En medio del auge, el lobby de los centros de datos amplía influencia, gastos y tácticas

La demanda de potencia informática está impulsando un enorme aumento de la inversión en centros de datos en todo el mundo. La consultora McKinsey calcula que la inversión en centros de datos alcanzará los 6,7 billones de dólares en 2030. Estimaciones recientes del sector sugieren que se invertirá más de 1 billón de dólares en Estados Unidos durante los próximos cinco años. La magnitud de los gastos de capital queda patente en proyectos como la gigantesca iniciativa Stargate, anunciada por el presidente Donald Trump en la Casa Blanca junto con ejecutivos de OpenAI, Oracle y Softbank al día siguiente de su toma de posesión, y los posteriores anuncios de inversiones multimillonarias por parte de empresas tecnológicas como Microsoft, Amazon, Meta y Google en los últimos meses.

A medida que el auge se expande, aumenta en todo Estados Unidos el escrutinio público de los planes y promesas de la industria. Las preocupaciones por el impacto medioambiental, las demandas de infraestructura energética y otras consideraciones de justicia económica y social son cada vez más objeto de polémicos debates en los estados y municipios. Las empresas tecnológicas y los desarrolladores de centros de datos se enfrentan a una maraña de cuestiones relacionadas con la zonificación, los servicios públicos y los impuestos, algunas de las cuales son objeto de nuevas regulaciones y legislaciones.

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En Estados Unidos, un grupo industrial está cada vez más en el centro de estos debates políticos, según ha encontrado una investigación liderada por Agência Pública y el Centro Latino de Investigación Periodística (CLIP), en colaboración con Tech Policy Press. A medida que aumenta lo que está en juego en la lucha por los centros de datos, la Coalición de Centros de Datos está gastando más dinero en nombre de sus miembros corporativos para presionar a los gobiernos y las entidades públicas. Además, está aplicando nuevas tácticas para cambiar la percepción de la industria entre los principales grupos de interés, incluidos los legisladores y el público.

La Coalición de Centros de Datos: creciendo junto con la industria

Fundada en 2019, la Coalición de Centros de Datos (DCC) es una asociación de miembros que se presenta como “la voz” de la industria de los centros de datos. Entre sus miembros se encuentran las principales empresas tecnológicas que impulsan el auge de la inteligencia artificial, como Amazon, Google, Microsoft y Meta, así como operadores de centros de datos y proveedores de servicios de infraestructura relacionados, entre los que se incluyen Stack Infrastructure, Digital Realty, Coreweave y Oracle. Con sede en Leesburg, Virginia, una ciudad del condado de Loudoun conocida como “el pasillo de los centros de datos” (Data Center Alley) por su enorme concentración de más de 200 centros de datos, la DCC defiende los intereses de sus miembros ante múltiples niveles del gobierno.

Las declaraciones de impuestos indican que la organización está creciendo. En su declaración de impuestos de 2023, declaró unos ingresos de más de 2,5 millones de dólares, frente a los 582.558 dólares del año anterior. En una declaración, Josh Levi, presidente del DCC, dijo a Tech Policy Press que la organización cuenta ahora con 15 empleados de tiempo completo. Las pruebas de sus esfuerzos están surgiendo en todo el país, especialmente en cuestiones relacionadas con los incentivos fiscales y las infraestructuras energéticas. Por ejemplo, en los últimos meses, Levi, testificó en una audiencia del Congreso de los Estados Unidos sobre la economía de la inteligencia artificial y el consumo energético de los centros de datos, escribió una columna como invitado en un periódico de Ohio en la que proclamaba los beneficios económicos de los centros de datos para el estado y asistió a una reunión de la Junta de Comisionados del Condado en Calvert, Maryland, para debatir, entre otras cosas, el potencial de los ingresos fiscales locales procedentes de los centros de datos. En Misisipi, Levi declaró a un periódico local que la inversión en centros de datos tiene pocas desventajas. “Desde mi punto de vista, no hay ningún aspecto negativo”, declaró al Clarion Ledger de Jackson.

En Pensilvania, el director de política energética del DCC testificó ante la Comisión de Servicios Públicos del estado sobre la promesa que representaban los centros de datos. En Georgia, el DCC se opuso a una ley que habría puesto fin a los incentivos fiscales para los centros de datos en el estado, instando al gobernador a vetarla, lo que finalmente él hizo. En Ohio, la coalición urgió a la Junta de Ubicación de Centrales Eléctricas de Ohio a no cambiar las normas que, según ella, “retrasarían la aprobación de proyectos y encarecerían indebidamente los costos”. En Texas, la DCC contrató a lobistas cuando el estado estudiaba una legislación relacionada con las demandas energéticas de los centros de datos. Los registros indican que la coalición está activa en otros estados, como California, Oregón y Wisconsin.

En una declaración proporcionada a Tech Policy Press, Levi afirmó que, dado que “el sector de los centros de datos sigue invirtiendo en respuesta a la demanda sin precedentes de particulares y empresas de los servicios digitales que estos centros permiten”, la organización ha aumentado sus “actividades de promoción y comunicación para seguir defendiendo eficazmente este sector crítico ante los trazadores de política públicas estatales y federales, así como ante el público y otras partes interesadas”.

En respuesta a los crecientes esfuerzos de la industria, los grupos que defienden los intereses de los consumidores y el medio ambiente también están tratando de desarrollar su capacidad. Tech Policy Press habló con defensores de los consumidores y del medio ambiente en Indiana, Ohio y Virginia que han presionado para que haya transparencia en el desarrollo de los centros de datos, han trabajado para contrarrestar los mensajes de la industria y han participado en las negociaciones junto con la DCC y sus empresas miembros.

La Coalición de Centros de Datos, a menudo flanqueada por sus miembros

Ben Inskeep, director de programas de Citizens Action Coalition of Indiana, una organización de defensa de los consumidores y el medio ambiente, afirma que la industria es una fuerza formidable en su estado. Indiana ya es un entorno propicio para los centros de datos, gracias a una ley de 2019 que eximió a “los centros de datos del impuesto sobre las ventas de los materiales y equipos necesarios para construir y operar centros de datos durante un máximo de cincuenta años, así como de la exención del impuesto sobre las ventas por la compra de energía”, según el AI Now Institute, una organización activista sin ánimo de lucro.

“En 2019, nadie comprendía realmente hasta qué punto crecería el sector de los datos”, afirmó Inskeep. Dijo que se quedó atónito cuando vio las previsiones de crecimiento astronómico de la carga para la red eléctrica de Indiana. La Citizens Action Coalition intenta alertar sobre los riesgos que los centros de datos suponen para la población, como la posibilidad de un aumento de las facturas de servicios públicos, la contaminación y el consumo de agua. El año pasado, pidió a la Asamblea General de Indiana que promulgara una moratoria sobre el desarrollo de los enormes centros de datos a hiperescala necesarios para alimentar los sistemas de inteligencia artificial, con el fin de disponer de más tiempo para estudiar su impacto.

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“Los centros de datos hiperescala son la mayor amenaza para la asequibilidad, la fiabilidad y la sostenibilidad medioambiental en Indiana en esta década”.

Afirmó Inskeep en ese momento

Inskeep tuvo un asiento en primera fila para observar las tácticas de la industria en una negociación sobre las condiciones para conectar los centros de datos a la red eléctrica de Indiana. A principios de este año, los reguladores aprobaron un pacto entre Indiana Michigan Power, Citizens Action Coalition, la Oficina del Asesor del Consumidor de Servicios Públicos de Indiana, Amazon Data Services, Google, Microsoft y la Coalición de Centros de Datos.

Inskeep afirmó que, desde su perspectiva, estaba claro que la industria no es un bloque monolítico. “Una cosa que aprendí al interactuar con ellos es que representan una diversidad de intereses de los centros de datos”, afirmó Inskeep. “Al igual que cualquier asociación comercial, tienen muchos intereses diferentes que a veces coinciden y otras veces compiten entre sí”.

“Se podían ver los recursos en juego. Google y Amazon presentaron testimonios de forma independiente. Contaban con tres testigos expertos”, afirmó Inskeep. “La Coalición de Centros de Datos se involucró y contó con sus propios expertos. Todo el sector se involucró a lo grande”.

En el vecino estado de Ohio, que ocupa el quinto lugar del país con 179 centros de datos, la DCC contó con el apoyo de representantes de empresas como Amazon y Google en una reciente disputa sobre si se debía cobrar a la industria de los centros de datos de forma diferente a otros clientes de servicios públicos. La DCC se “mostró muy decepcionada” con la propuesta adoptada por la Comisión de Servicios Públicos de Ohio, que contó con el apoyo de la empresa de servicios públicos AEP Ohio y de grupos de interés de los consumidores, y que supone más costos iniciales para los centros de datos. A principios de este año, Levi afirmó que crearía “un nivel de incertidumbre regulatoria sin precedentes”, frenaría la innovación y perjudicaría a la economía de Ohio.

“El nudo del caso era realmente quién debía asumir la carga de construir la infraestructura para dar servicio a los centros de datos y quién debía asumir el riesgo si no daba resultado”, afirmó Bill Michael, asesor jurídico principal de la Oficina del Consumidor de Ohio. “Cuando nos preguntamos quién debe asumir el riesgo, ¿deben ser los ciudadanos normales y corrientes de Ohio que van a trabajar y se preocupan por llevar comida a la mesa, o deben ser las empresas tecnológicas valoradas en billones de dólares que causaron la necesidad en primer lugar? En nuestra opinión, es sencillo. Deben ser las empresas tecnológicas”, afirmó.

Aunque esa decisión se considere una derrota para el sector, solo unos meses después, también se logró una victoria en Ohio cuando el gobernador Mike DeWine (republicano) vetó una disposición presupuestaria que habría restringido a la Autoridad de Crédito Fiscal del estado la posibilidad de celebrar nuevos acuerdos de exención del impuesto sobre las ventas con los promotores de centros de datos. El DCC había presionado para que se restableciera la exención.

Zach Schiller, director de investigación de Policy Matters Ohio, un instituto de investigación sin ánimo de lucro, afirmó que la exención representa una subvención masiva para la industria. Incluso si el gobernador hubiera firmado la medida, no habría afectado a empresas como Amazon, que ya cuentan con exenciones desde hace décadas, afirmó. En un informe publicado en enero, Schiller calculó que los beneficios fiscales para los centros de datos en Ohio podrían ascender a cientos de millones de dólares en los próximos años.

Intentando ganarse el corazón y la mente en la gente local

A medida que la DCC amplía su cobertura geográfica en su esfuerzo por colaborar con entidades gubernamentales federales, estatales y locales, está experimentando con una divulgación más directa al público. En Virginia, la coalición formó un grupo llamado Virginia Connects. Levi, presidente de la coalición, declaró al Prince William Times que la DCC creó Virginia Connects, una organización sin ánimo de lucro 501(c)4, para “educar e involucrar a los virginianos sobre los beneficios que los centros de datos proporcionan en todo el estado y en las comunidades locales”.

El año pasado, en medio de la presentación de varias propuestas legislativas que podrían haber afectado negativamente a la industria de los centros de datos en el estado, Virginia Connects envió “mensajes de texto y correos electrónicos promocionando los beneficios de la industria”, según el Prince William Times. El grupo produjo videos que distribuyó a través de cuentas de redes sociales en plataformas como X, Facebook y YouTube.

“Los centros de datos de Virginia están ahí para ti”, promete un narrador en uno de los videos. “Los centros de datos de Virginia son esenciales para nuestra seguridad nacional y nuestra competitividad económica”, dice otro, sobre imágenes de aviones de combate, el Kremlin, el líder chino Xi Jinping y el Pentágono. El Centro de Transparencia de Anuncios de Google afirma que los videos fueron promocionados por una agencia de relaciones públicas con sede en Richmond y, a pesar de que la cuenta de Virginia Connects tiene menos de 200 suscriptores, algunos de los videos que ha publicado tienen millones de visitas. Un video titulado “Los centros de datos de Virginia: conectándonos con lo que más importa” cuenta con 5,7 millones de visitas; el titulado “Los centros de datos de Virginia están ahí para ti” tiene 4,2 millones.

Levi declaró al Prince William Times que Virginia Connects, que cuenta con algunos de los mismos patrocinadores industriales que la Coalición de Centros de Datos, junto con cámaras de comercio locales y promotores inmobiliarios, no participará directamente en actividades políticas como el apoyo a campañas políticas o candidatos.

DCC realiza donaciones a políticos de Virginia a través de su propio comité de acción política (PAC). Estas incluyen 50.000 dólares al PAC del presidente de la Cámara de Representantes de Virginia y al PAC del liderazgo demócrata de Don Scott, así como cantidades menores a 34 legisladores estatales, según Business Insider.

Defensores del interés público se apresuran a informarse y contrarrestar a la industria

Julie Bolthouse, directora de uso del suelo del Consejo Ambiental de Piedmont, una organización sin ánimo de lucro, ayuda a convocar la Coalición para la Reforma de los Centros de Datos de Virginia, formada por diversos grupos medioambientales, conservacionistas y comunitarios. Afirma que, cuando el grupo asiste a las jornadas de cabildeo en Richmond, la capital del estado, a menudo se dedica a “contrarrestar los mensajes que han escuchado de los lobista de la Coalición de Centros de Datos”.

La Coalición para la Reforma de los Centros de Datos de Virginia, que se formó en medio de la rápida expansión del desarrollo de centros de datos en el norte de Virginia, se ha convertido en un recurso para otras comunidades del estado que ahora intentan informarse sobre la industria y evaluar sus afirmaciones. “Hay mucha gente que necesita la información que tenemos y necesita hablar entre sí”, afirma Bolthouse. La coalición para la reforma nació de lo que ella considera una necesidad. “A nivel local, estábamos perdiendo todas las batallas”.

Bolthouse afirma que ha observado cómo han cambiado las instalaciones a lo largo de los años y cómo ha aumentado la preocupación del público al respecto. “En la década de 1990, no teníamos ningún problema con los centros de datos. Formaban parte de los parques empresariales. Eran algo diferente. No eran estas gigantescas instalaciones de hormigón”, afirma Bolthouse. Ahora, percibe una creciente preocupación por cuestiones que van desde el consumo de energía hasta las emisiones y la contaminación acústica. Mantenerme al tanto de la evolución del sector e informar a los demás es mi vocación, afirma. Como vecinos de Data Center Alley, “desgraciadamente somos los canarios en la mina de carbón”, afirma.

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Del mismo modo, Inskeep, de la Citizens Action Coalition of Indiana, afirma que ahora está dedicando un esfuerzo considerable a ponerse al día sobre la industria para poder defender los intereses de los residentes de Indiana.

“Este es el tema más importante, al que dedico la mayor parte de mi tiempo y atención”, afirma Inskeep. Dijo que, a medida que los promotores de centros de datos se expanden más allá de las zonas industriales típicas, los defensores de la comunidad tienen más influencia de la que creen. “Es una influencia casi única, porque la industria de los centros de datos se está trasladando a lugares donde no hay regulaciones ni normas establecidas. Las empresas tienen presupuestos que les permiten hacer cosas que quizás otras empresas no pueden hacer”, afirmó. Esto a veces coloca a las comunidades en una posición que les permite negociar concesiones significativas.

La transparencia sigue siendo un reto. La mayoría de los defensores del medio ambiente y de los consumidores con los que habló Tech Policy Press afirmaron que puede ser muy difícil obtener detalles sobre el desarrollo de los centros de datos. En general, los promotores de centros de datos disponen de más información sobre sus proyectos, incluyendo el uso del suelo, los requerimientos de energía y agua, las emisiones, las cifras de empleo y otros detalles. Los defensores de la comunidad suelen conocer los detalles más precisos de cada proyecto particular, sólo después de que estos ya han sido aprobados.

Esta asimetría se ve agravada por el uso generalizado de acuerdos de confidencialidad (NDA). El DCC ha defendido un cierto grado de secretismo en torno a factores como el consumo de energía. En abril, un representante del DCC declaró a Politico que “dar a conocer el consumo energético también podría revelar secretos comerciales y el tipo de trabajo que realiza un centro de datos específico”. Levi, presidente de la organización, ha afirmado que “las protecciones que ofrecen los NDA pueden dar lugar a un aumento de la cantidad y el detalle de la información compartida con las localidades a medida que se estudian los proyectos”.

“Con los NDA, antes de que se aprueben, es muy difícil saber qué va a haber en las instalaciones”, afirmó Julie Bolthouse, del Consejo Medioambiental de Piedmont. “No sabemos cuánta agua van a utilizar, no sabemos qué tipo de emisiones van a generar y no sabemos cuánta electricidad van a necesitar ni qué tipo de servicio van a requerir”, afirmó. “Así que, básicamente, recopilamos información a posteriori”. Los funcionarios locales, que pueden tener acceso a más información antes, a menudo se ven incentivados a impulsar proyectos de centros de datos que, sobre el papel, “siempre salen como ganadores”, dijo Bolthouse.

Jenna Ruddock, directora de defensa de Free Press, afirma que es fundamental que los miembros de la comunidad tengan acceso a más información. “En varias jurisdicciones, hemos visto esfuerzos para aprobar leyes de transparencia significativas. Muchas empresas publican datos agregados, lo que dificulta que los miembros de las comunidades comprendan cuál será el impacto específico. Es importante aprobar esas leyes para que haya más información disponible en una fase más temprana del proceso, antes de que se inicien los trámites de concesión de permisos y desarrollo, cuando ya es demasiado tarde para que las comunidades puedan participar”.

El entorno político federal favorece a la industria

El 23 de julio, la administración Trump anunció su Plan de Acción de IA. Sus objetivos incluyen promover la innovación en IA, reducir las cargas regulatorias sobre las empresas, en particular para el desarrollo de centros de datos, y reformar los permisos para la energía y la infraestructura relacionada. En una declaración, Levi elogió el plan de la Casa Blanca. “El DCC se alegró de ver que muchas de nuestras recomendaciones políticas se incorporaron al plan del presidente Trump”, dijo, incluyendo “la eliminación de barreras para acelerar la construcción y el funcionamiento de los centros de datos”, “la simplificación de los trámites” y las medidas para promover la infraestructura energética.

Durante el periodo de comentarios públicos que precedió a la publicación del plan, el DCC presentó sus propios comentarios a la Oficina de Política Científica y Tecnológica (OSTP) de la Casa Blanca. En ese documento, el DCC elogió la orden ejecutiva de Trump sobre “La eliminación de barreras al liderazgo estadounidense en inteligencia artificial” y “el deseo del presidente de convertir a Estados Unidos en líder indiscutible en el desarrollo y la aplicación de la tecnología de IA”. En este documento se pedía una serie de reformas para acelerar el desarrollo de los centros de datos, entre ellas una “reforma integral de la concesión de permisos”, limitaciones a la revisión judicial de los permisos, un “permiso nacional para centros de datos” en virtud de la Ley de Agua Limpia y otras intervenciones ejecutivas y legislativas.

En una declaración, Levi dijo a Tech Policy Press que “el DCC consultó directamente con la OSTP y agradece su disposición a comprometerse con la importancia de desarrollar una industria nacional de centros de datos sólida que promueva la seguridad nacional de Estados Unidos, la competitividad económica global y el dominio continuo de la IA”. Según afirmó, su organización “seguirá colaborando con la Casa Blanca y el Congreso en el desarrollo de políticas que fomenten una construcción y un funcionamiento más rápidos de los centros de datos, lo que permitirá a las empresas de centros de datos seguir invirtiendo cientos de miles de millones de dólares para ampliar la infraestructura de centros de datos de Estados Unidos en todo el país”.

Para aquellos que buscan contrarrestar la influencia de la industria, el plan de IA de la administración Trump es un golpe devastador. “Lo que está sucediendo a nivel federal se siente como si estuviéramos jugando una partida de ajedrez y alguien entrara, tirara el tablero al suelo y dijera: sigan jugando”, dijo Bolthouse.

“Lo único que me mantiene en marcha es que, en la década de 1970, los ríos estaban en llamas y la gente moría por los pesticidas. Por eso creamos protecciones que sabemos que están en vigor para intentar evitar ese tipo de cosas. Espero que, a medida que las cosas empeoren y el impacto de las decisiones que estamos tomando se haga más evidente, actuemos más rápido y tal vez reforcemos esas protecciones y las evaluemos en términos de IA y centros de datos”, afirmó.

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