Gobierno defiende urgencia de la reforma tributaria

Con el objetivo de tratar la urgencia económica del proyecto de reforma tributaria, la Corte Constitucional recibió el 6 de junio de 2023 en audiencia pública al ministro de Finanzas, Pablo Arosemena.

Ante la ausencia de la cesada Asamblea Nacional, el presidente puede emitir decretos ley de urgencia económica, con el dictamen favorable previo de la Corte Constitucional.

Con ese contexto, el Presidente Guillermo Lasso envió el 17 de mayo de 2023 el proyecto de reforma económico urgente, denominado Ley para el Fortalecimiento de la Economía Familiar, a la Corte.

La defensa

Arosemena dijo que la reforma tiene tres componentes:

• Técnica porque permanece el principio de progresividad; es decir, que quien más tiene más paga.

• Justa porque reduce impuestos para más de un millón de familias, entre personas naturales de la clase media, artesanos, transportistas y pequeños negocios.

• Y es fiscalmente responsable porque "cierra huecos de impuestos discrecionales que atentan en contra de la justicia tributaria.

El ministro Arosemena explicó que la reducción en el pago de Impuesto a la Renta para personas naturales en función de sus cargas familiares dinamizará la economía.

"Es urgente este proyecto para no detener la senda de reactivación de la microeconomía", agregó.

Además, Arosemena explicó que los USD 200 millones que dejará de percibir el Presupuesto por los cambios en el Impuesto a la Renta, serán compensados con otras medidas.

Entre ellas, el Ministro mencionó el cobro de 12% de Impuesto al Valor Agregado (IVA) para los espectáculos públicos y el impuesto especial para las plataformas de pronósticos deportivos.

Debate sobre la urgencia del proyecto

Según el viceministro de Finanzas, Daniel Lemus, la reforma tributaria es urgente porque es necesario que se establezca hasta enero de 2024 un nuevo sistema de recaudación de impuestos para los contribuyentes con ingresos anuales de hasta USD 20.000 que están dentro del Régimen Simplificado para Emprendedores y Negocios Populares (Rimpe).

Una anterior sentencia de la Corte Constitucional estableció que el Ejecutivo reforme el actual sistema de impuestos para esos negocios del Rimpe, porque consideró que no cumple con el principio de progresividad.

De ahí que el Ejecutivo tiene hasta enero de 2024 para establecer el nuevo sistema, para que así, en el Presupuesto del Estado no se cree un vacío frente a los ingresos previstos.

Ante el cuestionamiento de Alí Lozada, presidente de la Corte, que preguntó por qué era urgente este cambio si la nueva Asamblea podría tratar el tema.

Lemus explicó que sería muy riesgoso esperar a que se instale el nuevo Gobierno y la nueva Asamblea. "Tomaría tiempo que se posesionen las autoridades hasta noviembre y luego que se establezcan las nuevas comisiones. Es muy riesgoso esperar, porque el nuevo sistema ya debe estar vigente el 1 de enero", dijo.

También intervino Rafaela Uzcátegui, subdirectora de Asuntos Constitucionales de la Procuraduría.

La funcionaria dijo que no se debería estar analizando si el proyecto es urgente o no.

Agregó que la Constitución establece que el Presidente es quien tiene la facultad de establecer si un proyecto de ley es de carácter económico urgente.

Además, agregó que solo el Presidente puede presentar proyectos de ley para modificar impuestos.