Intendente pide protección para las empresas frente a acreedores
Así lucía un centro comercial en Quito, el 18 de marzo de 2020.
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La propuesta del Ejecutivo de Ley Humanitaria enviada a la Asamblea el 16 de abril incluye un capítulo sobre el "concurso preventivo".
Se trata de un mecanismo para que las empresas dedicadas a actividades comerciales puedan suspender sus deudas para sobrevivir después de la crisis económica derivada de la emergencia sanitaria.
La propuesta, sin embargo, recibió críticas de parte de la Superintendencia de Compañías por su construcción.
Esteban Ortiz, intendente de Compañías, compareció el 22 de abril de 2020 ante la Comisión de Desarrollo de la Asamblea Nacional, que tramita el proyecto de ley.
Ortiz consideró que la propuesta del Ejecutivo es confusa y en ciertas partes inaplicable. Por eso, la Superintendencia enviará una propuesta de varios artículos con la que esperan que el texto aprobado por la Asamblea sea más claro.
El intendente admitió que hay preocupación en la Superintendencia porque ya sienten que las empresas están entrando en problemas y les está comenzando a faltar liquidez. "Hay que cuidar que las compañías no quiebren", señaló.
Por esa razón, sostuvo que es necesario fortalecer la propuesta del Ejecutivo para que el sector comercial, gravemente afectado por la crisis, pueda salir adelante.
¿Qué es el concurso preventivo excepcional?
El concurso preventivo excepcional es una opción que los comerciantes tendrán para suspender los pagos a sus acreedores mientras se recuperan después de la crisis.
La propuesta es que los deudores (comerciantes) puedan llegar a acuerdos con sus acreedores para el pago de sus deudas.
La idea es que los comercios, sean personas naturales o jurídicas, encuentren una manera de aliviar la presión financiera durante un tiempo hasta que logren recuperarse.
La Superintendencia hizo varias precisiones al proyecto del Ejecutivo que podrían ser añadidas en la ley final que apruebe la Asamblea.
La principal es aclarar el proceso y dividirlo en dos partes: una etapa preconcursal y la etapa concursal. Diferenciar ambas etapas es necesario para que se puedan cumplir paso por paso, dijo.
Para la Superintendencia es necesario que los comerciantes que se sometan a esta opción presenten un plan de reestructuración a sus acreedores.
Esta sería una garantía de que, una vez que mejore su situación económica, las deudas se van a pagar y se eviten los abusos.
La Superintendencia también propone que, a la par de las deudas, se suspendan también los juicios y los plazos de otras obligaciones. Con esto, el comerciante se puede enfocar en mejorar su situación económica.
¿Por qué no sirve la ley actual?
Ecuador tiene una Ley de Concurso Preventivo vigente desde 1999. Sin embargo, con todos los requisitos establecidos en ella, presentar una solicitud se hace casi imposible.
Prueba de ello es que la Superintendencia solo ha recibido 25 solicitudes en más de 20 años de existencia del Concurso Preventivo.
Por eso, la institución sugiere que se aproveche esta la oportunidad para establecer un mecanismo que funcione no solo en el contexto de la crisis sanitaria, sino que sirva para más adelante. Para esto, la Superintendencia proponen integrar más de 20 artículos a la propuesta de ley.
Además, solicita una reforma a la Ley de Compañías para que se modifique o se elimine la causal de disolución por pérdidas.
En la crisis económica que enfrenta el país, señaló Ortiz, las empresas van a tener pérdidas pero buscarán recuperarse y habrá que darles espacio para que puedan hacerlo.
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