Perú vive una "ola de terror" por culpa de la minería ilegal que deja asesinados y toques de queda

La minería ilegal se extiende por la costa, sierra y selva del país. La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) estima que genera pérdidas anuales a Perú por más de USD 6.200 millones.

En el sur, esta actividad es particularmente intensa en la región de Puno donde se han destruido miles de hectáreas de selva, además existen zonas donde no hay presencia de autoridades y abunda la trata de personas y narcotráfico.

En el norte, se ubica la provincia de Pataz, donde los criminales han perpetrado los últimos ataques y, pese haber sido declarada en emergencia en febrero de 2024, ha aumentado la violencia.

La mina más afectada por los enfrentamientos de bandas asociadas a esta actividad ilícita es Poderosa, donde fueron asesinados los 13 trabajadores de la mina, muchos de ellos vinculados a la seguridad, y donde son constantes los ataques a mineros y contra su infraestructura.

En este gran yacimiento aurífero, 39 mineros y trabajadores han sido asesinados en dos años por las bandas, que según la empresa, han tomado el control de Pataz, "convertida en un territorio sin ley, en el que la violencia campea impunemente".

La actividad de los mineros ilegales se multiplica por múltiples rincones del país, lo que inevitablemente viene acompañado de explotación laboral y sexual de mujeres y menores en los campamentos.

Además, provoca un aumento de la violencia por la presencia de bandas armadas, de la corrupción, por autoridades implicadas, y también vulnera los derechos de comunidades indígenas, que ven como mineros ilegales operan en sus territorios.

Más de 100.000 hectáreas de bosques amazónicos han sido arrasadas por la minería ilegal solo en Madre de Dios. Un enorme problema ambiental al que se une el uso del mercurio, utilizado en la extracción de oro, y que contamina aguas y perjudica la salud de personas indígenas.

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El estado de emergencia decretado en Pataz, que incrementa la presencia militar y policial, ha evidenciado la incapacidad de las autoridades para enfrentarse a esta situación.

Los expertos destacan que para combatir el crimen es necesario reforzar la inteligencia por parte de las fuerzas de seguridad.

Por ejemplo, la empresa Poderosa indicó que, la misma semana en la que los trabajadores estaban secuestrados, un grupo de 800 policías hicieron un operativo que no permitió evitar el crimen.

La SNMPE aseguró, tras la confirmación de los asesinatos, que es importante que la Policía Nacional desarrolle labores de inteligencia para desarticular a las organizaciones criminales de mineros ilegales "que están generando la peor violencia en el país desde hace algunas décadas".

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Uno de los mecanismos estatales para reducir la informalidad de los mineros es el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que establece los requisitos para que los mineros artesanales e informales puedan regularizar su situación legal.

A finales de 2024, el Congreso aprobó una nueva ampliación por seis meses de este registro, una medida criticada por expertos porque perpetúa la impunidad con la que operan.

Datos del Ministerio de Energía y Minas, indican que solo el 4 % de los 85.000 mineros que buscan formalizar sus actividades son titulares de las concesiones en las que operan.

El propio ministerio reconoce que han identificado problemas estructurales en el uso del Reinfo, pues han detectado que los mineros lo usan únicamente para obtener beneficios estatales.