Finanzas ordena no contratar personal y compartir oficinas durante la crisis

A partir del 16 de abril, en las entidades del Estado no se contratará más personal, excepto en aquellos casos que sean de retorno por comisión de servicios o de licencias, con o sin remuneración

El Ministerio de Finanzas estableció nuevas directrices para reducir el gasto público en el segundo trimestre de 2020, en momentos en que el país afronta una severa crisis económica y sanitaria por la pandemia del coronavirus.

Lo dice el documento de 'Directrices presupuestarias para el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2020', emitido por el ministerio de Finanzas el 16 de abril.

Finanzas también se dispone lo siguiente:

• Que las vacantes que existían en el nivel jerárquico superior en el primer trimestre seguirán manteniendo la misma condición durante el segundo trimestre de 2020.
• Los funcionarios con contratos de servicios ocasionales y los nombramientos provisionales que estuvieron planificados y programados hasta marzo de 2020 serán desvinculados.
• Queda prohibida la búsqueda de reemplazo por parte de un profesional externo.
• Las entidades que den por terminados los contratos de servicios ocasionales y los nombramientos provisionales no podrán contratar a las mismas personas o a nuevos funcionarios con cargo al presupuesto de los proyectos de inversión.

En el segundo trimestre de este año, Finanzas no autorizará la contratación de personal adicional para las entidades en las que se decida conceder comisiones de servicios o licencias sin remuneración a sus funcionarios.

Las entidades deberán abstenerse de solicitar la creación de puestos, de pedir ascensos o de solicitar incrementos de salarios, dice Finanzas.

Durante el segundo trimestre del año 2020, Finanzas dispondrá que los funcionarios de otras dependencias apoyen a las instituciones de primera línea en el proceso de atención de la emergencia sanitaria, siempre y cuando no estén brindando servicios de manera directa en esta emergencia.

Además, el Ministerio de Finanzas prohibió:

• Las autorizaciones para el pago de horas suplementarias y extraordinarias para los trabajadores y servidores de las instituciones públicas durante el tiempo de aplicación del teletrabajo, a excepción del personal de salud y actividades relacionadas con la emergencia sanitaria.
• Las instituciones no podrán hacer procesos de capacitación, de consultoría o de prestación de servicios profesionales.

Esto, según Finanzas, no incluye a las entidades responsables de los servicios de salud, de la seguridad interna, de la defensa nacional, de la gestión de riesgos y del bienestar social.

También estarán eximidas las entidades que deben velar por la producción nacional de bienes de primera necesidad y de consumo masivo, previa autorización de Finanzas.

Certificaciones presupuestarias

El Ministerio de Finanzas también dio directrices para la aplicación de certificaciones presupuestarias para el segundo trimestre de 2020.

Por ejemplo, las certificaciones presupuestarias emitidas por las entidades públicas, emitidas entre enero y marzo de 2020, que no estén asociadas a ningún compromiso de gasto ni a procesos precontractuales y contractuales en ejecución serán liquidadas, siempre y cuando esto no afecte al trabajo de la institución.

Mientras que las instituciones que no intervengan en la emergencia sanitaria deberán abstenerse de planificar, programar, certificar e iniciar procesos de contratación, dijo Finanzas.

El Ministerio de Finanzas aprobará "todo tipo de reformas o asignación de recursos en función de las necesidades de las entidades consideradas en primera línea de atención de la emergencia".

En esa línea están las entidades de Salud, Seguridad Interna, Defensa Nacional, Bienestar Social y Gestión de Riesgos.

Hasta el 24 de abril de 2020, Finanzas revisará y negociará a la baja el valor de los contratos destinados al arrendamiento de bienes inmuebles y coordinará estas medidas con el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar).

Uno de los objetivos es definir "un mecanismo que permita compartir los espacios físicos entre entidades del Sector Público" y así disminuir el gasto corriente.

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