Cuenca tiene 22 concesiones en zonas de recarga hídrica donde no habrá minería

Cuenca se convirtió en la primera ciudad del país que restringe la minería metálica a mediana y gran escala en sus zonas de recarga hídrica. Un año después de la consulta popular que dio paso a esta prohibición, aún hay confusión sobre cómo se aplicará.

El 7 de febrero del 2021, durante la primera vuelta de las elecciones presidenciales, los cuencanos respondieron a cinco preguntas: 

• ¿Está Usted de acuerdo con la prohibición de la explotación minera metálica a gran escala en la zona de recarga hídrica del río Tarqui, según la delimitación técnica realizada por la Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca- ETAPA EP?

El mismo texto se aplicó para los ríos Tarqui, Yanuncay, Tomebamba y Machángara, que son los más importantes de esa ciudad. Además, se sumó al río Norcay, pero ahí la pregunta fue sobre minería a mediana escala.

El resultado de las cinco preguntas fue Sí. Un año después, Cuenca ha delimitado el territorio donde la minería metálica a mediana y gran escala no será posible. Serán 1.919 kilómetros cuadrados, ubicados principalmente en la zona rural del cantón Cuenca.

Una zona de recarga hídrica es el lugar donde se captura y se mantienen las reservas de agua para sus diferentes usos, explica el director zonal del Ministerio del Ambiente, Juan Ordóñez.

Concesiones mineras

Patricio Vargas, presidente de la Cámara de Minería del Azuay, explicó que existen 35 concesiones mineras metálicas en la delimitación de las zonas de recarga hídrica, de las cuales 22 cuentan con título minero inscrito y están vigentes.

En el geoportal del catastro minero, del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, se identifican 15 concesiones a mediana y gran escala dentro de las zonas de recarga hídrica. Las otras siete corresponden a pequeña minería, que no estuvo incluida en la consulta popular.

Entre estas se encuentran tres de la empresa Ecuagoldmining, que es titular del proyecto Río Blanco, que está en etapa de explotación. Este proyecto fue el que hizo incluir en la consulta a la cuenca del Norcay y fue la única en la que se estableció la prohibición de minería de mediana escala, aunque también existan proyectos de gran escala.

Además, en el área delimitada hay ocho concesiones de la canadiense Dundee Precious Metal (que compró las acciones de INV Metals), de las cuales dos pertenecen al proyecto Loma Larga, en fase de exploración avanzada.

Río Blanco y Loma Larga pertenecen a la primera generación de proyectos mineros estratégicos que impulsa el Gobierno ecuatoriano.

El primero inauguró la minería a mediana escala en Ecuador en 2016, pero una decisión judicial paralizó sus actividades en 2018.

Loma Larga está en exploración avanzada y evaluación económica. El Gobierno lo considera como uno de los proyectos que permitirá incrementar la producción de minerales.

Hay un tercer proyecto minero ubicado en Cuenca, que es considerado de importancia para el Gobierno es Ruta del Cobre, de la empresa del mismo nombre.  Está ubicado en la parroquia Chaucha y la mayor parte de sus concesiones quedan fuera de la zona delimitada.

Oposición desde la Alcaldía de Cuenca

Aunque uno de los objetivos de la consulta popular fue frenar las actividades mineras metálicas en la zona, incluyendo los actuales proyectos, cuando la Corte Constitucional emitió su dictamen, aclaró que los resultados solo podrán tener efectos hacia el futuro “para evitar una interpretación ambigua” y por seguridad jurídica.

Por eso, Vargas sostiene que las concesiones actuales no pueden ser revertidas y no serán afectadas por esta delimitación.

El alcalde de Cuenca, Pedro Palacios, dijo en una entrevista con la emisora local Antena 1, que no permitirá que las actividades mineras continúen en estas zonas, aunque tengan concesiones previas.

“Si me vienen a hablar de que no es retroactiva la ley, perfecto, no es retroactiva, pero aquí hay un concepto mucho más importante que es la retrospectividad, los derechos fundamentales de vida”.

La autoridad añadió que, si es necesario, liderará una marcha en contra del Gobierno para evitar la minería en esas zonas.

Vargas afirma que, “si el alcalde y los concejales persisten en su afán de impedir la actividad minera, esto significaría millones de dólares para indemnizar a las empresas mineras”.

Puso como ejemplo que en el caso de Río Blanco, que ha tenido problemas para avanzar y sobre la cual, según Vargas, se ha calculado una indemnización de por lo menos USD 800 millones.

“Nosotros, como sector minero, no queremos de ninguna manera que se violente la voluntad del pueblo, lo único que queremos es que se cumpla estrictamente lo que la Corte Constitucional dictaminó”, asegura el presidente de la Cámara de Minería.

¿Cómo se hizo la delimitación?

Cuando el Municipio de Cuenca planteó la consulta popular, adjuntó un mapa con una delimitación inicial de las zonas de recarga hídrica, elaborada por la Empresa Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable y Alcantarillado (Etapa).

Pero la Corte Constitucional, cuando emitió su dictamen favorable a la consulta, aclaró que “para que las preguntas y medidas a adoptar sean constitucionales, la delimitación técnica realizada por Etapa (...) será referencial” y sería la base para que la determinación oficial la haga la autoridad competente.

Es decir el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica.

Etapa planteó inicialmente que 1.104 kilómetros cuadrados del territorio del cantón Cuenca pasen a ser considerados zonas de recarga hídrica.

“En esa primera propuesta, a Etapa le interesa la seguridad hídrica, mantener la calidad y la cantidad de sus fuentes de agua y, de alguna manera, trabajar con el riesgo relacionado al agua”, explica Pablo Guzmán, subgerente de Gestión Ambiental de la empresa municipal.

Con base en ese planteamiento, el Ministerio del Ambiente trabajó la delimitación final que superó la propuesta de Etapa y llego a 1.919,37 kilómetros cuadrados, para lo que consideró cuatro criterios:

• Zonas de importancia hídrica muy alta.
• Prioridad a zonas de páramo.
• Presencia de acuíferos en la zona.
• Permeabilidades de suelo altas y muy altas.

“Lo que hacemos, al delimitar las zonas de recarga, es garantizar el agua para sus diferentes usos y para todo su ciclo”, explica el director zonal del Ministerio del Ambiente, Juan Ordóñez.

Las zonas de recarga hídrica no son áreas protegidas como tal. El Concejo Cantonal de Cuenca debe regular su uso en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) y en el Plan de Uso y Gestión de Suelo (PUGS).

Por disposición de la Corte Constitucional, en el Plan de Ordenamiento debe constar la prohibición de explotación minera. Esta  delimitación ya fue incluida en la normativa aprobada el 27 de enero de 2022, en primer debate. Está pendiente su versión final.