El Defensor del Pueblo aseguró a PRIMICIAS que una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llegará a Ecuador los primeros días de diciembre para hacer una observación en las cárceles del país.
El gobierno de Guillermo Lasso anunció un proceso de pacificación a través del diálogo con las bandas criminales que están en las cárceles de Ecuador, que contará con la supervisión del régimen.
Este es un tema nuevo para Ecuador, donde la violencia no había escalado niveles como los que vive ahora: 320 internos asesinados en lo que va de 2021 en las cárceles de Ecuador.
Pensar en un diálogo con quienes tienen responsabilidad en estas muertes violentas genera varias preguntas: ¿Cómo es un proceso de pacificación? ¿Hay experiencias exitosas?
Para el especialista mexicano en Derecho Penal Internacional y Derechos Humanos, Jacobo Dayán, "es positivo que quieran iniciar un diálogo", pero ve un error grave en que el presidente Lasso haya hecho pública esta intención 72 horas después de la última masacre.
"Las experiencias internacionales dicen que estos son primero discretos, casi secretos, y una vez que se llega a ciertos acuerdos, se los puede anunciar públicamente”, explica Dayán.
Un anuncio previo coloca al Estado "en una situación frágil, porque muestra su incapacidad de garantizar la seguridad y la vida, sobre todo en las cárceles, que son un espacio confinado", dice el experto.
"Si (el Estado) no es capaz de garantizar la seguridad en un penal, pues no es capaz de garantizar la seguridad a nadie".
Jacobo Dayán, experto en Derecho Penal.
“Lo primero es que el Estado debe mostrar algún tipo de músculo, una capacidad que represente una amenaza para estas personas, porque de lo contrario no existiría ningún incentivo para llevar a los grupos criminales a sentarse a dialogar", explica Dayán.
Eso sí, “no puede haber un diálogo en el que se garantice impunidad, eso es evidentemente imposible", agrega Dayán.
Los grupos criminales que operan en Ecuador “no persiguen ninguna reivindicación social ni ideológica ni organizativa ni productiva”, sostiene Javier Oliva, profesor de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de México.
Él considera que "es un error establecer un diálogo con organizaciones criminales que por ningún lado tienen una base de legitimidad".
"Darles este nivel de interlocución a las organizaciones criminales es un error, porque es conferirles una capacidad de diálogo político", opina Oliva.
En eso coincide Ramón Celaya, especialista mexicano en Inteligencia, Seguridad y Fuerzas Armadas, y cita el caso de Honduras y de El Salvador con la Mara Salvatrucha.
"La experiencia nos dice que no se puede dialogar con ellos, porque lo único que van a hacer es obtener prebendas, algunos privilegios para seguir operando con impunidad", agrega.
Estos países llevan más de una década intentando llegar a acuerdos de paz y hasta ahora no han tenido éxito.
Son procesos complejos, porque cualquier acción puede dejar al Estado en una situación de fragilidad.
"Estas masacres están poniendo en jaque al Gobierno, a los funcionarios y al sistema penitenciario y desnudan una grave corrupción".
Ramón Celaya, experto en Inteligencia.
El caso de Guatemala es distinto, ya que no se llevaron a cabo procesos de diálogo para resolver el conflicto en las cárceles.
La madrugada del 25 de septiembre de 2009, el presidente guatemalteco Alejandro Giammattei puso en marcha el 'Operativo Pavo Real'.
Su objetivo, dijo en ese momento, era recuperar el control de la Granja Penal de Pavón, donde hubo ejecuciones extrajudiciales de internos, según una investigación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.
En lo que coinciden los expertos es en que el Estado debe restablecer los sistemas de control y de regulación de forma inmediata para prevenir la violencia.
La visita de la OEA
Según el defensor del Pueblo, César Córdova, "la paz no se negocia" y aseguró que conversó sobre el conflicto en las cárceles con la secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez, para plantear un proceso de mediación entre los grupos.
"El objetivo es que haya un acuerdo de paz, que depongan las armas y que el Gobierno pueda dividir las cárceles de Guayaquil, para separar a los grupos", explicó Córdova.
También se confirmó que se espera para los primeros días de diciembre la visita de una delegación de la Comisión de Interamericana de Derechos Humanos, que visitará las cárceles del país para levantar un informe.
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