Apuntes contra la desmemoria. ¿Qué pasó con la promesa de recuperar lo robado?

Era julio de 2020 cuándo el embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael J. Fitzpatrick, reveló que su país había retirado más de 300 visas a ciudadanos ecuatorianos, que son investigados por corrupción y otros delitos.

Fue una noticia de impacto para una sociedad que repudia y se indigna con la corrupción y la impunidad de aquellos que, a pesar de haber saqueado al país, apenas si son tocados por la justicia.

El representante de la Casa Blanca fue contundente: "No queremos a ladrones ni su plata, en mi país; al contrario, vamos a continuar las investigaciones internacionales", sentenció.

16 meses después de esas declaraciones, el Departamento de Justicia de Estados Unidos tiene a varios ecuatorianos procesados, algunos de los cuales se han declarado culpables y han delatado a los cómplices de hechos aberrantes, cometidos en ese país y el nuestro.

Y ¿qué ha hecho Ecuador para recuperar el dinero de la corrupción, incluido el de estos procesados en Estados Unidos?

La respuesta es nada, por lo que la gente siente que ha sido timada dos veces: cuando se llevaron el dinero y cuando se la ha engañado, al jurar que se recuperará esa plata, pero no mueven un dedo para hacerlo.

Las promesas son fuego de pirotecnia para alardear que se lucha contra la corrupción, pero se extingue apenas las cámaras se apagan, y los gobernantes se enfrascan en otras urgencias.

El 13 de septiembre pasado, el presidente Guillermo Lasso firmó un memorando de entendimiento con la Organización de Naciones Unidas (ONU) para establecer un programa anticorrupción en el país.

En el acto, Lasso dijo que "la corrupción significa un daño permanente porque equivale a toda la deuda pública, y roba recursos para la salud, la educación, la vialidad y le resta competitividad al sector privado". Cifró en USD 70.000 millones, el monto de lo robado.

"No basta que vayan a la cárcel", aseguró el mandatario, que comentó que el dinero está escondido en caletas, en cuentas en el exterior, y que tenemos que recuperarlo, "porque si no, el trabajo no es completo".

Dos meses después de esos anuncios, el país desconoce el destino de ese memorando; solo se sabe que el consejero presidencial Luis Verdesoto tiene a su cargo integrar la Comisión de Lucha Contra la Corrupción, con la asesoría de la ONU.

Desde luego que las autoridades podrían argüir que el país está asolado por graves y urgentes crisis, y eso es vedad. Pero combatir la corrupción y luchar contra la impunidad es una de las más altas prioridades.

Entre los ecuatorianos, hay hartazgo por las declaraciones grandilocuentes, mientras la impunidad parece enseñorearse en el país.

Nadie ha olvidado el fiasco de la "cirugía mayor a la corrupción", prometida e incumplida por Lenín Moreno.

Claro que durante su mandato se encarceló a su propio vicepresidente, Jorge Glas, y a varios altos funcionarios; el Fiscal General de la Nación, el Contralor General del Estado y el presidente de la Asamblea Nacional, fueron destituidos.

Pero la gente recuerda que a los asambleístas les entregaron hospitales, y que se jugó con la vida de la gente, con medicinas adulteradas e implementos médicos con sobreprecios.

Tampoco se olvida que el show montado para presentar una Comisión Internacional contra la Corrupción, fue un fiasco.

Ni la estafa, por USD 2 millones, de la que fueron objeto por parte de una empresa que contrataron para dizque recuperar el dinero robado durante el correato, según revelara Germán Rodas, de la Comisión Anticorrupción.

Para luchar contra la corrupción y la impunidad, hay que sacudirse las taras del yo te ofrezco, busca quién te dé, y actuar, como lo está haciendo la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, que preside Fernando Villavicencio.

Hasta hoy, el Ejecutivo no ha mostrado la misma determinación.

Esas actitudes envalentonan a los nuevos ricos, que se creen intocables, mientras se deslegitima a las instituciones.

¿Por qué actuarán así?

Daría la impresión que, al círculo que rodea al Presidente le faltaría compromiso social; por eso, en lugar de persuadir al mandatario a cumplir sus promesas, calla.

Así, una administración se vuelve un juego de simulaciones, y alcanzar la gobernanza, una quimera.

Está bien que el procurador, Íñigo Salvador, haya anunciado acciones para recuperar activos, pero debe ser más que un gesto.

Los casos por los que el país debe actuar son numerosos, entre otros, están la Refinería de Esmeraldas, Coca Codo Sinclair, Poliducto Pascuales-Cuenca, vía Collas, Refinería El Aromo, Seguros Sucre, preventas petroleras a China y Tailandia, y el caso Isspol, con la colosal cifra de USD 950 millones, de estafa.

Tienen que actuar en todos los frentes, incluso, seguir la ruta de los aviones presidenciales, que viajaban sin pasajeros.

Los embajadores acreditados en los países que se sospecha estarían los bienes mal habidos, deben involucrarse en la tarea.

La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) tiene que investigar las operaciones inusuales de los funcionarios.

Hagan lo necesario, pero cumplan la promesa de recuperar el dinero robado.

Si no lo hacen, el país escuchará a Emiliano Zapata: "Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno".