoneidad.
Mencionó, entre ellos, un certificado del Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) con vigencia hasta 2028 y cuatro estudios realizados por la ESPOL.
En cuanto al tratamiento de aguas residuales, Poveda explicó que el crecimiento acelerado de Guayaquil volvió insuficientes las lagunas de oxidación existentes, razón por la cual se construye la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Los Merinos.
Dijo que, cuando la actual administración municipal asumió funciones, en mayo de 2023, la obra tenía apenas un 13 % de avance. Según dijo, actualmente la obra registra un avance del 71%.
Críticas políticas y señalamientos
Durante su intervención, Poveda sostuvo que, a su juicio, el debate impulsado desde la Asamblea busca instalar narrativas políticas para desviar la atención de otros temas.
"No les interesa contestar, porque a ellos les interesa crear narrativas, para que justamente ninguno de los que estamos aquí presentes sigamos preguntando qué ocurrió con Healthbird,
César Poveda, coordinador general jurídico del Municipio
qué ocurrió con Progen, qué pasó con ATM, ¿Qué pasó con un Porsche Cayenne?".
También cuestionó presuntos vínculos entre actores del sistema judicial y personas relacionadas con el narcotráfico.
“La conclusión es clara: están intentando sobreponer en el imaginario público nuevos discursos que logren tapar realmente las cosas que importan”, señaló el funcionario municipal.
¿Qué aprobó el Pleno de la Asamblea?
La resolución aprobada por la Asamblea Nacional el jueves 22 de enero de 2026 autoriza el inicio de un proceso de fiscalización a la gestión del agua potable y de los residuos sólidos en las principales ciudades del país, incluida Guayaquil. La decisión fue adoptada con 77 votos afirmativos en el Pleno legislativo.
El texto exhorta a la Contraloría General del Estado a realizar exámenes especiales a EMAPAG EP, a la concesionaria Interagua y a las entidades responsables del manejo de residuos, con el objetivo de verificar el cumplimiento de inversiones en infraestructura, mantenimiento y el uso de los recursos recaudados a través de las tarifas cobradas a los usuarios.
Además, la resolución dispone que el Municipio de Guayaquil, EMAPAG-EP, Interagua y los organismos encargados de la gestión del agua y residuos presenten informes trimestrales detallados ante la Asamblea Nacional.
Estos deberán incluir indicadores actualizados sobre la calidad del agua distribuida, resultados de análisis técnicos, nivel de cumplimiento de los planes de mantenimiento y operación, así como el detalle de las inversiones ejecutadas y del presupuesto utilizado. Estos reportes deberán ser de acceso público.
La resolución también insta al Ministerio de Ambiente y Energía a reforzar los mecanismos de control de la calidad del agua potable en Guayaquil y otras ciudades, mediante pruebas independientes, aleatorias y periódicas, bajo la supervisión de la Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA).
Durante el debate legislativo, el asambleísta oficialista Alex Morán, proponente de la resolución, recordó que el propio Municipio reconoció en 2024 que solo el 60% de las aguas residuales recibe tratamiento.
Compartir: