Ecuador ha pagado 57% de su millonaria deuda con Perenco
Tras ganar un arbitraje, la petrolera Perenco recurrió a un Tribunal Federal en Washington para lograr el pago. La jueza desechó los argumentos de Ecuador.
Fachada del edificio de la Procuraduría General del Estado, en el centro norte de Quito.
PGE
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Un tribunal federal de Estados Unidos dictaminó, este jueves 16 de marzo de 2023, que Ecuador debe cumplir con el pago de un fallo arbitral internacional por USD 374 millones a favor de la firma petrolera Perenco por daños tras la adopción, en 2006, de la ley de hidrocarburos.
En 2019, la firma petrolera recurrió al Tribunal Federal de la capital estadounidense para lograr que Ecuador pagara la indemnización prevista en un laudo arbitral.
El gobierno ecuatoriano pidió a ese tribunal que se descontara una porción alegando que Perenco tenía una deuda por impuestos no pagados.
En su dictamen de 17 páginas, la jueza federal Jia M. Cobb rechazó las solicitudes de Ecuador por descuentos y una dilación en el pago de la reparación, y otorgó lo solicitado por Perenco, dejando para más adelante una decisión sobre el cálculo de intereses.
Sin embargo, en diciembre de 2022, petrolera francesa llegó a un acuerdo con Ecuador para el pago de la millonaria indemnización. Entonces, las partes fijaron un calendario para el pago de los USD 374,3 millones.
Ministerio de Finanzas informó que la sentencia del Tribunal de Washington no modifica el acuerdo de pago.
Hasta este momento, Finanzas ha pagado el 57% de la deuda y honrará el resto hasta diciembre de 2023, cómo está previsto, informó la Cartera.
El caso
A comienzos de la década de 2000, Perenco obtuvo licencias para la explotación petrolera en dos bloques de yacimientos en Ecuador, en el marco de una legislación que determinaba la participación del estado ecuatoriano en las ganancias de la operación.
En 2006, una nueva ley estableció una participación mínima del Estado de un 50% de los excedentes de los precios de venta de petróleo no pactados o no previstos, y un decreto en 2007 del gobierno del entonces presidente Rafael Correa incrementó esa participación a un 99%.
Esta legislación modificó de manera unilateral los contratos que el Estado ecuatoriano había asumido años atrás con Perenco para la exploración y explotación de petróleo en los bloques 7 y 21, ambos en la Amazonía ecuatoriana, en virtud de un convenio bilateral de inversiones entre Ecuador y Francia.
Según el documento en el Tribunal Federal del Distrito de Columbia, Ecuador canceló los contratos de Perenco porque el Estado no recibía la porción estipulada por la ley en el período en que la firma tuvo ingresos "extraordinariamente altos cuando subieron los precios del petróleo".
La demanda de Perenco
En abril de 2008, Perenco demandó a Ecuador ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) reclamando, inicialmente, USD 1.423 millones como reparación por el daño que alegaba haber sufrido a consecuencia de la adopción en 2006 de la Ley 42.
CIADI, una institución del Banco Mundial con sede en Washington DC, arbitró el caso y falló a favor de Perenco con una reparación de USD 374,4 millones más intereses.
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