Columnista invitada
Democracia en decadencia y la abundancia de presidenciables
Vanessa Carrión

Vanessa Carrión

Es Ph.D. en Economía. Docente-investigadora de la Universidad de las Américas. En sus investigaciones combina sus dos pasiones: la economía y la ciencia política.

Actualizada:

25 Ago 2020 - 19:00

La participación igualitaria en la toma de decisiones es una forma de pensar. Dentro de nuestra vida social y política es la responsable de una serie de normas que se manifiestan, muchas veces, de forma inconsciente en el trato con los demás. 

Por ejemplo, repudiamos el sexo no consentido o la discriminación y los estereotipos hacia los grupos minoritarios, así como incentivamos la meritocracia con la convicción de que debe ser combinada con igualdad de oportunidades.

De la generalización de estos pensamientos se construyen las teorías morales y políticas. De ahí, los derechos, en teoría, garantizan a cada individuo una participación igualitaria en la sociedad. 

Los ideales de diversidad y pluralismo encarnan el compromiso de respetar la forma en que las personas de diferentes orígenes culturales, sociales y religiosos, entre otros, han elegido vivir su vida.

En ese sentido, la participación igualitaria en la toma de decisiones es el sustento de la democracia liberal y sus normas e instituciones.

La participación igualitaria de la población en la toma de decisiones ha sido parte de la retórica esencial en muchos logros alcanzados por la humanidad a lo largo de la historia, como por ejemplo la abolición de la esclavitud y la consecución del voto para las mujeres. 

Samuel Bagg argumenta que la lógica principal de la participación igualitaria en la toma de decisiones es la dispersión del poder.

En esta línea, la dispersión del poder garantiza que diversos sectores tengan voz en la construcción de las leyes que los gobiernan.

A escasos seis meses de las elecciones generales, Ecuador tiene 19 precandidatos a la Presidencia de la República. Se podría argumentar que dicho fenómeno es indicativo de que se ha logrado un equilibrio de las relaciones de poder de los diferentes sectores que conforman la sociedad.

La pregunta que naturalmente subyace es ¿dónde se dibuja la delgada línea que separa una dispersión saludable de una fragmentación y un atomismo político recurrente? Se torna evidente que la respuesta está por debajo de 19.

Este número ridículo de candidatos es la expresión más burda de una democracia en decadencia, con baja gobernabilidad e instituciones débiles, donde impera la desconfianza.

Las organizaciones políticas han fallado a la hora de lograr acuerdos mínimos. Mientras se pelean sin cesar, el único consenso es que el país navega a la deriva.  

Ya en las elecciones seccionales de 2017 enfrentamos un escenario similar. Para la mayor parte de dignidades no hubo candidatos ganadores sino, más bien, una serie de candidatos perdedores.

Muchos de ellos sintiéndose satisfechos con haber cumplido el objetivo de “darse a conocer” utilizando fondos públicos. Alcaldes electos con un mísero 15% del voto popular. La absurda dispersión de poder en ningún sentido refleja el avance o consolidación de los principios democráticos de la Nación.

Todo lo contrario, es el reflejo de la incapacidad que tiene nuestra clase política de anteponer el bien común sobre los intereses personales. 

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