Ciudadanía por nacimiento: el debate en Estados Unidos no termina y estas son las claves para entenderlo

La llamada ciudadanía por nacimiento convierte a cualquier persona nacida en Estados Unidos en ciudadano estadounidense, incluidos los niños nacidos de madres que están en el país sin autorización.

La práctica se remonta a poco después de la Guerra Civil, cuando el Congreso ratificó la 14ª Enmienda de la Constitución, explica la agencia AP.
​
​Este derecho, consagrado en la Constitución de Estados Unidos, permite que niños de padres migrantes en situación irregular pueden acceder a la ciudadanía estadounidense, ser legales, estudiar y luego conseguir empleos. 
​
​En el camino, la práctica se ha desvirtuado y muchas mujeres con visas de turistas han viajado a Estados Unidos con meses de embarazo, y luego han dado a luz en ese país, para así acceder al derecho. Esta es una práctica que los republicanos rechazan. 

Apenas llegó al poder en enero de 2025, Trump firmó una orden ejecutiva para limitar o restringir la ciudadanía de los niños nacidos en Estados Unidos, y de padres con situación irregular o que estén viviendo temporalmente en el país. 

La orden forma parte de una serie de medidas migratorias agresivas de su nuevo gobierno, y Trump se opone a este derecho de la Constitución porque dice que la ciudadanía por nacimiento es un “imán para la inmigración ilegal”.

Para restringir la norma, Trump y sus simpatizantes se centran en una frase de la enmienda constitucional, que dice "sujeta a jurisdicción", alegando que se puede negar la ciudadanía a niños nacidos de mujeres que hayan entrado de forma irregular al país. 

El decreto de Trump fue impugnado y suspendido por los tribunales inferiores de distrito de Maryland, Massachusetts (ambos en el noreste) y el estado de Washington (noroeste). Lo consideraron inconstitucional.

Magistrados demócratas y republicanos han congelado otras iniciativas de Trump, muchas de ellas migratorias.
​
​En concreto sobre la ciudadanía por nacimiento, los jueces federales han emitido mandamientos judiciales a nivel nacional que impiden que su orden entre en vigor.

Ante esta situación el Gobierno de Trump presentó un recurso de emergencia ante la Corte Suprema.

En realidad, la Corte Suprema no se pronunció por el momento sobre si el decreto de Trump para abolir la ciudadanía automática por nacimiento es constitucional o no.
​
​Solo analizaron si los jueces federales o de un estado tiene poder para bloquear o limitar las órdenes ejecutivas, en este caso de Trump. 

"Los tribunales federales no ejercen una supervisión general del Poder Ejecutivo, resuelven casos y controversias de acuerdo con la autoridad que les ha otorgado el Congreso", declaró la jueza Amy Coney Barrett, autora del dictamen.

"Cuando un tribunal concluye que el Poder Ejecutivo ha actuado ilegalmente, la solución no es que el tribunal también se exceda en sus facultades", añadió en un fallo al que se adhirieron los otros cinco jueces conservadores del tribunal.

Como explica la agencia AP, los jueces federales devolvieron los casos que impugnan la política de ciudadanía por nacimiento a los tribunales en cada estado. 

En estos tribunales habrá otros jueces que tendrán que decidir cómo adaptar sus mandamientos para cumplir con el nuevo fallo de la Corte Suprema.
​
​Pero hay 30 días de 'ventana' o de espera hasta que la orden de la Corte entre en efecto en 28 estados, que habían impugnado el decreto de Trump. 
​
Por ello, la decisión de la Corte da paso también a que grupos o colectivos en favor de los migrantes impugnen la política, a través de demandas colectivas. 

Tras el fallo de la Corte, ya se presentaron dos demandas colectivas en Maryland y Nueva Hampshire con las que se pretende bloquear la orden de Trump.
​
Uno de los recursos vino de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y otras organizaciones que mantienen el pulso legal con la Casa Blanca.
​
​Incluso, el fiscal general de Nueva Jersey, Matthew Platkin, uno de los estados que impugnó el plan, dijo que estaba seguro de que la orden ejecutiva nunca entraría en vigor.
​
​Es decir, Trump aún no puede cantar victoria y su orden para limitar la ciudadanía por nacimiento puede ser impugnada por los tribunales inferiores y en demandas colectivas.