La alcaldesa Cynthia Viteri propuso la construcción de una cárcel en una de las 19 islas ubicadas en el Golfo de Guayaquil, donde no los internos no tendrían comunicación.
La propuesta de la alcaldesa Cynthia Viteri de convertir una de las 19 islas del Golfo de Guayaquil en una cárcel ha generado críticas, ya que las normas nacionales e internacionales de derechos humanos impiden la construcción de islas penitenciarias
Viteri asegura que “al trasladar la cárcel a una de las islas, sacas la comunicación porque no hay señal, no hay forma de salir y además hay muchas empresas internacionales que se harían cargo”.
El secretario del Comité de Derechos Humanos de Guayaquil, Billy Navarrete, asegura que “afirmaciones de ese tipo son por demás anacrónicas y absurdas”.
Agrega que “lastimosamente, nos hace pensar en las percepciones que tienen autoridades a cargo de ciudades, como Guayaquil, frente a la inseguridad”.
Con él coincide Itania Villarreal, exdirectora de Rehabilitación Social. “No se pueden violentar los derechos humanos consagrados en nuestra Constitución y en tratados internacionales de derechos humanos para los privados de libertad”.
En por lo menos 50 artículos, la Constitución de Ecuador dispone la protección de las personas privadas de libertad.
La Política Pública de Rehabilitación Social toma como referencia alrededor de 16 documentos de la normativa internacional, que establecen protocolos de atención para quienes están en las cárceles.
Entre ellas están las reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, las denominadas Reglas Nelson Mandela, que rechazan este tipo de confinamiento.
Y establecen líneas de trabajo en que las instituciones deben tender a la rehabilitación social y no añadir o imponer más castigo que la propia privación de libertad.
Porque “la relación con el mundo exterior es fundamental, sobre todo con el núcleo familiar, que es el motor para la rehabilitación, y en una isla aumentaría la ansiedad de las personas detenidas”, dice Navarrete.
19 islas en el Golfo de Guayaquil
Guayaquil tiene alrededor de 19 islas en el Golfo, de las cuales tres están habitadas: Puná, Santay y Trinitaria. Las demás son zonas de manglar y otras están dedicadas a la agricultura.
Pero incluso las tres islas que están pobladas carecen de servicios básicos, como agua, electricidad, Internet, señal telefónica, centros de saludo y transporte público.
#Guayas | La #ArmadaEcuatoriana realiza control de los espacios acuáticos en el golfo de #Guayaquil y de las embarcaciones que circulan por el sector. Comprometidos en la seguridad de la ciudadanía en los esteros y ríos. #YoSoyNaval pic.twitter.com/JTKbSopPC7
— Armada del Ecuador (@armada_ecuador) September 2, 2022
Abandonados en Galápagos
La misma idea de crear una isla penitenciaria la tuvo -y la ejecutó- el coronel Ignacio Hernández, uno de los primeros expedicionarios enviados a las Islas Galápagos, en 1832.
El coronel Hernández recomendó convertir a las Galápagos, que eran un sitio lejano y abandonado, en una cárcel a cielo abierto.
Así, las primeras colonias penitenciarias de Ecuador fueron establecidas en las islas San Cristóbal y Floreana.
Pero, debido a las condiciones inhumanas en las que vivían los detenidos, hubo motines y la idea fracasó.
En 1946, bajo la administración del expresidente José María Velasco Ibarra, se decidió abrir por segunda ocasión una cárcel en Galápagos, pero esta vez en la isla Isabela.
Duró 13 años, en 1959 fue clausurada y solo queda el vestigio del llamado ‘Muro de Las Lágrimas‘.
Continuamos con el cambio de señalética en sitios de visita. Esta vez en Muro de las Lágrimas, Calera y vía a Chapín, en la isla #Isabela. pic.twitter.com/iiuzrkbzP3
— Parque Galápagos (@parquegalapagos) September 29, 2016
“Hay una enorme cantidad de información que nos llevó, como Estado, a descartar las islas penitenciarias porque no permiten la rehabilitación y formalizan el abandono“, explica Navarrete.
Además, se requeriría de una gran inversión para levantar una infraestructura carcelaria, dice Villarreal, quien durante seis años dirigió varios centros penitenciarios de Quito.
“¿Quién vigilaría los perímetros en el agua? ¿La Marina? Cuando las Fuerzas Armadas solo pueden intervenir si hay un estado de excepción”, pregunta Villarreal.
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