En momentos en que todos se preguntan si el Isspol fue defraudado o, por lo menos, invirtió de manera riesgosa una buena parte de su portafolio, la superintendente de Bancos, Ruth Arregui resume la situación en pocas palabras:
La Superintendencia de Bancos tiene bajo su control a unas 270 instituciones, entre las que se encuentra el Isspol.
Arregui también habla con PRIMICIAS sobre las acciones que la Superintendencia ha tomado en este caso.
Me posesioné como Superintendenta de Bancos el 30 de abril de 2019 y lo primero que hice fue mirar con qué enfoque se estaban llevando los procesos de supervisión, de auditoria y de revisión.
Nos dimos cuenta de que una de las dificultades de la Superintendencia era que había una brecha frente a los estándares internacionales e hicimos una planeación estratégica para superar la brecha.
Uno de los puntos en los que empezamos a trabajar fue la supervisión basada en riesgos. Con asistencia técnica del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, hemos mejorado la herramienta de supervisión basada en riesgos para el sistema de seguridad social.
Con ese reenfoque la Superintendencia de Bancos puede evaluar a las instituciones de la seguridad social y del sistema bancario con base en sus riesgos inherentes, intrínsecos y asociados.
Ustedes levantaron alertas sobre lo que pasaba en el Isspol en 2019 ¿Qué pasó?
En 2019 en una revisión de la cesión de derechos fiduciarios del Isspol ajustamos el enfoque que tenía la Superintendencia de Bancos. Hay que decir que las normas no autorizan este tipo de inversiones a las entidades como el Isspol, es decir, a los fondos de pensiones.
Hicimos una comunicación de resultados en julio de ese año, pero los administradores del Isspol interpusieron una acción de protección contra la Superintendencia de Bancos, objetando las observaciones que les hicimos.
Afortunadamente, el juez no calificó ese recurso y las autoridades del Isspol removieron a los administradores de ese entonces. La nueva administración del Instituto presentó, en agosto de 2019, un plan de acción para abordar las observaciones hechas por la Superintendencia de Bancos.
En ese momento comprendimos que era necesario hacer otro tipo de supervisiones focalizadas. Por eso definimos que para 2020 el plan operativo anual de la Superintendencia debía contemplar una supervisión focalizada del Isspol, es decir, tanto de las inversiones privativas como de las no privativas.
¿Qué encontraron en la supervisión?
Encontramos una serie de cosas que debían estar respaldadas. Había que respaldar la titularidad de las inversiones realizadas por el Isspol, con esto quiero decir que debe haber certificados o un papel en el que consten el monto, las condiciones y la tasa de la inversión.
Ese respaldo no lo encontramos ni en la operación swap ni en la de los bonos 2024 en los que el Isspol invirtió.
Pedimos en marzo que el Isspol, al ser el inversionista, solicitara al Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores (Decevale) una certificación que respaldara los recursos invertidos a través de esas dos operaciones, pero el Decevale no contestó, no dio ningún certificado.
En ese momento las autoridades hicieron públicas las debilidades que encontró la Superintendencia de Bancos, entre las que hay temas de control interno, de gobierno corporativo y de gestión contable y financiera.
No puedo dar detalles de estas observaciones porque el Código Orgánico Monetario y Financiero dice que este tipo de informes son reservados.
¿Quién solicitó la certificación al Decevale?
La Superintendencia de Bancos le dijo al Isspol que solicitara la certificación al Decevale y a la Bolsa de Valores de Guayaquil. La Superintendencia no podía hacerlo directamente porque no controla al Decevale, pero lo que sí hizo fue comunicar a la Superintendencia de Compañías sobre ese particular.
Una vez que la Superintendencia de Compañías interviene el Decevale, la Superintendencia de Bancos solicitó directamente las certificaciones al Decevale y hasta ahora no han sido entregadas.
¿Por qué el Decevale no entrega los papeles que respaldan que el Isspol invirtió en esos instrumentos?
Eso se lo deben preguntar al Decevale. Debo decir que nosotros seguimos evaluando los hallazgos.
¿Cuáles han sido las acciones de la Superintendencia de Bancos en el caso del Isspol?
¿Considera que hay alguna irregularidad en las operaciones del Isspol con los bonos? Porque Jorge Chérrez, quien fue el intermediario de algunas de estas inversiones, alega que no hay desfalco.
La tipificación de delitos no le compete a la Superintendencia de Bancos, sino a la Fiscalía, que determinará si hubo o no un delito y tipificará qué tipo de delito se ha cometido.
Las autoridades del Isspol han hecho ya las denuncias respectivas y, en este momento, hay una indagación previa en marcha.
Usted decía que el siguiente paso en estos procesos es saber dónde están los papeles, los respaldos de esas inversiones.
Entonces, ¿lo que no aparece son los respaldos de las inversiones en bonos Global?
Lo que han dicho las autoridades del Isspol es que son inversiones en bonos Global 2024 y una operación de swap.
¿Qué significa que esos papeles no aparezcan?
El Isspol es quien debe responder eso.
¿Debe la sociedad ecuatoriana poner dinero para el rescate financiero del Isspol, si llegara a perderse el dinero?
El Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, promulgado en el Registro Oficial el 21 de junio de 2017, dice que si hay necesidad de financiamiento para las pensiones de las entidades de seguridad social será el Estado, el Ministerio de Finanzas, quien deba financiar.
Usted ha mencionado vacíos en la legislación que impiden a la Superintendencia de Bancos sancionar a los fondos de pensiones que no cumplan con las normas para hacer inversiones.
Cuando habla de la cesión de derechos fiduciarios se refiere al caso de la Universidad UTE. ¿Por qué la Superintendencia de Bancos recomendó al Isspol desinvertir en la UTE?
La cesión de derechos fiduciarios es una figura bastante utilizada por personas naturales y jurídicas. Sin embargo, según el reglamento de inversiones y el marco legal, no le es permitido al Isspol hacer este tipo de inversiones de cesión de derechos. Solo están autorizadas las inversiones a través de títulos emitidos y registrados en el mercado de valores.
Eso no aplica solo para el caso del Isspol, sino para todas las instituciones de seguridad social. ¿Por qué? Porque las instituciones que reciben fondos del Estado, del Ministerio de Finanzas, tienen que privilegiar la seguridad antes que la rentabilidad.
¿Qué pasa con los papeles que no están en la bolsa de Ecuador, como los bonos Global que habría comprado el Isspol?
Primero se tiene que evidenciar la tenencia de las inversiones, mientras eso no ocurra no se sabe dónde están esas inversiones.
Cuando usted hace un certificado de depósito en un banco, le dan un documento garantizado donde se explica el monto, la tasa, el plazo, esa es la tenencia de un título de inversión. Eso es lo que no ha sido certificado en el caso del Isspol.
Es decir, ¿no se sabe si esos bonos existen en el portafolio del Isspol?
Están registrados en la parte contable, pero se necesita un documento que certifique que eso es así.
Usted dice que los fondos de pensiones deben privilegiar la seguridad antes que la rentabilidad. Pero los bonos Global de Ecuador eran considerados inversiones de alto riesgo. ¿Eso está permitido?
No voy a contestar esta pregunta porque estaría anticipando un criterio que es objeto de revisión y de una indagación previa de la Fiscalía.
¿Qué ha pasado con el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa)? ¿Han encontrado novedades?
No puedo comentarle cuáles son los hallazgos porque los informes tienen carácter reservado.
Existe una norma que obliga a las instituciones del sector financiero a poner parte de su reserva de liquidez en papeles emitidos en el mercado de valores ecuatoriano. ¿Qué hacer para subsanar algo que puede terminar generando un riesgo mayor a las instituciones financieras? Mire por ejemplo el caso de Ecuagran y Delcorp.
Primero, el mercado de valores no es el ámbito de control de la Superintendencia de Bancos. Segundo, el marco legal está configurado de acuerdo con la colegislación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Tercero, todo lo que tiene que ver con el marco regulatorio se define a través de la Junta de Política y Regulación Monetaria.
Si bien la Superintendencia de Bancos forma parte de la Junta, tiene voz pero no tiene voto.
Sí le puedo decir que en el ámbito de la Superintendencia de Bancos, en lo que va de este año, hemos ajustado todo el marco normativo de calificación para auditores externos, auditores internos, calificadoras de riesgo.
Además, hemos emitido normas para lo que tiene que ver con riesgo de lavado de activos y para los defensores del cliente.
