Lo dispuso un Tribunal de Arbitraje conformado a instancias del CIADI. Es resultado final de un largo proceso que inició entre 2006 cuando el Estado modificó las condiciones económicas de los contratos de operación de los bloques petroleros 7 y 21.
Pudo haber sido peor. La petrolera francesa Perenco Ecuador Limited reclamaba una indemnización de USD 1.423 millones por las pérdidas que alegaba haber sufrido. Pero, un Tribunal arbitral fijó en 471,8 millones de dólares el pago que el país tiene que hacer por haber violado el contrato de participación y el Tratado Bilateral de Protección de Inversiones.
Ese valor se desglosa de la siguiente manera:
- Por el incumplimiento de las obligaciones emanadas de los Contratos de Participación y del Tratado de Protección de Inversiones, Ecuador deberá pagar USD 448,8 millones. A ese monto, se acumularán los intereses.
- Ecuador deberá pagar USD 23 millones como contribución a los honorarios y gastos legales de la demandante, junto con los intereses.
La empresa también tiene cuentas pendientes con el país por USD 60,7 millones:
- Perenco deberá pagar los costos emanados de la restauración ambiental de los bloques 7 y 21 y deberá remediar la infraestructura en estos dos bloques por USD 54,4 millones. A ese monto, se acumularán los intereses.
- Perenco deberá pagar USD 6,2 millones como contribución a los honorarios y gastos legales de Ecuador, más intereses.
- Perenco deberá pagar a Petroecuador USD 49.629 por los honorarios y gastos, también más intereses.
Y, entre las dos partes tendrán que cancelar los costos del Ciadi -incluyendo los honorarios y gastos del Tribunal- así como el perito que actuó en el proceso. Solo este rubro alcanza los USD 9,5 millones.
Los cambios legales y la demanda arbitral
La primera consideración que hace el Tribunal en el largo laudo -tiene 448 páginas- es que “el presente arbitraje ha llevado mucho tiempo”. También reconoce que “este ha sido un proceso muy lento”.
La historia del caso empezó en 2009 cuando se aprobó la Ley 42 que estableció una participación mínima del 50% del Estado en los excedentes de los precios de venta de petróleo no pactados o no previstos.
Ese porcentaje fue incrementado al 99 %, mediante el Decreto Ejetutivo No. 662, firmado por el expresidente Rafael Correa, “en momentos en que los precios internacionales del petróleo gozaban de una importante alza”, dijo la Procuraduría.
La petrolera francesa, que mantenía contratos para la operación de los bloques 7 y 21 alegó que esas decisiones modificaron la participación que tenía en sus contratos lo que constituía una violación al Tratado Bilateral de Inversiones suscrito entre Ecuador y Francia en 1994.
El arbitraje, ante el Ciadi, se inició el 30 de abril de 2008. Seis años después, el Tribunal le dio la razón a la petrolera al considerar que la ley, y después el decreto, “violaron los derechos de Perenco” y que la posterior caducidad de los contratos “constituyó una expropiación”, informó la Procuraduría.
Desde entonces, el Estado ya sabía que debía compensar económicamente a la petrolera, solo faltaba conocer el monto. Tanto es así que el pago pendiente a Perenco estaba dentro de los pasivos contingentes contemplados por el Ministerio de Finanzas.
El caso Perenco es el último de los arbitrajes iniciados por inversionistas extranjeros contra el Estado por la ley de repartición de excedentes petroleros. Otros casos similares fueron los de las empresas Murphy y Burlington, explicó la Procuraduría.
Ecuador denunció en 2009 el tratado del CIADI y en 2017 dejó sin efecto el Tratado Bilateral de Inversiones con Francia y otros países.
Descargue aquí el laudo del Tribunal Arbitral:
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