Los planes de mover el aeropuerto de Guayaquil a Taura condicionan la construcción de una ruta alterna a la Costa

La decisión del Gobierno Nacional de apostar por la construcción de un nuevo aeropuerto para Guayaquil en Taura, en el cantón Naranjal -sureste de la ciudad-, impacta en la planificación aeroportuaria de la ciudad. Pero también condiciona el destino de obras estratégicas vinculadas al proyecto original en la comuna de Daular, en el sector de la vía a la Costa, al suroeste de la urbe.

Entre las obras claves planificadas por el Municipio de Guayaquil está una ruta alterna, un proyecto de autopista por USD 200 millones que busca descongestionar la actual vía a la costa, que registra estrangulamiento vehicular en horas pico y la circulación de más de 23.000 vehículos diarios por sentido.

El nuevo aeropuerto debe estar listo para 2031 y la nueva vía a Daular debía comenzar a construirse hasta 2027, según el cronograma de la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil (AAG). Pero el proyecto aún carece de licencia ambiental en medio de tensiones políticas entre el Municipio y Ambiente. 

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El ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, le ratificó a PRIMICIAS que el Ejecutivo “apostará 100%” por una nueva terminal aérea en Taura, en vez de la vía a la Costa, argumentando criterios de ubicación estratégica, conectividad regional y limitaciones urbanísticas del sector de Daular.

Sin embargo, esta postura impacta en la hoja de ruta que venía ejecutando el Municipio de Guayaquil, que desde hace más de dos décadas impulsa el traslado del aeropuerto del centro-norte de la ciudad a la vía a la costa, con un esquema de financiamiento, planificación y obras complementarias en marcha.

La planificación municipal inició en 2024 y suma más de USD 50 millones:

• La concesión vigente establece la migración del Aeropuerto José Joaquín de Olmedo a Daular hasta 2031, lo que implica una planificación a largo plazo que ya había empezado. De hecho, la delegación de la megaobra a través de concurso estaba prevista inicialmente para este año.
• En febrero de 2024, la concesionaria Tagsa solicitó iniciar la planificación del nuevo aeropuerto. El Municipio de Guayaquil ya invirtió USD 50 millones en obras como el anillo vial de Chongón, dos pasos peatonales en vía a la Costa y una Planta de Tratamiento de Aguas en Chongón.

"Las obras claves quedan en suspenso en un año prelectoral"

La autopista alterna a la vía a la Costa, concebida como un eje vial de 24 kilómetros, se preveía construir bajo el modelo de delegación en una alianza público-privada, según los planes de la AAG.

El plazo estimado de ejecución de la obra era de entre tres a cuatro años -pues incluye túneles a través de la reserva natural de Cerro Blanco- por lo que la construcción tendría que iniciarse máximo en 2027. El objetivo era que estuviera operativa antes de 2031, cuando finaliza la concesión del actual aeropuerto de Guayaquil y debería entrar en funcionamiento la nueva terminal aeroportuaria en Daular.

La concejala Ana Choez, del Partido Social Cristiano (PSC), advierte que ese horizonte de tiempo ahora se superpone con el calendario electoral: en febrero de 2027 se elegirán nuevas autoridades municipales, lo que introduce un nuevo componente de incertidumbre en la ejecución del proyecto. 

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Choez señaló que la nueva autopista “nació ligada al aeropuerto de Daular” y que, si finalmente la terminal se trasladase a Taura, como propone el Gobierno, la lógica de la vía cambiará por completo, lo que obligaría a replantear trazado, demanda de tráfico, financiamiento y cronograma de ejecución.

"Hay que entender que en cualquier nueva ubicación del aeropuerto se requiere repetir estudios climáticos, de visibilidad, de fauna aérea y seguridad operacional durante ciclos completos anuales. Eso produce retrasos antes de iniciar la construcción”.

Ana Choez, concejala de Guayaquil.

“El proyecto de la vía alterna aún no cuenta con licencia ambiental definitiva, y sin ese requisito no puede iniciar construcción. Por tanto, el cronograma real sigue siendo incierto”, señaló la concejala. Y a eso sumó que al frente de la Alcaldía de Guayaquil se encuentra Tatiana Coronel, una funcionaria subrogada  "sin firmeza" para reclamar por la obtención de permisos ambientales para las obras, dijo.  

La concejala socialcristiana advirtió que la intención del Gobierno de trasladar el nuevo aeropuerto de Guayaquil hacia Taura introduce incertidumbre sobre una planificación que acumula 25 años y cerca de USD 49 millones en estudios técnicos para su desarrollo en Daular.

“Todo el proyecto depende de decisiones interinstitucionales. Nos preocupa que decisiones de infraestructura estratégica coincidan con períodos electorales, porque la ciudad necesita una planificación a largo plazo”, agregó Choez. 

Disputa por competencias y modelo de gestión

El analista Larry Yumibanda, presidente del Círculo de Economía de Guayaquil, cuestionó la intención del Gobierno de replantear la ubicación del nuevo aeropuerto y advirtió que el Estado no puede desconocer una delegación que -según dijo- ha sido validada durante 25 años. A su criterio, cualquier intento de modificar ese esquema vulneraría el principio de seguridad jurídica establecido en la Constitución.

Yumibanda cuestionó la propuesta de trasladar el proyecto a Taura y sostuvo que, si el Gobierno decide impulsar una nueva terminal en esa zona, debería hacerlo sin interferir en los recursos, el modelo de gestión ni la planificación de Guayaquil. Además, enmarcó la disputa en una tensión histórica entre centralismo y autonomía local.

Guayaquil, con un fideicomiso de casi USD 400 millones para construir su aeropuerto. Y el Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) planteó a inicios de mes reformar los estatutos de la fundación municipal Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil (AAG) para tener participación directa en su directorio, con voto dirimente, lo que ha sido rechazado por el Municipio.

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El ministro Luque negó motivaciones políticas y aseguró que el Gobierno busca garantizar que los recursos destinados al aeropuerto se utilicen exclusivamente para ese fin. Aclaró que el Ejecutivo está “planificando Taura como una obra del Gobierno”.

Luque también dijo que el pedido de integrar el directorio de la AAG surgió tras una consulta a la Procuraduría General del Estado de parte del propio Municipio de Guayaquil. "Pero la ley es la ley y (eso) resultó en una serie de cosas que hoy tenemos que implementar".

“Quiero ser muy claro, muy enfático: el Gobierno no tiene ningún interés en entrar en los fondos del fideicomiso (de Guayaquil para el aeropuerto), que es lo que mucha gente está diciendo”.

Roberto Luque, ministro de Infraestructura y Transporte.

Sobre el pedido del MIT para asumir el control del directorio de la fundación municipal aeroportuaria, el municipio concluyó que el MIT no tiene competencia para disponer reformas estatutarias en la AAG a través de un simple oficio administrativo y señaló que existe una "deficiencia motivacional".

La administración local argumenta que el manejo del aeropuerto opera bajo un modelo institucional legalmente sustentado y que cualquier modificación deberá hacerse dentro de este marco, garantizando el respeto a la autonomía, la seguridad jurídica y el modelo de gestión implementado en la ciudad.

Entre procesos judiciales y un año preelectoral:

• Desde 2024, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, ahora con prisión preventiva por los casos Triple A y Goleada, advirtió que el Ministerio de Infraestructura y Transporte quería revertir la competencia aeroportuaria, actualmente bajo administración municipal.
• Pablo Pita, gerente de la AAG, que lideró el proyecto de obras complementarias al aeropuerto de Daular, también fue vinculado al caso Goleada -tras la detención de Alvarez el 10 de febrero de 2026-, en la indagación de una presunta red de lavado de activos y defraudación tributaria.
• El presidente Daniel Noboa abrió públicamente la posibilidad de que su madre, Anabella Azin, corra como candidata a la Alcaldía de Guayaquil durante una entrevista radial el 20 de marzo de 2026, con Radio Centro, en el contexto de la discusión sobre las elecciones seccionales de 2027.