Aplicaciones no necesitan pertenecer a cooperativas, Corte ratifica veto a Ley de Tránsito

El artículo 56 de la reforma dispone que “los socios o accionistas de las operadoras de transporte no podrán dejar de formar parte de la misma por un período de cinco años desde la emisión del título habilitante o desde la fecha de ingreso del mismo”. Según el Ejecutivo, ese punto atenta contra el derecho de asociación garantizado en el artículo 66 de la Carta Magna Para la Corte los incisos segundo y tercero de ese artículo son inconstitucionales por contravenir el derecho a la libertad de asociación y a la proporcionalidad de las sanciones.

Los artículos 57 y 58 del proyecto tienen como intención quitar a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) la potestad de emitir títulos habilitantes para transporte mixto y entregársela solo a la Agencia Nacional de Tránsito (ANT). Eso llevó al Ejecutivo a objetar parcialmente los dos artículos. La Corte declara procedente la objeción a estos artículos por contravenir el principio constitucional de descentralización basada en la transferencia obligatoria y progresiva de competencias a los GAD.

El Ejecutivo también consideró inconstitucional el artículo 169, que incorpora una disposición transitoria que plantea una moratoria para la entrega de títulos habilitantes durante dos años para el transporte público y comercial. El veto responde a que la medida impediría la creación de nuevas fuentes de empleo y de oportunidades de inversión y que sería contraria a derechos constitucionales como “la libertad de contratación, el derecho al trabajo, el derecho a desarrollar actividades económicas, la libertad de empresa y la libre competencia”, ha sostenido el Ejecutivo. La Corte declara procedente la objeción de inconstitucionalidad de ese artículo por contravenir el derecho a desarrollar actividades económicas en igualdad de condiciones.