Ecuador pide anular laudo que le ordena pago millonario a Perenco

En un comunicado, la Procuraduría General del Estado informó de que presentó ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (Ciadi), "la solicitud de anulación del laudo arbitral emitido el 27 de septiembre de 2019 por el Tribunal que conoció el arbitraje internacional planteado por la compañía petrolera Perenco Ecuador Limited contra la República del Ecuador".

Según la sentencia, Ecuador debe pagar a Perenco la suma de USD 471 millones en compensación por la violación de garantías jurídicas de un tratado bilateral con Francia.

El laudo también prescribe que la firma francesa compense al país andino con USD 60 millones por daños medioambientales.

Sin embargo, el procurador general del Estado, Íñigo Salvador, notificó que "luego de un arduo trabajo de revisión de un laudo de más de 400 páginas, ha concluido que existen las razones suficientes, al amparo del Ciadi, que justifican la solicitud de anulación".

"De conformidad con las causales de anulación previstas en el artículo 52 del Convenio Ciadi, la defensa del Ecuador ha sustentado su petición en que el tribunal arbitral se ha extralimitado en sus facultades, que su laudo carece de motivación suficiente y que ha quebrantado normas procesales expresas de manera grave", informó el procurador.

En su petición, Ecuador solicita, además, la suspensión de la ejecución del laudo.

El Ciadi, agrega el comunicado oficial, debe designar ahora a un comité ad hoc de tres árbitros para que resuelvan sobre la solicitud de anulación interpuesta por Ecuador.

13 arbitrajes pendientes

El país está expuesto al pago de miles de millones de dólares en 13 procesos de arbitrajes que aún tiene abiertos en instancias internacionales y que se originan en supuestos incumplimientos de compromisos adquiridos en las últimas dos décadas.

"Tenemos ahora trece procesos arbitrales entre arbitrajes de inversión -casos protegidos por tratados bilaterales de inversión- y arbitrajes comerciales", confirmó el procurador general.

Salvador explicó que estos se originan en que su país alteró leyes y decretos, como la 42 de 2006, o la 662 de 2010, en las que los Gobiernos de Alfredo Palacio y Rafael Correa, cambiaron a favor del Estado el reparto de los beneficios de la explotación petrolera cuando el precio del crudo llegaba a cotas sin precedentes.

"Por consideraciones políticas o por coyuntura económica se tomaron medidas que, a simple a vista, resultaron ser incumplimientos contractuales y que son muy difíciles de defender en los tribunales arbitrales", afirmó el procurador, quien reconoce que la labor de defender al Estado ecuatoriano en estos casos es "muy complicada".