Aumenta control para evitar lavado de activos en cooperativas

La Junta de Política y Regulación Financiera emitió una resolución que obliga a las cooperativas a realizar procesos de investigación a los clientes que hagan depósitos mayores a USD 10.000. Estos procesos se conocen como "debida diligencia".

Es una estrategia para reducir los riesgos de lavado de activos en estas entidades pequeñas, que en algunos casos tienen menos de 40 socios o clientes, explica Margarita Hernández, Superintendenta de Economía Popular y Solidaria (SEPS), en entrevista con PRIMICIAS.

Hernández añade que la resolución genera cambios solo para las cooperativas de los segmentos cuatro y cinco (con activos menores a USD 5 millones). El resto de entidades ya tenía estos controles.

¿Qué cambios habrá en el sector por la nueva regulación para lavado de activos?

Cuando nació la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, hace 10 años, no todas las cooperativas tenían las mismas normas de supervisión y control. En este tiempo hemos avanzado para unificar normas para todos.

Las cooperativas más grandes, de los segmentos del 1 al 3, ya tenían umbrales de control para prevenir lavado de activos. Ya realizan procesos de debida diligencia y tienen oficiales de cumplimiento para esto.

Pero las entidades más pequeñas no tenían estos controles. La nueva norma dispone que todas las cooperativas, incluyendo a los segmentos 4 y 5, realicen debida diligencia cuando reciban depósitos superiores a USD 10.000.

¿Hay un aumento de riesgos de lavado de activos en el sector?

No hemos identificado un aumento de casos de lavado de activos, pero hemos visto actividades que nos han llevado a entender la necesidad de capacitar más a las cooperativas pequeñas y que se reduzcan los espacios para quienes quieran realizar estas actividades ilegales.

Hay riesgos de lavado de activos que ya se erradicaron de otros espacios del sistema financiero, pero que ahora están tratando de permear los controles del sector de cooperativas.

Estamos tratando de entenderlos y trabajamos en irlos mitigando.

En el sector tenemos cooperativas que están entre las entidades financieras más grandes del país. Pero también tenemos cooperativas de 36 socios, cuya cartera de crédito solo llega a USD 2.000.

Para estas entidades pequeñas hacer debida diligencia es un reto, pero deben hacerlo, porque están expuestas.

Para las entidades pequeñas, hacer debida diligencia es un reto, pero deben hacerlo.

¿Qué tipo de riesgos de lavado de activos enfrenta el sector?

Lo que vemos es que para entidades muy pequeñas, un depósito de un valor alto puede significar la diferencia entre colocar más crédito o no hacerlo, entre expandir sus operaciones o quedarse igual.

Entonces, puede resultar muy llamativo para una cooperativa pequeña que una persona se presente con un depósito importante, por eso es necesario este cambio.

Puede resultar muy llamativo para una cooperativa pequeña que una persona se presente con un depósito importante, por eso es necesario este cambio.

¿Cuáles son los desafíos que enfrentan las cooperativas ante los riesgos de lavado?

Hacer frente al lavado de activos cuesta mucho a las cooperativas pequeñas, en términos de capacitación, pero también en el aspecto económico.

Hacer frente al lavado de activos cuesta mucho a las cooperativas pequeñas, en el aspecto económico.

Contar con un oficial de cumplimiento, que realice el análisis de las operaciones sospechosas de lavado de activos, es un egreso adicional para la entidad. Se requiere de una persona técnica que puede ganar más que el gerente de la cooperativa.

Muchas cooperativas pequeñas no pueden costear con un oficial de cumplimiento.

Por eso, a las entidades con activos inferiores a USD 5 millones se les permite que no tengan oficial de cumplimiento. En lugar de eso, una persona del consejo de vigilancia de la cooperativa puede hacer las veces de oficial de cumplimiento.

La Superintendencia está capacitando a estas personas que tienen una función tan delicada. Además, hay espacios de interacción con la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

¿Hay más cambios en la regulación del sector?

Otro cambio a partir de enero de 2023 es que las cooperativas tendrán que registrar una deuda como vencida al día 31, ya no al día 61.

Recordemos que la medida que permitía que las deudas se registren como vencidas luego del día 60 era temporal, fue para enfrentar los efectos de la pandemia de Covid-19.

Pero antes de 2020, las cooperativas ya registraban las deudas como vencidas luego del día 30, entonces ahora volveremos al sistema prepandemia.

Con esto, lo que pasará es que se trasparentará el efecto real que tuvo la pandemia en las tasas de morosidad del sector.

¿Al volver al sistema prepandemia la tasa de mora tendrá un gran alza?

La tasa de morosidad del sector es de 4,5% a octubre, es decir, no es una tasa alarmante. Con el cambio normativo en 2023, no se verán enormes alzas.

Sin embargo, como las cooperativas tienen situaciones diferentes según su tamaño, hemos hecho un acompañamiento para evitar que alguna cooperativa pequeña presente pérdidas en sus balances.

Esto es necesario porque, al tener un aumento en la morosidad, las entidades deben tener más provisiones y puede que esto afecte los resultados de alguna.

Hace seis meses trabajamos con estas cooperativas en hojas de ruta y planes de acción para que sus balances no presenten pérdidas.