El pedido de amnistía que han realizado a la Asamblea Nacional los actores de las revueltas, delitos y atentados de octubre de 2019, se hace supuestamente: “en aras de la paz, la conciliación nacional y la justicia”, según afirmó una de las solicitantes que, a continuación, suelta de huesos, exigió: “que se proceda favorablemente al resarcimiento de todas las personas perseguidas por ejercer los derechos constitucionales de libertad de expresión y de resistencia”.
Es decir, no solo pretenden el perdón legislativo, sino que además buscan ser resarcidos por el Estado (una suerte de reivindicación, recompensa y homenaje colectivo), por haber incendiado el edificio de la Contraloría, por haber quemado los expedientes de fechorías pasadas, por secuestrar policías y periodistas en la Casa de la Cultura. Por el intento de asesinato de un comunicador, por haber usado bienes y recursos públicos en la revuelta, por destruir bienes patrimoniales de la capital, por sabotear pozos petroleros, por dejar a Ambato sin agua, por haber abusado sexualmente de mujeres policías, por asaltar un canal de televisión, empresas privadas y fincas de producción agroindustrial y, entre otros delitos, por generar caos, violencia y paralizar del país durante once días.
Más allá de que el pedido se encuentre revestido de un lirismo hipócrita y de un flagrante derroche de sinvergüencería, resulta violatorio de la Constitución Política, que entre las atribuciones y facultades de la Asamblea Nacional, artículo 120, numeral 13, dice que este organismo podrá: “Conceder amnistías por delitos políticos e indultos por motivos humanitarios, con el voto favorable de las dos terceras partes de sus integrantes. No se concederán por delitos cometidos contra la administración pública ni por genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro y homicidio por razones políticas o de conciencia”.
Actos como el terrorismo, sabotaje, abuso sexual, tentativas de asesinato, uso fraudulento de recursos públicos, el atentado y la violencia contra las fuerzas del orden, personas y bienes públicos, no solo que no constituyen delitos políticos, sino que varios de ellos, además, se tipifican como delitos en contra de la administración pública.
Si la Asamblea aprueba este bochornoso e ilegítimo pedido de amnistía, será una señal evidente de que solo buscan azuzar el fuego.
Las opiniones expresadas por los columnistas de PRIMICIAS en este espacio reflejan el pensamiento de sus autores, pero no nuestra posición.
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