La seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las personas, siendo un deber y responsabilidad primordial del Estado el garantizarla sin discriminación alguna, incluyendo a las personas que realizan trabajo no remunerado, actividades de autosustento, trabajo autónomo y a quienes se encuentran en desempleo.
La seguridad social es pública y universal. Así se establece en los artículos 34 y 367 de la Constitución de la República.
Estando lejos del mandato constitucional, al tercer trimestre de 2023, apenas el 33,7% de la población económicamente activa está afiliada a la seguridad social. Si bien el acceso se relaciona con la categoría de empleo, siendo del 7,2% en la población desempleada y del 66,5% en aquella con empleo adecuado, este está condicionado al nivel de ingreso.
En el 10% más pobre de la población el acceso es de apenas el 5,9% en comparación con el 71,2% que se observa en el 10% más rico.
Entre las personas con empleo (excluyendo aquellas en situación de desempleo) la cobertura es del 34,7% a escala nacional. En el sector informal este porcentaje es del 13,9% y en el sector formal alcanza el 61,1%.
Sin embargo, se observa que la cobertura de seguridad social de personas en el sector informal de los tres deciles más ricos (18,4%, 23,7% y 33,4%) es mayor a la que se alcanza en los dos deciles más pobres en el sector formal (16,8% y 12,5%).
De lo anterior se desprende una condición estructural de empobrecimiento, desprotección y desigualdad.
La población empobrecida no accede a la seguridad social, lo cual profundiza su vulnerabilidad, mientras que la población más rica se beneficia de las prestaciones de seguridad, aumentando su capacidad de sobrellevar momentos de crisis.
La desigualdad se profundiza al cruzar la condición económica con la etnia. La población indígena y afroecuatoriana tiene niveles de cobertura significativamente menores que las de la población blanca/mestiza en todos los deciles de ingreso, reflejando la discriminación institucional que persiste en el país.
La seguridad social en Ecuador, lejos de ser un derecho, es un privilegio que reproduce desigualdades.
El Estado debe asumir su rol de universalizar la seguridad social, generando regímenes especiales que incluyan a todas las personas, redistribuyendo el subsidio al fondo de pensiones e integrando las transferencias monetarias (pensiones asistenciales) de manera que los recursos públicos lleguen a quienes más lo necesitan.
La afiliación a la seguridad social no se da por la categoría o sector de empleo, sino por generar la capacidad para ahorrar. Para lograr la universalización de la seguridad social esta debe pensarse para acompañar los procesos de movilidad social de los hogares vulnerables y empobrecidos, siendo un elemento de encuentro entre las políticas económicas y sociales.
Las opiniones expresadas por los columnistas de PRIMICIAS en este espacio reflejan el pensamiento de sus autores, pero no nuestra posición.
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