Paúl entró en España con un visado de 15 días y se quedó sin papeles; la regularización anunciada abre puertas a miles como él

MADRID. En España se sabe que viven casi medio millón de ecuatorianos, según los datos oficiales. Pero es una cifra borrosa porque muchos ya han adquirido la nacionalidad española y han salido de ese conteo. Lo que no se sabe —o no se quiere saber— es cuántos están sin papeles. Los ecuatorianos siguen entrando en España con visados de corta duración, como el de turismo, a veces concedido por apenas 15 días, una puerta legal que se cierra casi de inmediato.

Así entró Paúl Intriago, guayaquileño de 27 años, que llegó a España en enero del año pasado con ese visado mínimo. “Él se vino con esa idea de quedarse”, dice su tía, Doris Vilela, que lleva 26 años viviendo en España y hoy tiene 56. El visado expiró rápido y Paúl pasó a engrosar esa estadística invisible: la de la irregularidad sobrevenida. “Yo quería sacarle un visado de estudios o algo, pero no me dio tiempo”, explica la tía. 

Paúl, como tantos otros migrantes, está en ese limbo administrativo al que se entra con un sello en el pasaporte y del que cuesta salir. Es un mecanismo repetido, sostenido por visados breves, redes familiares y una economía que absorbe mano de obra sin exigir papeles.

Doris cuenta lo difícil que es vivir al margen. Para que su sobrino pudiera trabajar, ella tuvo que poner el cuerpo y el nombre. En un hostal aceptaron contratarlo con la condición de que fuera ella quien “diera la cara”. “Me dijeron: ‘Le doy el trabajo a tu sobrino, pero si tú das la cara’”. El arreglo fue que cubrieron las 24 horas del día en dos turnos: Doris trabajaba de día, Paúl de noche.

Mientras tanto, la familia se resignaba a esperar a que pasaran los dos años para pedir el arraigo laboral, que ya existe en la norma de extranjería en España, e iba preparando las pruebas de existencia: Empadronamiento desde el primer día, cuenta bancaria, abono transporte, envíos de dinero a Ecuador —Paúl envía dinero a su madre—. Todo lo que algún día pueda servir para demostrar que no estaba de paso, que su vida ya estaba aquí.

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Regularización: seguridad jurídica y oportunidades

El anuncio de un proceso de regularización extraordinaria ha cambiado el ánimo en la casa de esta familia guayaquileña. “El beneficio de esto es que cotice enseguida”, dice Doris, que resume en una frase el deseo de miles de trabajadores que quieren dejar la economía sumergida y acceder a más derechos.

La regularización anunciada por el Gobierno busca dar seguridad jurídica a personas que ya viven en España, pero permanecen en situación irregular. Según las abogadas especializadas en extranjería Ana Haba y Nieves Espinosa, parte del equipo jurídico de la Asociación Rumiñahui, el objetivo es “poner el contador a cero” de la irregularidad acumulada durante la última década.

El proceso se articulará mediante un Real Decreto, aún pendiente de publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Los borradores conocidos fijan como fecha de corte haber entrado en España antes del 31 de diciembre de 2025, acreditar al menos cinco meses de permanencia continuada antes de esa fecha y carecer de antecedentes penales. El calendario previsto apunta a que las solicitudes puedan presentarse entre abril y junio de 2026.

A diferencia de otros trámites, la regularización permitiría una integración laboral inmediata. La autorización concedida habilitaría para trabajar en cualquier sector y en todo el territorio nacional durante un año, tras el cual habría que pasar a las vías ordinarias del Reglamento de Extranjería. Para el Estado español, supondría que miles de personas comiencen a cotizar, pagar impuestos y acceder plenamente a derechos universales como la sanidad.

Las abogadas, sin embargo, piden prudencia, ya que el proceso no será automático. “Yo me fío muy poco de estas cosas hasta que no están en el BOE (Boletín Oficial del Estado)”, advierte Ana Haba y habla de la carga que ya tienen las oficinas de extranjería. “Ahora hay un atasco administrativo brutal en casi todas las provincias. Los arraigos están tardando seis o siete meses en resolverse”.

Es fundamental entender que si alguien ya cumple los requisitos para el arraigo, no debe esperar a la regularización sino que debe presentar sus papeles por la vía abierta.

Por otro lado, las abogadas aclaran que si una persona ya ha iniciado su trámite de arraigo, no debería abandonarlo por la regularización. "No por iniciar otro trámite va a ser más rápido", dice Nieves Espinosa.

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El esfuerzo de la sociedad civil

El anuncio del Gobierno no surge en el vacío. Detrás está la presión sostenida de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), promovida por un movimiento ciudadano nacido en 2020 (Regularización Ya) e impulsado por colectivos migrantes y organizaciones sociales con el objetivo claro de sacar de la invisibilidad a más de 500.000 personas que ya viven y trabajan en España.

Entre 2021 y 2023, la ILP recogió más de 700.000 firmas, superando ampliamente las necesarias para llegar al Congreso. En abril de 2024, la Cámara admitió a trámite la propuesta con una mayoría abrumadora: 310 votos a favor y solo 33 en contra. La iniciativa reclamaba permisos de residencia y trabajo, acceso a la sanidad y la homologación de títulos académicos.

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Sin embargo, ante el bloqueo parlamentario y la negociación lenta de enmiendas, el Gobierno optó por una vía más rápida: una regularización por decreto en 2026. El nuevo enfoque fija una fecha de corte más reciente que la propuesta original de la ILP —que miraba a quienes estaban en España antes de noviembre de 2021—, pero mantiene la ambición inicial de dar papeles a alrededor de medio millón de personas.

España ya ha vivido procesos similares en 1991, 1996, 2000, 2001 y 2005, este último, hace más de 20 años, con más de 576.000 personas regularizadas.

La nueva regularización promete ordenar un sistema que durante años ha funcionado a medias. Para personas como Paúl, el reto no es solo obtener un permiso, sino dejar de vivir en un país donde ya están, pero todavía no cuentan.

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