Bonos, becas, subsidios: La lluvia de ofertas con la que Fujimori y Sánchez intentan atraer a los votantes en Perú
Los candidatos presidenciales peruanos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez estaban en las antípodas en lo económico, pero han acercado posiciones en los últimos días en busca del voto de centro.

La candidata derechista Keiko Fujimori (d) y el candidato izquierdista Roberto Sánchez saludan durante un debate presidencial en Lima, Perú, el 31 de mayo de 2026.
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EFE
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Los planes de gobierno de la derechista Keiko Fujimori y del izquierdista Roberto Sánchez, quienes se disputan este domingo 7 de junio la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú, estaban originalmente en las antípodas en lo económico, pero en los últimos días la primera ha elevado sus promesas de gasto público y el segundo ha moderado sus posiciones en busca del voto de centro.
Tanto la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori como el exministro del exmandatario Pedro Castillo han inundado sus campañas con multitud de promesas becas, pensiones, subsidios, bonos y obras públicas.
Sus mayores diferencias están en la manera de tratar las inversiones, la recaudación tributaria de las grandes empresas y el futuro de la petrolera estatal Petroperú.
Reivindica a Fujimori padre

Fujimori ha basado su campaña en reivindicar los éxitos de su padre, entre ellos los fundamentos económicos que permitieron dejar la hiperinflación y el aislamiento internacional tras un controvertido primer gobierno de Alan García entre 1985 y 1990, sentando las bases del crecimiento del país en estas tres últimas décadas.
Así, la candidata ha prometido nombrar como ministro de Economía a Luis Carranza para tener un crecimiento sostenido que llegue al 6% en 2031, basado en inversión privada y respeto a los contratos privados, respaldo a la autonomía del Banco Central de Reserva del Perú y un déficit fiscal del 1% del PIB.
Sin embargo, Sánchez critica duramente el neoliberalismo y la “sacralización del mercado”, y plantea una Asamblea Constituyente para cambiar el modelo económico, con mayor soberanía sobre recursos naturales y revisión de acuerdos comerciales y contratos de inversión.
El equipo económico de Sánchez, donde está Pedro Francke, exministro de Castillo, ha intentado suavizar su mensaje en los últimos días de campaña y aseguró que respetarán la propiedad privada y los contratos que promuevan la responsabilidad social empresarial y el cuidado del medioambiente.
¿Quién defenderá la política monetaria?

Otra controversia fue inicialmente la continuidad del presidente del Banco Central, Julio Velarde, considerado artífice de la exitosa política monetaria del país al haber permanecido en el cargo desde 2006, tiempo en el que ha visto pasar a 10 presidentes manteniendo uno de los índices inflacionarios más bajos de Latinoamérica.
Mientras Fujimori respaldó abiertamente a Velarde, Sánchez afirmó inicialmente que no lo mantendría en el cargo, lo cual le causó el rechazo de los sectores más conservadores y lo forzó a cambiar de opinión, prometiendo luego ratificarlo en el puesto.
Sánchez siempre ha asegurado que respetará la autonomía del Banco Central.
Reforma tributaria y salario mínimo

El izquierdista también anticipó su intención de subir el salario mínimo de USD 332 a USD 441 y una reforma tributaria para las grandes empresas, al achacar a Fujimori la prórroga de una serie de exoneraciones tributarias a empresas agroexportadoras que impidió recaudar, según el candidato, hasta USD 5.800 millones por año.
En cambio, Fujimori defiende el tratamiento tributario a las grandes empresas agroexportadoras, cuyo crecimiento ha llevado a que Perú sea líder mundial en la exportación de distintos frutos como espárragos, arándanos y uva, en un sector que emplea a unas 430.000 personas.
Fujimori también plantea la construcción de cuatro líneas de Metro en Lima y tres en Arequipa, Trujillo y Piura, modernizar el 70% de los puertos estratégicos y conectar al menos 80% de los principales proyectos mineros a corredores logísticos terrestres o portuarios.
A su vez, Sánchez propone establecer un mecanismo para su reajuste anual, así como reducir el precio de los combustibles mediante el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que puede significar un alto costo para las finanzas públicas.
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