Europa se va con toda la fuerza legal contra los 'influencers' de apuestas deportivas por los riesgos que generan
Los países europeos intentan desmantelar el mito del dinero fácil que los “tipsters” promocionan, con multas millonarias o registros estatales obligatorios. Las plataformas también deben seguir la ley. La legislación alcanza también a influencers de moda, estilo de vida, belleza, gastronomía, viajes, deportes o finanzas. Un informe desde París y también tres lecciones para Latinoamérica.
Imagen referencial de apuestas deportivas.
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Autor:
Randy Nieves-Ruiz
Actualizada:
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PARÍS. Lo que antes era un negocio de absoluta impunidad en redes sociales hoy se enfrenta a una ofensiva de las autoridades de protección al consumidor europeas que intentan acorralar a los llamados “tipsters”, que son aquellos influencers que ofrecen consejos a potenciales apostadores.
Los países europeos intentan desmantelar el mito del dinero fácil que los “tipsters” promocionan, imponiendo multas millonarias, como en Italia, o registros estatales obligatorios como en Francia.
No es el fin del problema, pero sí el final de la tranquilidad para quienes utilizan su influencia para captar apostadores: hoy, un post mal etiquetado o una promoción de productos prohibidos puede derivar en sanciones de decenas de miles de euros en varios países de Europa.
Pero el cerco no solo se cierra sobre los “tipsters”. El rigor legal alcanza a influencers de moda, estilo de vida, belleza, gastronomía, viajes, deportes o finanzas.
Europa ya no los considera simples aficionados, si no operadores comerciales con responsabilidad legal.
El caso de los “tipsters”
Los “tipsters” son creadores de contenido especializados en el mercado de las apuestas, cuyo rol principal es ofrecer pronósticos o consejos (“tips”) sobre resultados deportivos.
“La gente conoce más al broker de bolsa, que es una persona que te avisa, te informa, te aconseja sobre la bolsa. Pues el ‘tipster’ es el que hace lo mismo pero en lugar de bolsa te habla de fútbol, tenis, baloncesto o cualquier evento deportivo”, explica Juan Gayá, descrito como el “tipster con más seguidores de España”, en una entrevista con el canal La Sexta.
“Yo tengo 300.000 seguidores y yo cuando doy una apuesta, 300.000 seguidores la pueden ver”, dice el joven, quien asegura en su perfil de Facebook que “me dedico a las apuestas porque no pude ser futbolista”.
El modelo de negocio de los “tipsters” suele basarse en la creación de comunidades en canales como Telegram o Discord, donde monetizan su influencia de varias formas: mediante suscripciones a grupos "Premium" con apuestas exclusivas o a través de acuerdos de afiliación con casas de apuestas que les pagan por cada nuevo usuario que se registre a través de sus enlaces.
Esta doble faceta los convierte en figuras híbridas entre un asesor y un agente comercial encubierto.
Es difícil saber lo que gana un “tipster”, pero por reportes de prensa basados en testimonios de los propios apostadores algunos aseguran ingresar entre 1.000 a 5.000 euros mensuales (USD 1.173 a 5.865) entre apuestas y suscripciones a sus consejos.
Los riesgos y la letra pequeña escondida
Una de las principales armas de los “tipsters” para reclutar seguidores son los llamados “bonos de bienvenida”, que son bonos ofrecidos a los nuevos usuarios y que prometen duplicar su primer depósito o regalar apuestas "gratuitas" al registrarse.
Estos bonos actúan como un anzuelo psicológico diseñado para reducir la percepción de riesgo en el apostador novato.
Sin embargo, detrás de la promesa de dinero gratis se esconde la letra pequeña: para retirar las ganancias obtenidas con un bono, el usuario suele estar obligado a apostar el monto inicial, por ejemplo, hasta 10 veces, antes de poder cobrar el dinero.
El "tipster" actúa aquí como intermediario, enviando a sus seguidores directamente a estas promociones a cambio de una comisión, lo que crea un evidente conflicto de intereses: el influencer gana cuando su seguidor entra en el sistema, independientemente de si gana o pierde su apuesta.
Y la mayoría de los jugadores pierde: En España, por ejemplo, las probabilidades de perder en los juegos online es de 75%, según datos del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
En España existen al menos 1,9 millones de jugadores actvos online, la gran mayoría hombres (83%) de entre 18 y 45 años de edad, según el último perfil del jugador online de la Dirección General de Ordenación del Juego, hecho en 2024. Esto representó un fuerte aumento de 21,6% en la cantidad de jugadores activos respecto al año anterior.
En promedio, según el mismo reporte, se gastan 706 euros al año (USD 728) apostando o jugando al bingo, casino o poker, o 58,8 euros por mes (USD 70).
Y la cantidad de usuarios y las cifras que gastan en juegos no hacen sino aumentar cada año. El juego online es una industria que moverá 54.800 euros en 2026, según cálculos de la Asociación Europea del Juego y Apuestas.
La protección a los menores, la prioridad
Detrás de la media de 706 euros de gasto anual por jugador en España se esconde una realidad mucho más delicada que preocupa a los países europeos: la necesidad de proteger a los menores de edad expuestos a los influenciadores, incluyendo a los “tipsters”, en las plataformas digitales.
Según el más reciente informe del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones de 2025, de cada 100 estudiantes españoles de entre 14 y 18 años de edad, 13 participaron en juegos de azar online (incluyendo las apuestas deportivas) durante el año 2025, cuando esa cifra era de 10 en 2023.
Este aumento confirma que el juego online está capturando a una generación que, por ley, tiene prohibido el acceso a estas plataformas. Al tratarse de un entorno digital donde el contenido de los “tipsters” fluye sin las restricciones de la publicidad tradicional, el menor no percibe la apuesta como un riesgo financiero, sino como una extensión de su consumo de redes sociales.
Es precisamente este avance del fenómeno entre menores lo que ha servido de catalizador para que las autoridades europeas abandonen la autorregulación y activen una ofensiva legal punitiva.
La protección a los menores es una prioridad compartida por la legislación o reglamentación influencer de varios países europeos, que decidieron tratar a estos creadores de contenido como proveedores de servicios audiovisuales reglamentados.
La promoción de productos dañinos para los menores como la nicotina y los juegos de azar están estrictamente prohibidos, y los influencers también tienen la obligación de dejar claramente establecido si un contenido ha sido pagado o promovido para evitar manipular a los menores o a los consumidores en general.
La “libertad de expresión” tampoco puede ser esgrimida como protección contra la reglamentación si es que existe un interés comercial detrás del contenido.
Raphaël Molina, abogado experto en ley influencer europea de la firma Influxio en París, explica a PRIMICIAS que la ley europea “aplica una prueba de fondo sobre forma” para distinguir expresión protegida de promoción comercial.
“Los criterios clave son: la existencia de cualquier contraprestación, monetaria o en especie, incluyendo acceso gratuito; enlaces de afiliados o participación en los ingresos; el control editorial ejercido por el anunciante; la impresión comercial creada en la mente del consumidor medio”, dice Molina.
“La opinión personal genuina solo existe cuando no está presente ninguno de estos elementos, y la carga de la prueba recae sobre quien la emite”, agrega.
Sanciones ejemplares
Italia es uno de los países que entendió que, para frenar este avance entre los jóvenes, las sanciones deben ser ejemplares. Las autoridades italianas pueden emitir multas de entre 30.000 a 600.000 euros por cada violación a los reglamentos que protegen a los menores.
En noviembre de 2024, la Autoridad Reguladora de las Comunicaciones emitió 21 multas por un total de dos millones de euros a múltiples creadores de contenido que distribuyeron videos promocionales de juegos y apuestas con premios en efectivo por distintas plataformas, lo que está prohibido por ley.
Las investigaciones comenzaron tras denuncias contra plataformas como TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, X y Twitch, redes que también fueron sancionadas por las autoridades entre 2023 y 2024.
A nivel europeo, a las plataformas también se les exige cumplir con las leyes de influencers, proveer mecanismos para que los usuarios reporten conductas ilegales, vigilar publicaciones, eliminar contenido e incluso suspender las cuentas de quienes violen la ley.
En Francia, país que exige a los influencers registrarse como tales ante las autoridades, la ley también permite sancionar tanto a los influencers como a sus agentes y anunciantes.
Molina explica a PRIMICIAS que las multas y los registros se han convertido en un importante elemento para mantener a raya la conducta indebida de algunos influencers.
“Las multas tienen un efecto disuasorio real en Francia cuando se publicitan, ya que el coste reputacional para un influencer suele ser mayor que el económico”, explica el experto.
“Los requisitos de registro son útiles principalmente porque crean una cadena de responsabilidad rastreable: agente, marca, plataforma”, agrega. “Su debilidad radica en que los actores más problemáticos, aquellos que promueven el juego sin licencia, suelen operar desde fuera de la UE (Unión Europea) e ignoran por completo el registro”.
Tres lecciones para América Latina
La ofensiva europea no es solo un fenómeno local: es un mapa de ruta para una Latinoamérica que hoy vive el mismo "salvaje oeste" que Europa intenta reglamentar.
El abogado Molina, cuya firma asesora a influencers, compartió tres lecciones que, en su opinión, le han dejado los primeros años de la legislación influencer europea y francesa, y que podrían aplicarse a cualquier legislación en esta materia en América Latina:
“Regular la cadena contractual en lugar de a los individuos: Responsabilizar solidariamente a marcas y agencias modifica el comportamiento más rápidamente que perseguir a miles de creadores”.
“Definir las obligaciones de divulgación en un lenguaje claro e independiente de la tecnología, para que se mantengan vigentes en las próximas plataformas o formatos”.
“Invertir desde el principio en una unidad de control especializada dentro de la autoridad de protección al consumidor; sin recursos, incluso la mejor ley se queda en un mero simbolismo”
La asfixia legal en Europa es el recordatorio de que, en la economía de la atención, la protección del menor y la salud financiera del ciudadano deben estar por encima del alcance de cualquier algoritmo. Para América Latina, la pregunta es cuántos ahorros familiares y futuros jóvenes se perderán antes de que llegue alguna regulación.
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