Bolivia: Terminan las votaciones presidenciales, con polémica por el uso de celulares
El Tribunal Electoral recomendó no portar el teléfono móvil al sufragar, tras denuncias de que se obligando a los funcionarios a votar por determinados candidatos y demostrarlo con fotografías de sus papeletas.

Una mujer vota en las elecciones de Bolivia del17 de agosto de 2025.
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EFE
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Redacción Primicias /EFE
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La jornada de elecciones generales en Bolivia terminó en la tarde del domingo 17 de agosto, lueg de ocho horas. Se procederá al conteo de votos, en un proceso que elegirá al presidente y vicepresidente y se renovará el Parlamento para el periodo 2025-2030.
Los recintos electorales dispuestos en todo el país abrieron a las 08:00 y funcionarán durante ocho horas ininterrumpidas hasta las 16:00, cuando cerraron.
La supervisión de la votación en el país estuvo a cargo de 204.156 jurados para 34.026 mesas electorales, según datos del órgano electoral.
Las encuestas muestran como favoritos al empresario opositor Samuel Doria Medina, de centroderecha, y al expresidente Jorge 'Tuto' Quiroga (2001-2002), de derecha, quienes podrían disputar una inédita segunda vuelta si se confirman las tendencias.
El oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) concurre por primera vez dividido a unas elecciones, con el exministro de Gobierno Eduardo del Castillo como candidato, aunque las encuestas le sitúan en los últimos lugares, lo que podría suponer la pérdida de la personalidad jurídica del partido gobernante si no llega al menos al 3 % de la votación.
Al inaugurar la jornada, el presidente en funciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, destacó que este proceso "es el más importante de la historia contemporánea, no sólo porque se juegan muchas cosas, sino porque coincide con la celebración del bicentenario de la Independencia", conmemorado el pasado 6 de agosto.
También reconoció que llegar a esta fecha "no fue fácil" porque "surgieron dificultades que complejizaron este proceso" incluso más que las elecciones de 2020, celebradas con medidas de seguridad por la pandemia de la covid 19 y aún con tensiones por la crisis social y política posterior a los fallidos comicios de 2019.
"Las tensiones de la multipolarización de la sociedad boliviana aún no fueron resueltas de todo. Asimismo, algunos grupos y poderes fácticos se vieron tentados con la idea de afectar o interrumpir el normal desarrollo del proceso, aspecto que no pasó desapercibido para la ciudadanía", indicó Hassenteufel.
Con todo, indicó que el TSE "enfrentó con fortaleza los distintos desafíos, defendió su independencia como órgano del Estado y mostró su capacidad para desarrollar elecciones justas, limpias, transparentes y técnicamente confiables".
En Bolivia, 7.567.207 personas mayores de 18 años están habilitadas para elegir al presidente, vicepresidente, y a los parlamentarios del Legislativo. Otros 369.308 ciudadanos votarán en el exterior, aunque ellos solamente elegirán al binomio gobernante y no están obligados a sufragar.
El voto en el país sudamericano es obligatorio y tras emitirlo, la persona recibe un certificado de sufragio que deberá presentar para realizar cualquier trámite en instituciones públicas y bancarias en los 90 días posteriores a los comicios.
Bolivia cuenta para esta elección con el Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Sirepre) que, según Hassenteufel, junto al cómputo oficial "deberían ser suficientes para evitar las injustas denuncias de fraude o manipulación dolosa de resultados".
También están desplegadas 14 misiones internacionales de observación electoral, las más numerosa de la de la Unión Europea (UE) y de la Organización de Estados Americanos (OEA), además de otras cinco delegaciones nacionales para vigilar el proceso.
Para ganar en primera vuelta, un candidato debe lograr más del 50 % de los votos, o un mínimo del 40 % con al menos diez puntos de ventaja sobre el siguiente, según la ley del Régimen Electoral.
En la víspera, el TSE recomendó que las personas no porten consigo un teléfono móvil al sufragar, tras conocerse denuncias de que en algunas instituciones estatales se estaría obligando a los funcionarios a votar por determinados candidatos y demostrar con fotografías de sus papeletas que así lo hicieron, bajo amenaza de despidos.
El ente electoral aclaró que, una vez concluida la votación, el acto de escrutinio es público, por lo que toda la gente que quiera acompañarlo podrá tomar fotografías de las actas.
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