Crimen de Farachio redujo actividad electoral en Santa Elena

Los candidatos a alcaldías, concejos cantonales y Prefectura de Santa Elena viven con temor los últimos días de campaña, después del asesinato de Julio César Farachio, registrado el 21 de enero.

Farachio aspiraba a ser alcalde de Salinas por la alianza Sociedad Patriótica, Mover y Unidad Popular.

Por el momento, hay una persona detenida por el crimen. Se trata del supuesto autor intelectual, identificado como Brayan Rojas.

Rojas había amenazado públicamente a Farachio por lo menos en tres ocasiones. Los motivos del asesinato están en investigaciones, porque el candidato y Rojas se conocían.

Según información de la Función Judicial, Brayan Rojas fue detenido por tráfico ilícito de drogas en 2017. Tenía casi una tonelada de cocaína en una embarcación y fue sentenciado a 13 años de prisión, pero salió en libertad hace unos meses.

Con él fueron aprehendidos cuatro sujetos más, entre ellos Temístocles S., también sentenciado como autor del delito a 13 años de cárcel, a quien Julio César Farachio, abogado de profesión, defendió en el proceso.

El miedo a hacer campaña

La candidata a concejal Carolina Mejía, y militante del mismo partido de Farachio, ha suspendido las visitas y recorridos por los barrios.

“Estos actos nos limitan para llegar a la gente, contarles nuestra propuesta, darles la mano”, comenta. 

Asegura que la situación en Santa Elena, donde se han dado nueve crímenes violentos en lo que va del año, aumenta la tensión al momento de salir a los mítines políticos.

“Mis hijas no quieren ir a la escuela porque tienen miedo de que yo salga a los recorridos y que no regrese”, asegura Mejía.

El Consejo Electoral de Santa Elena ha registrado por lo menos tres alertas sobre posibles atentados a candidatos desde la precampaña electoral, asegura Julia Aguilar, representante del organismo en esa provincia.

Pero lo único que pueden hacer es avisar a la Policía, porque “nosotros como institución electoral no podemos brindar seguridad a los candidatos, eso no está establecido en el convenio con la Policía”, explica Aguilar. 

El convenio establece el resguardo policial y militar de los kits electorales, el día de los simulacros, de los recintos y de la infraestructura donde están los equipos informáticos que recogen la información de los votos. 

Pero en el contexto actual de inseguridad y violencia en todo el país, no pueden asegurarle un resguardo policial a cada candidato. “Si ellos requieren seguridad, tendrían que solicitarlo directamente a la Policía”, añade Aguilar. 

Según Aguilar, la Policía en Santa Elena hace patrullajes cuando conoce de los recorridos de los candidatos, para evitar inconvenientes entre los asistentes, pero también tienen limitaciones. 

“La Policía nos ha dicho que no cuentan con los efectivos suficientes y muchos de los que estaban asignados a Santa Elena, los reasignan a otras provincias“, dice la directora del organismo en la provincia.

El clima electoral “ha detenido su algarabía, algunos candidatos han frenado sus actividades”, dice Alfonso Ortiz, presidente de la Junta Cívica de Santa Elena. Reconoce que la violencia con la que se han desarrollado estas elecciones no tiene precedentes. 

“Hay candidatos y candidatos, unos que hacen campañas decentes y otros que creen que la fuerza debe predominar, pero pese a las diferencias que han existido, siempre se ha hecho campaña con altura”, asegura Ortiz.