Nicolás Maduro vendió pasaportes diplomáticos a narcos, traficó cocaína incautada y ordenó crímenes, según Fiscal
La acusación del caso expone cómo Nicolás Maduro y su esposa habrían utilizado escoltas militares para mover droga robada. El documento revela sobornos millonarios recibidos por Diosdado Cabello, la participación de alias "Nicolasito" o "El Príncipe" y el uso de aviones de PDVSA para el narcotráfico.

Partidarios armados del derrocado presidente venezolano, Nicolás Maduro, se manifiestan en motocicletas en Caracas el 4 de enero de 2026.
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AFP
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La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York sostiene que, durante más de 25 años, el poder político en Venezuela fue utilizado como plataforma para el narcotráfico y la violencia. Así lo plantea la acusación formal que atribuye a Nicolás Maduro Moros y a su entorno cercano la venta de pasaportes diplomáticos, el tráfico de cocaína -incluida droga incautada por la Fuerza Pública- y la orden de ejecutar palizas, secuestros y asesinatos para proteger una estructura criminal con alcance transnacional.
La acusación presentada por el fiscal del caso, Jay Clayton, ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York revela detalles perturbadores sobre una presunta conspiración de narcoterrorismo que implica a Maduro, su círculo íntimo y organizaciones criminales internacionales.
Tras su captura en una intervención militar, que incluyó bombardeos de Estados Unidos en territorio venezolano el pasado sábado, Maduro y su esposa prevén comparecer este lunes 5 de enero de 2026 ante un juez federal en Manhattan para la lectura de cargos y decisiones preliminares sobre su situación procesal. Ambos están recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn mientras avanza el proceso.
El mandatario venezolano no solo facilitó el tráfico de drogas a gran escala, sino que convirtió el aparato estatal en una herramienta para el crimen organizado, llegando incluso a “vender pasaportes diplomáticos a narcotraficantes” y ordenar “asesinatos selectivos”, según el documento sellado, suscrito además por el Jefe del Jurado del caso.
El documento judicial -al que accedió PRIMICIAS- imputa a Maduro, a su esposa, a su hijo y a otros altos funcionarios y aliados criminales por una presunta conspiración de narcoterrorismo, importación de cocaína, y uso y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.
El fiscal del Distrito Sur de Nueva York sostiene que la élite política venezolana colaboró con organizaciones narcoterroristas extranjeras -incluidas las FARC, el ELN, el Cártel de Sinaloa, Los Zetas/Cártel del Noreste y el Tren de Aragua- para enriquecerse y preservar su poder. La Fiscalía prevé solicitar, además de condenas penales, el decomiso de activos.
Pasaportes diplomáticos y cobertura aérea
- La investigación sostiene que, durante su etapa como Ministro de Relaciones Exteriores (2006-2008), Maduro presuntamente comercializó pasaportes diplomáticos con narcotraficantes para facilitar sus movimientos a nivel internacional.
- Además, se le acusa de proporcionar “cobertura diplomática a aviones privados” que transportaban ganancias derivadas del narcotráfico desde México hacia Venezuela, asegurando que estas aeronaves no fueran sometidas a inspecciones legales o militares.
Tráfico de cocaína incautada y violencia sistemática
- Uno de los puntos más críticos de la acusación señala que, entre 2004 y 2015, Maduro y su esposa, Cilia Adela Flores, supuestamente trabajaron juntos para traficar cocaína que había sido previamente incautada por las fuerzas del orden venezolanas, con la ayuda de escoltas militares.
- Para garantizar la seguridad de estos cargamentos, la pareja habría utilizado escoltas militares armadas y sus propios grupos de choque conocidos como “colectivos", grupos armados patrocinados por el Estado para proteger su estructura.
- El rigor delictivo de la operación incluía el uso de la violencia extrema. También se les acusa de ordenar secuestros, palizas y asesinatos contra quienes les debían dinero por drogas o interferían en sus operaciones, incluyendo la orden de asesinar a un capo de la droga local en Caracas.
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Sobornos y blindaje institucional
- El pliego acusa a Cilia Flores de aceptar cientos de miles de dólares en sobornos en 2007 para intermediar reuniones entre un gran traficante y el entonces director de la Oficina Nacional Antidrogas, Néstor Reverol.
- La acusación también señala que una parte de un soborno posterior, de aproximadamente USD 100.000 fue pagada a Flores. Se trata de parte de lo que habría recibido por cada vuelo de cocaína.
- Además, tras la incautación de 5,5 toneladas de cocaína en México en 2006, traficantes habrían pagado -a través de un familiar- USD 2,5 millones a Diosdado Cabello Rondón, el actual ministro del Interior, Justicia y Paz de Venezuela para evitar arrestos en el aeropuerto de Maiquetía.
Aviones estatales y rutas protegidas
- El documento también involucra a Nicolás Ernesto Maduro Guerra, alias "Nicolasito" o "The Prince" (El Príncipe), hijo de Maduro Moros y miembro de la Asamblea Nacional, quien viajaba a Isla de Margarita en un avión Falcon 900 propiedad de la petrolera estatal PDVSA, entre 2014 y 2015.
- Se alega que el avión era cargado con grandes paquetes envueltos en cinta, que se entendía eran drogas, y que en una ocasión, Maduro Guerra declaró que el avión "podría ir a donde quisiera, incluso a los Estados Unidos".
- A alias "The Prince" se lo acusa además de haber trabajado para enviar cientos de kilogramos de cocaína de Venezuela a Miami, Florida (Estados Unidos), y de haber discutido una operación de contrabando de cocaína en contenedores de chatarra hacia los puertos de Nueva York en 2017.
- En 2020 se indica que "Nicolasito" asistió a una reunión con representantes de las FARC en Medellín, Colombia, donde discutió acuerdos para mover grandes cantidades de cocaína y armas a través de Colombia y hacia los Estados Unidos, un delito que se habría extendido hasta la actualidad. En esa reunión habría acordado el pago a las FARC con armas por cargas de cocaína.

Los seis acusados de un caso histórico
Los cuatro cargos federales abarcan hechos de 1999 a 2025 y alcanzan a seis acusados: Maduro, su esposa e hijo, Cabello, Ramón Rodríguez Chacín, exministro del Interior y Justicia, y Hector Rusthenford Guerrero Flores, alias "Niño Guerrero" (líder de la organización criminal Tren de Aragua TdA).
Rodríguez Chacín supuestamente mantuvo una gran hacienda en Barinas que contenía un campamento y escuela de entrenamiento de las FARC, que llegó a contar con hasta 200 miembros armados. Habría aceptado decenas de miles de dólares en sobornos para proteger a un gran traficante de la extradición.
El expediente recuerda que en 2019, Maduro y Cabello asistieron a una rueda de prensa grabada en vídeo donde se anunció que las FARC y sus líderes eran "bienvenidos" en Venezuela.
En paralelo, la Fiscalía describe alianzas operativas con el Tren de Aragua, cuyo líder “Niño Guerrero” habría ofrecido en 2019 al régimen escoltas armadas y control de rutas costeras para cargamentos de más de una tonelada de cocaína.
En una conversación con un individuo que trabajaba con el régimen venezolano, "Niño Guerrero" explicó que él y el Tren tenían el control de las costas del Estado Aragua y podían manejar la logística de la droga usando "cunas" (compartimentos de almacenamiento) situadas en una playa de dicho estado.
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