“El transporte formal está quebrado”, dicen gremios que denuncian informalidad, cobros irregulares y falta de control en Guayaquil

Más de 20.000 vehículos que operan al margen de la ley estarían circulando a diario en Guayaquil, según denunciaron dirigentes del transporte formal, quienes advierten que la informalidad, presiones y cobros irregulares durante operativos de tránsito, y la falta de control están empujando a la quiebra a cientos de conductores regulados.

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El señalamiento fue hecho este jueves 29 de enero durante una rueda de prensa en la que representantes del transporte urbano, escolar y de taxis coincidieron en que la ausencia de controles efectivos ha provocado la reducción sostenida del parque automotor legal, mientras los operativos —según dijeron— se concentran en quienes sí cumplen la normativa.

Los dirigentes explicaron que el problema afecta por igual a taxistas, transporte urbano y transporte escolar, sectores que decidieron actuar de manera conjunta ante lo que califican como una crisis insostenible para el transporte formal en la ciudad.

“20.000 vehículos ilegales trabajan en Guayaquil”

Ricardo Onofre, dirigente de la Federación Provincial de Transportadores Urbanos del Guayas, sostuvo que en Guayaquil circulan alrededor de 20.000 vehículos informales, entre autos particulares, aplicaciones ilegales y unidades no autorizadas, sin que existan controles proporcionales por parte de las autoridades.

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Según dijo, el sector ha pasado de 2.800 a cerca de 2.200 unidades, una caída que atribuyó a la presión económica, la extorsión y los operativos constantes.

"Se persigue al transportista organizado, se lo reduce a prisión por A o B situación, pero por el transporte al margen de la ley, miran a otro lado cuando el otro pasa por acá. Esto está produciendo la desaparición de taxistas, del bus urbano, del transporte escolar, y este es el resultado de esta lucha".

Ricardo Onofre, dirigente de la Federación Provincial de Transportadores Urbanos del Guayas

Onofre cuestionó que los controles se enfoquen en el transporte regulado. “Se persigue al transportista organizado, pero al transporte ilegal miran a otro lado”, dijo.

Transporte escolar: “Se pone en riesgo la vida de niños”

Desde la Unión Provincial de Transporte Escolar e Institucional del Guayas, Oswaldo Guamán alertó que la falta de control ha permitido que tricimotos y furgonetas no autorizadas trasladen estudiantes, sin cumplir normas mínimas de seguridad.

"Ya hemos dialogado años y no hemos visto resultados. Lo único que hemos visto es que cada día el transporte informal ha crecido y el transporte formal termina siendo perseguido".

Oswaldo Guamán, dirigente de la Unión Provincial de Transporte Escolar e Institucional del Guayas

“Transportamos niños y hoy se los moviliza en tricimotos sin ningún control”, denunció. Guamán afirmó que, mientras a los transportistas formales se les exige documentación, revisiones y permisos, el transporte informal opera sin sanción.

Dijo que en Guayaquil existen 2.483 unidades de transporte escolar legalmente constituidas, que enfrentan una competencia desleal frente a vehículos que no pagan permisos ni cumplen regulaciones.

Taxistas denuncian quiebra y costos de hasta USD 300 por operativo

Jorge Gómez, dirigente de la Unión de Cooperativas de Transporte en Taxis del Guayas, sostuvo que el sector atraviesa una situación crítica. Según él, en la ciudad existen alrededor de 15.000 taxistas formales, muchos de los cuales están al borde de la quiebra.

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“Prácticamente el transportista está quebrado”, afirmó. Explicó que los operativos a vehículos legales implican costos que pueden superar los USD 300, entre multas, grúas y reparaciones, mientras los vehículos informales continúan operando.

Gómez recordó que el trabajo ilegal está tipificado en el artículo 386 del COIP, pero —según dijo— esa norma no se aplica de manera efectiva en la ciudad.

“Será sancionado con dos salarios básicos unificados del trabajador en general, reducción de 10 puntos en su licencia de conducir y retención del vehículo por el plazo mínimo de siete días: La o el conductor que transporte pasajeros o bienes, sin contar con el título habilitante correspondiente, la autorización de frecuencia o que realice un servicio diferente para el que fue autorizado”. 

Extracto del art. 386 del Código Orgánico Integral Penal (COIP)

Extorsión y falta de respuesta institucional

Los dirigentes aclararon que, cuando se refieren a extorsión, no solo aluden a estructuras delictivas externas, sino también a presuntas presiones ejercidas durante operativos de control de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM). 

Guamán señaló que estas prácticas incluirían no solo pagos en efectivo, sino la solicitud de transferencias bancarias a partir de la revisión de información financiera de los conductores para evitar la retención de vehículos o la imposición de extorsiones. 

"Ellos son agentes civiles de tránsito, no son agentes financieros para andar pidiendo el estado de cuenta y decir 'transfiérame y el carro será libre'. (...) Ese es el accionar que existe de parte de los agentes de tránsito".

Oswaldo Guamán, dirigente de la Unión Provincial de Transporte Escolar e Institucional del Guayas

Onofre sostuvo que estas presiones se han vuelto parte del día a día del transporte formal. “Hoy la extorsión ya no es con la coima en la mano, es con números de cuentas”, dijo, al señalar que este escenario agrava la situación económica del sector.

A ello se suma, según afirmaron, la falta de respuesta de las autoridades, como la de Fernando Navas, gerente general de la ATM. Onofre aseguró que han enviado al menos tres oficios —en octubre y diciembre de 2025, y en enero de 2026— solicitando audiencias formales, sin obtener respuesta concreta.

Transportistas anuncian plantón

Ante este escenario, los gremios anunciaron que realizarán un plantón a las 09:00 este viernes 30 de enero en las afueras de la ATM, en el norte de Guayaquil, para exigir controles efectivos a la informalidad, el cese de operativos selectivos contra el transporte legal y la apertura de un diálogo con resultados concretos.

"No hay otro camino, tenemos que exigir de pie nuestros derechos. Estamos desapareciendo y no hay quien busque la solución del problema, necesitamos la atención correspondiente para poder seguir prestando el servicio a la comunidad guayaquileña".

Ricardo Onofre, dirigente de la Federación Provincial de Transportadores Urbanos del Guayas

“No vamos a claudicar”, advirtió Guamán, al insistir en que el transporte formal no puede seguir sosteniendo una ciudad donde —según dijeron— la ilegalidad se ha normalizado.