En entrevista con PRIMICIAS, el investigador y especialista en Derechos Humanos de México, Jacobo Dayán, analiza la 'narcopolítica', la peligrosa combinación de intereses de funcionarios públicos y los grupos criminales.
Las filtraciones de los grupos criminales en la política empezaron en ostentosas fiestas en la época Marimbera de los 70 en Colombia, cuando se convirtió en el principal exportador de marihuana.
Los nuevos ricos se presentaban como posibles dirigentes políticos y la sociedad terminó por aceptar a los narcos.
Y el camino se abrió cuando el conocido ”capo” Pablo Escobar se convirtió en diputado del Congreso y los grupos criminales, que ya se habían extendido en la región, vieron que podían tomar el control del Estado para su beneficio.
En las históricas elecciones de junio de 2021 en México, la 'narcopolítica' mostró su poder y violencia: 138 políticos y candidatos fueron asesinados en 1.066 agresiones.
En entrevista con PRIMICIAS, el investigador y especialista en Derechos Humanos de México, Jacobo Dayán, habla sobre la 'narcopolítica' y las medidas de prevención para blindar el sistema electoral en las próximas elecciones.
¿Cuándo se infiltró el narcotráfico en la política en México?
El vínculo entre clase política y grupos narcotraficantes en México es muy antiguo. Desde principios del siglo XX había vínculos entre pequeños grupos de tráfico de marihuana, que es lo que había en esos años, en una relación directa con actores del Estado.
La relación era de poder desde el Estado; es decir, el Estado era el que controlaba estos pequeños grupos que traficaban droga de manera artesanal a Estados Unidos. Esto se ha ido transformando conforme pasan los años y hoy tenemos una relación diametralmente distinta.
Actualmente, la clase política a nivel municipal, estatal, federal, policías, fiscalías, el ejército, tiene vínculos con grupos criminales, donde ya no queda claro quién es el que manda.
No es como hace 60 años, cuando claramente el Estado tenía el control y todavía ejercía el dominio sobre el territorio, podía dar golpes de mesa y poner orden.
Esto se ha ido descomponiendo conforme los grupos criminales se han ido sofisticando y ha crecido el negocio del narcotráfico en México.
Y otros grupos criminales que dominan mercados legales e ilegales desde, evidentemente, las drogas, pero también el control de combustibles, la industria minera, gasolineras, la trata de personas, explotación infantil, la pornografía.
"Hoy la relación es muy entreverada entre la clase política y los grupos criminales, que demandan protección e impunidad, lo mismo que necesita la clase política".
Jacobo Dayán.
¿Cuáles fueron las señales de esa relación entre narcos y políticos?
Las primeras señales que hubo, cuando la violencia en México explotó hace unos 15 años, fueron los mismos mensajes de los grupos criminales, que se conocían como “narcomantas”.
Es decir, colocaban mensajes en la vía pública que mandaban a grupos políticos.
Y conforme fueron avanzando las investigaciones, sobre todo de los colectivos de víctimas, de la academia, de las organizaciones de sociedad civil, del propio periodismo con sus trabajos de investigación, quedaron cada vez más claros los vínculos entre distintos grupos criminales con actores políticos. Y cualquiera de esas investigaciones terminaba en impunidad.
En México tenemos casos muy contados de políticos procesados por vínculos con el crimen organizado. Son, sobre todo, por temas de corrupción, lavado de dinero.
Y esto fue quedando cada vez más claro, al punto de que en México, hoy en día, en las elecciones, por ejemplo, las que ocurrieron hace apenas un año, creció la cantidad de candidatos asesinados.
"Los grupos criminales se imponen en la contienda de la manera más violenta, asesinando a los candidatos".
Jacobo Dayán.
Hoy es claro y abierto el vínculo entre clase política con grupos criminales.
¿Y la gente vota por ellos o hay irregularidades en las elecciones?
No, la gente los vota. Para ir a un caso concreto reciente: el gobernador de uno de los estados en México, San Luis Potosí, fue electo hace un año.
Antes de la elección, había ya mucha discusión pública sobre sus vínculos con grupos criminales y producto de trabajos de investigaciones periodísticas; sin embargo, ganó las elecciones de manera contundente.
También los grupos criminales realizaron un trabajo social importante: regalan despensas, juguetes, refrigeradoras; es decir, hay una base social, que eso también es muy preocupante, de sectores que respaldan a grupos criminales porque les entregan lo que el Estado no lo hace.
También fungen como actores de cohesión social y, de esa manera, controlan u obtienen el respaldo social.
¿Cuáles son los riesgos que ha vivido México por esta vinculación del crimen organizado en la política?
Hay un problema de gobernabilidad, de control del territorio y de la calidad de la democracia; es decir, cuando uno se acerca a votar a candidatos o candidatas, que ya fueron preseleccionados en lo local por grupos criminales, pues la democracia, evidentemente, no es una democracia sólida.
Existe la pérdida de control territorial, la violencia generalizada que se vive en las calles, en las ciudades, en prácticamente todo el territorio mexicano, salvo algunas excepciones.
Esta mancuerna entre grupos criminales y clase política exige, para la operación, niveles absolutos de impunidad. Lo que tenemos también, entonces, es un problema de impunidad generalizada en todo el país.
Ese vínculo genera violencia, reproduce la impunidad y contiene graves riesgos a la viabilidad democrática de un Estado.
¿Cuál es el mecanismo de prevención para que estos grupos criminales no propongan candidatos en las elecciones?
Es muy complejo, porque se requiere voluntad política del más alto nivel. En México, al menos, no lo hemos tenido ya en tres sexenios distintos, de tres partidos políticos distintos.
No ha habido una voluntad, a pesar de los múltiples llamados que se han hecho desde distintos sectores, para limpiar, hacer una purga dentro de la clase política, de los partidos políticos y emprender una lucha seria contra la impunidad y de reducción de la violencia.
Seguimos bajo la lógica de la militarización de la seguridad pública, a pesar de que lo único que hace es incrementar la violencia.
Es decir, se requiere de voluntad política, acuerdos parlamentarios de largo aliento.
En la región tenemos ejemplos como el colombiano y, en su momento, el ejercicio guatemalteco.
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