“Ladrones irresponsables”: Presidente de la Asamblea venezolana Jorge Rodríguez reconoció errores del chavismo en asignación de fincas y prometió nueva ley ganadera

El presidente de la Asamblea Nacional venezolana Jorge Rodríguez reconoció este jueves 28 de mayo que hubo errores en la política chavista de asignación de fincas productivas en los llanos de Venezuela y prometió la creación de una ley para proteger la actividad ganadera.

Según el Instituto Nacional de Tierras (INTI), el Estado entregó más de 446.000 títulos de adjudicación que suman más de 14 millones de hectáreas en el país desde la promulgación de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario de 2001, impulsada por el entonces presidente Hugo Chávez.

La ONG Acceso a la Justicia asegura que esta y otras leyes "crearon vías expresas para las expropiaciones en el país".

En un acto en el estado Apure, fronterizo con Colombia, el también hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, aseguró que "todos los fundos propiedad del Gobierno" entregados en esa región fueron destrozados por quienes los recibieron, a quienes calificó como "ladrones irresponsables".

"El ganado que no se comieron, se lo robaron; y el que no se lo robaron, lo vendieron; y el que no lo vendieron, se les murió. Esa es la verdad", expresó el diputado, quien prometió para la segunda mitad de junio la creación de una "nueva ley de actividad de protección de la actividad ganadera" que sustituirá a una de 1997.

Por su parte, el Observatorio de Derechos de Propiedad de la organización no gubernamental Cedice Libertad afirmó que la Ley de Tierras de 2001 marcó el inicio de una etapa oscura de asedio institucional al campo venezolano, que provocó "inseguridad jurídica, menor inversión, caída de la producción y productores tratados como unos criminales".

Además, señala que la Ley de Tierras fue aplicada como un "instrumento ideológico y discrecional" que envió como mensaje que el derecho a la propiedad "estaba condicionado a la voluntad del Estado".

Según datos registrados por el Consulado General de España en Caracas, las autoridades venezolanas expropiaron hasta 2013 un total de 106 fincas agrarias y otras 46 urbanas e industriales a ciudadanos españoles.

Desde el pasado enero, cuando Nicolás Maduro fue capturado por Estados Unidos en Caracas, el país suramericano vive lo que la presidenta encargada ha llamado un "nuevo momento político", marcado, entre otros factores, por reformas en áreas estratégicas como la petrolera, que expertos interpretan como el desmantelamiento del legado de Chávez.