Cristian Espinosa, director de Relacionamiento Interinstitucional de la Cancillería, dijo a PRIMICIAS que la eliminación de los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) fue una decisión política del ex presidente Rafael Correa, y que Ecuador ha adelantado negociaciones con Brasil y otros países para restablecerlos.
Entre 2008 y 2017 Ecuador dio por terminados los 26 Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) que el país había suscrito. Solo continúan vigentes con Italia, Países Bajos y España hasta 2020, 2021 y 2022, respectivamente.
La última denuncia de tratados tuvo lugar dio el 16 de mayo de 2017, nueve días antes de que Rafael Correa abandonara la Presidencia de la República.
En una entrevista con PRIMICIAS, Cristian Espinosa, director de Relacionamiento Interinstitucional de la Cancillería, dice que la decisión causó “sorpresa e incertidumbre entre los países afectados porque fue una medida abrupta”.
Para Espinosa, es necesario buscar otro mecanismo legal que reemplace los viejos tratados de protección de inversiones para restaurar la percepción de seguridad jurídica entre los inversionistas internacionales.
No es que las inversiones dejen de fluir hacia Ecuador, sino que los inversionistas lo pensarán más antes de venir y habrá más restricciones.
Cristian Espinosa, director de Relacionamiento Interinstitucional de la Cancillería
En un correo electrónico, la Cancillería dijo que presentó ante los representantes diplomáticos de varios países un modelo de Convenio Bilateral de Inversiones en marzo de 2018.
Pero ha pasado más de un año y todavía no hay acuerdos, solo diálogos informales e intercambio de información entre países sobre un eventual inicio de las negociaciones.
Los países que participan en los diálogos son Canadá, Chile, Corea, Estados Unidos, Emiratos Árabes, Italia, Japón, Países Bajos, Perú, Qatar, República Checa, Suiza, Turquía y China, con este último Ecuador firmó un memorando de entendimiento para la negociación de un TBI.
“Durante los diálogos se ha hecho evidente que para ellos la inclusión de una cláusula de solución de diferencias entre los inversionistas y el Estado constituye un elemento indispensable para la negociación de un TBI”, dijo la Cancillería.
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