La Merced de Buenos Aires, una tragedia minera que degeneró en corrupción, violencia y extorsión

La desgracia ha llegado por etapas a La Merced de Buenos Aires, una pequeña parroquia de Imbabura a solo 20 kilómetros de distancia de la frontera con Colombia.

A comienzos de diciembre de 2017 las autoridades ecuatorianas recibieron la primera alerta de que algo ocurría en la zona conocida como El Lomón.

Unos 50 mineros ilegales habían invadido la montaña y escarbaban una veta de oro superficial, localizada dentro de una concesión minera de cobre que fue adjudicada en octubre de 2017 a la compañía Hanrine, subsidiaria ecuatoriana de la minera australiana Hancock.

La mayoría eran personas desplazadas de la histórica ciudad de Zaruma, una población tradicionalmente minera localizada a unos 630 kilómetros al suroccidente de El Lomón.

En septiembre de 2017, el gobierno clausuró las actividades mineras artesanales en Zaruma porque los socavones amenazaban con destruir la ciudad, semanas después los mineros que se quedaron sin trabajo aparecieron en Imbabura.

La invasión

Nadie sabe cómo, pero información sobre el potencial aurífero en La Merced de Buenos Aires cayó en manos de los mineros ilegales y luego se corrió la voz de la existencia de la veta.

De la noche a la mañana, la parroquia que contaba apenas con 1.800 habitantes, se vio acosada por miles de personas que buscaban oro.

El punto más crítico de esta invasión tuvo lugar en marzo de 2018, cuando el número de mineros ilegales llegó a unos 7.000, de acuerdo con documentos oficiales a los que PRIMICIAS tuvo acceso.

“Las autoridades intervinieron inmediatamente, se realizaron las primeras aprehensiones de personas y de material extraído de manera ilegal, puesto que esta era un área ya concesionada a una empresa”, dice a PRIMICIAS el general Carlos Alulema, director de la Policía Judicial.

“Nos llamó la atención que había muchos sectores involucrados, era un problema complicado. Nos dimos cuenta de esto se había extendido y que había gente que venía desde el sur del país”, agrega.

Pese a la intervención de las autoridades, los mineros ilegales retornaron a la zona y volvieron a sus actividades.

Informes de inteligencia de la Policía señalan que actualmente hay 2.000 mineros venezolanos en Buenos Aires, 1.200 colombianos, 500 peruanos y más de 2.000 ecuatorianos.

El azar y la necesidad

A Hanrine no le interesa el oro que existe en El Lomón, puesto que la empresa se dedica a la extracción de cobre que, se sospecha, está debajo de la veta de oro, a por lo menos un kilómetro de profundidad, donde ningún minero ilegal puede llegar con sus maquinarias. Extraer cobre es un trabajo de minería a gran escala.

La empresa tiene cinco concesiones en el área, se trata de IMBA01, IMBA02, IMBA03, IMBA05 e IMBA06.

Es en IMBA02 en donde se han concentrado los mineros ilegales, la mayoría de los cuales se dedican a esta actividad por necesidad, aunque también hay grupos organizados que actúan como mafias y sacan provecho de la situación.

La corrupción

Al comienzo, los mineros ilegales llevaban las rocas que contenían oro a las plantas procesadoras legales localizadas en las provincias de El Oro y Azuay, en el sur del país, para separar el metal precioso del material pétreo.

Pero, en este viaje de más de 600 kilómetros por carretera, los camiones corrían el riesgo de ser incautados y así empezó la corrupción. Grupos de mineros ilegales comenzaron a sobornar a algunas autoridades para moverse sin ser molestados.

En la segunda fase de esta historia, las autoridades hallaron los primeros indicios de corrupción entre algunos funcionarios judiciales, militares y policiales que trabajaban en la zona.

En ciertos casos se trataba de sobornos y en otros de una participación directa en el "negocio".

“Mientras yo ejercía funciones allá se detuvo un camión perteneciente al Ejército, con algunos malos elementos militares que extraían gran cantidad de material minero para llevarlo al sur del país”, agrega el general Alulema.

La ministra del Interior, María Paula Romo, incluso denunció que una jueza de Urcuquí había liberado a de manera inmediata a 22 personas detenidas en un operativo en Buenos Aires, que la Policía tardó meses en planear.

Ahora los mineros han instalado en la parte alta de Buenos Aires alrededor de 100 chanchas o pequeñas plantas rudimentarias, que trituran la roca y separan el oro, utilizando además químicos altamente contaminantes, como mercurio y cianuro.

Lo hacen para evitar el viaje al sur del país y reducir el riesgo de incautación de los vehículos que llevaban el material a las beneficiadoras en El Oro y Azuay.

La violencia

Y la tercera fase, probablemente la peor, ha sido la incursión de grupos armados en Buenos Aires. Su objetivo es extorsionar a los mineros, desplegando actos puntuales de violencia contra quienes que se resisten a pagar los “peajes” que imponen para permitir la extracción y el transporte del material.

Estos grupos, que cuentan con pistolas, fusiles y armas blancas, compiten también entre ellos por el control de la zona y en ocasiones se enfrentan.

Hasta el momento, las autoridades cuentan ya cinco muertes en estas escaramuzas. “Se matan entre ellos”, dice un oficial de inteligencia asignado a la zona.

En febrero de 2019 uno de estos grupos expulsó a otro comandado por Dawin País, también conocido como alias “Perico”, y quien se encargaba de la “seguridad” en Buenos Aires.

Según el mismo oficial de inteligencia, el grupo de “Perico” se desplazó entonces hacia El Cielito, en la vecina provincia de Carchi, en donde existe una veta de oro más pequeña.

El gobernador de Carchi, Edin Moreno, dijo a PRIMICIAS que ha visto a disidentes de la guerrilla colombiana entre los integrantes de los grupos armados y confirmó que vio a Perico: "en un operativo que hice personalmente (en abril), en una rápida requisa de armas con la Policía".

“No solo es actividad minera. Estamos hablando de toda una mafia, de un cuerpo organizado que se dedica a delinquir en otros aspectos”, dice Andrea Cárdenas, directora ejecutiva de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom).

Información de Inteligencia, tanto de Fuerzas Armadas como de la Policía, indica que en Buenos Aires “operan (disidentes, ndr) guerrilleros, que terminan financiando actividades” ilícitas, agrega Cárdenas.

La delincuencia

Un informe oficial reservado de 2018 sobre la situación en Buenos Aires, al que tuvo acceso PRIMICIAS, ya advertía sobre la necesidad de detener el tráfico de armas y de combustibles, como la gasolina, además del lavado de activos.

“Existen actividades de lavado de dinero. De otra forma no se vería una inversión de la envergadura que están realizando, a juzgar por la enorme cantidad de material aurífero decomisado”, dice el gobernador de Imbabura, Galo Zamora.

La extorsión consiste en imponer cuotas para permitir la extracción del mineral, para tener una supuesta protección y para permitir el traslado del material. Quien se rehúsa a pagar se expone a sufrir violencia.

Santiago Chamorro, coordinador zonal de Minería Norte, agrega que “las mafias mineras pueden obtener ganancias millonarias de entre USD 3 millones y USD 7 millones mensuales”.

El oro proporciona “más réditos económicos incluso que el narcotráfico, por su alto valor en mercados internacionales”, dice Chamorro.

En Ecuador existen por lo menos 500 sitios de actividad minera ilegal. De ellos, 166 son considerados de alta conflictividad. Están ubicados en Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Sucumbíos, Napo y Morona Santiago, Azuay, Zamora Chinchipe, Loja y El Oro.

Según información de Arcom

Las cifras de ganancias no incluyen otros ‘negocios’ ilegales conexos, como el lavado de dinero, la trata de personas, la prostitución, el tráfico de armas, de drogas, de combustibles y hasta de explosivos.

¿Cómo salir del conflicto?

Varias fuentes consultadas por PRIMICIAS coinciden en que, con miles de personas asentadas en La Merced de Buenos Aires, incluyendo no solo a los mineros sino también a pobladores que se dedican a actividades legales, una salida exclusivamente forzada sería compleja.

Los líderes de los mineros ilegales proponen agruparse en cooperativas y que se legalice su actividad, lo cual plantea la disyuntiva de legalizar también una serie de delitos ya cometidos.

Otra solución es que la empresa retorne la concesión al Estado y que éste se la entregue a los mineros organizados bajo un esquema de minería de pequeña escala, dice a PRIMICIAS un ex funcionario de Arcom. Esto sería posible si Hanrine pierde interés en IMBA02 o si estima que la zona no tiene reservas de cobre económicamente viables.

Y una tercera posibilidad es una intervención de las fuerzas de seguridad del Estado, seguida de una ocupación del territorio para evitar que los mineros retornen.

En cualquiera de los tres casos, el daño ambiental y a la salud humana ya es incalculable.

Livia Wagner, experta en minería ilegal y coordinadora de la Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado Transnacional, con sede en Ginebra, dice a PRIMICIAS que es muy difícil que la vegetación vuelva a crecer en sitios donde se han vertido metales pesados, como el mercurio.