“Hay que bloquear la señal”, Colombia responde a alerta de estafas realizadas desde sus cárceles hacia El Salvador

El Gobierno colombiano anunció medidas "urgentes y drásticas" para frenar la extorsión y estafas telefónicas que se realizan desde las cárceles del país hacia El Salvador. 

Este lunes 26 de enero de 2026, el ministro encargado de Justicia de Colombia, Andrés Idárraga Franco, informó que se emitió la orden de bloquear de forma inmediata la señal telefónica en las cárceles ubicadas en el municipio de Cómbita (centro); en Valledupar, capital del departamento del Cesar (noroeste), y en el municipio de La Dorada, ubicado en el oriente del departamento de Caldas (centro).

"No hay tregua. No tenemos tiempo para seguir evaluando métricas ni excusas técnicas. Hay que bloquear la señal en Cómbita y punto", afirmó el funcionario. Además, aseguró que llevarán a cabo investigaciones y establecerá contacto con autoridades salvadoreñas para definir responsabilidades.

• Tarifa de transporte del petróleo colombiano por el SOTE subió de USD 3 a USD 30

Esta medida surge tras las denuncias del ministro de seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, sobre estafas telefónicas realizadas desde la cárcel de Cómbita a ciudadanos salvadoreños. 

Según el funcionario, su modo de operar consiste en llamar a personas que ofrecen servicios en redes sociales, como plomeros o electricistas, y "lo citan a un lugar generalmente despoblado". Al llegar al sitio, se hacen pasar por miembros del cartel mexicano Jalisco Nueva Generación.

Una vez ahí, les exigen a las víctimas un pago para poder retirarse del lugar. Sin embargo, todo el engaño es "psicológico"  debido a que no hay presencia física de los secuestradores, aclaró Villatoro.

A pesar de los reiterados anuncios sobre controles tecnológicos, la implementación de medidas como el bloqueo de señal ha sido irregular, y las denuncias por extorsión continúan originándose en centros penitenciarios.

Situación carcelaria en Colombia

El Ministro de Justicia colombiano relacionó a las estafas telefónicas con los atentados y asesinatos contra funcionarios penitenciarios. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia (Inpec) anunció que, entre 2024 y 2025, 19 trabajadores fueron asesinados y 30 resultaron heridos.

Ante esta situación, Idárraga anunció la apertura de diálogos con sindicatos del Inpec para fortalecer las medidas de seguridad de los trabajadores. 

Adicional a esto, el sistema penitenciario colombiano enfrenta una grave crisis estructural, marcada principalmente por el hacinamiento. Hasta 2025, el Inpec registró una tasa de hacinamiento del 28,6 %. Es decir que tienen una población de 104.395 personas privadas de libertad en centros con capacidad para apenas 81.139.

A este problema se suma la corrupción, las violaciones a los derechos humanos y el ingreso ilegal de teléfonos celulares, factores que han permitido que redes criminales continúen operando desde el interior de las prisiones.