Columnista Invitado

La Convemar reduce límites marinos, no los extiende

Marcelo Larrea

Marcelo Larrea

Fue profesor de Economía Política, Historia Económica, Filosofía de la Ciencia, de la Facultad de Economía Universidad Central del Ecuador y fue presidente de la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador Fenape.

Actualizada:

27 Nov 2021 - 19:00

La prensa internacional informa de la presencia de gigantes flotas pesqueras extranjeras en el mar de Ecuador, que operan en decenas de miles de kilómetros.

La mancha de sus luces encendidas en las noches para cumplir sus faenas es similar a la de ciudades enormes, como Ciudad de México o Buenos Aires. Abarca un perímetro equivalente a las provincias de Guayas y Santa Elena juntas.

Los volúmenes de pesca se estiman cuando menos en cinco millones de toneladas por incursión, solo en el caso de la flota de barcos chinos -la más grande no la única-, pero los millones de dólares que generan no se cuentan en Ecuador.

La pesca indiscriminada y depredadora configura un ecocidio en curso, que pone en riesgo la estabilidad del ecosistema marino, grave consecuencia de la adhesión a la Convemar impuesta en 2012 por el entonces presidente Rafael Correa.

El artículo 3 de la Convención del Mar, reconoce a los países signatarios un mar territorial máximo de 12 millas, lo que implica para Ecuador la reducción en 94% de su mar territorial continental e insular de 200 millas, establecido en su legislación soberana y en los tratados internacionales, precedentes a la Convemar.

Significa una reducción de su territorio en 1 millón de kilómetros cuadrados, superficie cuatro veces superior al territorio continental.

Precisamente, la particular contribución ecuatoriana al derecho marino internacional, al haber establecido en su Código Civil su mar territorial de 200 millas, fue la primera de las tres causas por las que el entonces presidente Osvaldo Hurtado se negó a firmar la Convemar, cuando se suscribió en 1982 en Jamaica.

La segunda causa se refiere a que la convención sólo reconoce a Estados archipielágicos con un 100% de territorio archipielágico.

Ecuador es un país a la vez continental y archipielágico, por lo tanto, no puede adherirse ni subordinarse a una convención que desconoce su propia naturaleza geográfica y geológica.

La soberanía sobre el archipiélago fue establecida expresamente en 1832, con la fundación misma de la República, bajo el concepto de que se encuentra en sus “aguas adyacentes”, si estás se reducen a insignificantes 12 millas, las Galápagos no están en territorio ecuatoriano.

Estos conceptos confirman la pertinencia de la decisión del presidente Hurtado de no suscribir la Convemar, a la vez, exponen el carácter apátrida de una adhesión que viola la Constitución, que establece, en su artículo 4, el carácter irreductible del territorio nacional.

La tercera causal planteada en 1982 advierte que las normas de la Convemar lesionan los derechos pesqueros ecuatorianos. Su pertinencia es confirmada en la pesca depredadora por parte de las flotas extranjeras de especies marinas.

Especies que nacen, se alimentan y crecen en el ecosistema del mar de Ecuador, que no dejan de ser ecuatorianas independientemente de la milla en la que se encuentren.

Hoy están sometidas a una captura sistemática, a partir de la milla 12. A partir de ella la denominada Zona Económica Exclusiva constituye aguas internacionales de libre navegación, lo que le permite no mentir al Embajador de China en Quito, cuando ha declarado que los barcos con bandera de su país están pescando en aguas internacionales.

A la aplicación de técnicas pesqueras depredadoras, que están conduciendo a la extinción de numerosas especies y a un desastre ambiental de consecuencias mayúsculas, se suma el beneficio que para el narcotráfico constituye el abandono de la soberanía territorial marina, más allá de las insignificantes 12 millas e, incluso, su ejercicio al ‘paso inocente’ en ellas.

Las tres objeciones bastaron, no incluyeron un tema considerado en ese tiempo irrelevante, la extensión de la plataforma continental.

La norma constante en la Convemar, presentada como una ampliación de los límites marinos por Correa, ya sea por desconocimiento o engaño consciente, se limita a reconocer derechos de exploración y explotación compartidos con la Convemar sobre 350 millas de plataforma continental, no implican soberanía territorial y excluyen derechos sobre las aguas suprayacentes y el espacio aéreo.

En Ecuador donde la plataforma de la ribera continental se extiende por no más de 40 millas, no tiene sentido reclamar 350.

El archipiélago no es una formación geológica continental, en sentido estricto no tiene plataforma continental. Sin embargo, entre sus contradicciones la Convemar reconoce a archipiélagos, como Filipinas, derechos de plataforma continental.

La Cancillería, al presentar estudios para reclamar la plataforma continental en las Galápagos, omite 190 años de evolución del derecho marino ecuatoriano y subordina la soberanía de la República a una convención con pretensiones supranacionales.

Si su propuesta tuviese éxito, estaría canjeando la soberanía sobre las plataformas y zócalos submarinos en 525 millas establecida en normas precedentes a la Convemar, que no tiene efecto retroactivo, por derechos limitados en 350 millas.

La Convemar no extiende, reduce los límites marinos y el territorio de Ecuador. Disminuye el mar territorial, la soberanía aérea y espacial, los derechos en la órbita geoestacionaria y de defrontación en la Antártida e implica la pérdida de la soberanía sobre la cordillera submarina de Manta/ Carnegie.

Por la inconstitucional adhesión a la Convemar, el mar ecuatoriano, desde las Galápagos al continente, se enfrenta a un ecocidio por la depredación de las flotas pesqueras extranjeras, del narcotráfico y su ‘paso inocente’ en aguas consideradas por la convención como internacionales.

Así como a un etnocidio de los pescadores artesanales, desplazados de su actividad productiva y cultural de origen milenario, a la reducción de los volúmenes de captura de la industria pesquera.

Este es el preludio de un desastre ecológico mayor, que se advierte en las pretensiones de la explotación minera de las riquezas de la cordillera submarina de Manta y de los riesgos que se ciernen para la histórica soberanía ecuatoriana de las Galápagos.

Un país que renuncia a su territorio renuncia a su derecho a existir.

El rescate del mar ecuatoriano, indispensable para la protección de su maravilloso ecosistema, clave para el país y para el mundo, para garantizar la provisión de una fuente alimentaria esencial de la población y la existencia misma de la República, pasa por la denuncia de la Convemar que, en su aplicación en Ecuador, viola los principios de la Carta de las Naciones Unidas, que garantizan que ninguna de sus convenciones puede afectar la soberanía de los países signatarios.

Las opiniones expresadas por los columnistas de PRIMICIAS en este espacio reflejan el pensamiento de sus autores, pero no nuestra posición.

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