Por si no lo recuerdan, la chauchera es un “estuche de dimensiones reducidas con algún tipo de cierre que sirve para guardar dinero”. Nuestras abuelas la sacaban, junto con unos vistosos canastos de mimbre, cuando iban a hacer las compras en el mercado. Este rito será un recuerdo casi arqueológico, debido a la revolución tecnológica y digital que vivimos.
Los pagos digitales, sin necesidad de chaucheras o mediación de monedas o billetes, han crecido de manera vertiginosa en el mundo y han revolucionado la forma como usamos el dinero. Diariamente, se realizan más de dos billones de transacciones digitales a través de sistemas de pago rápido y otros mecanismos electrónicos.
Varios países de América Latina cuentan ya con mecanismos o plataformas de pagos desarrolladas por bancos centrales, bancos privados e innumerables fintech, que ofrecen una alternativa para hacer transacciones seguras, disponibles sin interrupción, en tiempo real y sin la utilización de formas de dinero tradicional.
El Ecuador se está sumando de manera acelerada a esta tendencia de transformación de pagos digitales en la región. El pasado 21 de agosto, la Junta de Política y Regulación Monetaria (JPRM) emitió una resolución que incorpora la normativa para el funcionamiento de las billeteras electrónicas en el país.
Se incluye el rol de las fintech como gestoras reguladas de los medios de pago digital. Esta regulación se enmarca en la Ley Orgánica para el Desarrollo, Regulación y Control de los Servicios Financieros Tecnológicos (Ley Fintech), aprobada en diciembre de 2022.
Las billeteras electrónicas serán operadas exclusivamente por Sociedades Especializadas de Depósitos y Pagos Electrónicos (Sedpes), por las entidades financieras para sus clientes y por auxiliares de servicios financieros de pagos con permiso para ello. Todos estos operadores deberán estar registrados y regulados por la JRPM.
Los fondos de los titulares de billeteras electrónicas estarán disponibles en todo momento, al solo requerimiento de su titular y de manera inmediata. No se trata ni de ecuadólares ni de criptoactivos, sino una forma de dinero electrónico o e-money que puede utilizarse ampliamente para realizar pagos a entidades distintas del emisor del dinero electrónico.
El dispositivo puede ser desde un teléfono inteligente o de códigos QR, hasta billeteras electrónicas como Paypal, Alipay o Googlepay. Actúan como instrumentos al portador de pago, que no necesariamente involucran cuentas bancarias tradicionales en las transacciones.
El marco regulatorio aprobado requiere la interoperabilidad de los sistemas, es decir que puedan realizarse transacciones inmediatas entre los diferentes sistemas y cuentas, sin costos excesivos para los usuarios.
A través de este nuevo mecanismo, se podría mejorar la seguridad, la eficiencia y el acceso a servicios financieros a la mayoría de la población que no está bancarizada. La promesa de mayor inclusión financiera es una de las promesas centrales de la nueva ola de innovaciones tecnológicas.
De acuerdo con las cifras del Global Findex para 2021, descrito en un informe de CAF, el 41,67% de los adultos en América Latina no tiene acceso a una cuenta. Los datos son mucho peores para mujeres y habitantes de zonas rurales.
La principal barrera por la cual las personas manifiestan no tener una cuenta bancaria en la región es la falta de documentación, seguida de la falta de confianza y requisitos formales para operar con las instituciones financieras.
Hay otros obstáculos geográficos (la lejanía de las sucursales) y de costos (comisiones para realizar transacciones en bancos o corresponsales bancarios). Finalmente, la cultura de uso del dinero en efectivo todavía está muy arraigada en la población.
Para enfrentar muchas de estas barreras, la mayoría de los países ha optado por implementar mecanismos de pagos digitales instantáneos, como los auspiciados por las autoridades ecuatorianas, que no exigen los requisitos formales que se requieren para abrir cuentas bancarias, y aprovechan la creciente penetración de la telefonía celular en los países de América Latina.
Además de la eficiencia y la inclusión, uno de los principales beneficios, especialmente relevantes para la región, es la posibilidad de abaratar el costo de las remesas que los trabajadores migrantes envían a sus países de origen.
Por ejemplo, la región recibió USD 143 mil millones en remesas en 2022. Aunque no existen datos precisos, se estima que las comisiones efectivas, incluyendo los costos de cambio de monedas, equivalen al 7% del total, es decir USD 10 mil millones.
Cualquier innovación en la tecnología financiera que reduzca estos costos significaría un enorme beneficio para las familias más pobres, que son las receptoras de dichas remesas.
La innovación tecnológica promovida por las autoridades financieras ecuatorianas merece un reconocimiento, pero no está libre de riesgos. Para hacer realidad la promesa de mejorar la productividad y la calidad de vida en el país, se requerirá poner énfasis en políticas públicas que:
- Amplíen la educación financiera y tecnológica, especialmente en la población de menores ingresos y de mayor edad;
- Promuevan un acceso más equitativo y barato a la infraestructura y tecnologías de información y comunicaciones; y,
- Fortalezcan un marco regulatorio que asegure un balance entre eficiencia, seguridad y estabilidad, y al mismo tiempo que no inhiba la ola de competencia, progreso e innovación financiera en marcha.
Las opiniones expresadas por los columnistas de PRIMICIAS en este espacio reflejan el pensamiento de sus autores, pero no nuestra posición.
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