La desigualdad es un fenómeno no tan difícil de imaginar para los latinoamericanos. Es la diferencia en ingresos y capital que tienen las personas en comparación con otras.

Cuando las diferencias en ingresos no se generan por el mérito de las personas, sino más bien por aspectos estructurales de la sociedad en la que viven, existe el riesgo de fragmentación del contrato social.

La desigualdad de ingresos se mide a través de los ingresos reportados en las encuestas de hogares. En algunos lugares el nivel de desigualdad y de segregación es tan alto, que el cálculo no incluye a las personas con muy altos ingresos.

En algunos países para tratar de mitigar este problema de medición se ajusta la distribución, incluyendo los ingresos reportados a la entidad de control tributario. Este ajuste no se realiza habitualmente en los países de América Latina y aun así, los niveles de desigualdad de ingresos registrados en la región son de los más altos del planeta.

La desigualdad en la propiedad del capital refleja las diferencias en la propiedad de activos, tierras y bienes inmuebles. En América Latina la desigualdad de ingresos es alta y difícil de medir con precisión; la del capital lo es mucho más.

Se puede reducir la desigualdad de forma artificial o de forma estructural.

Imaginémonos que en una ciudad (un cantón) se da el fenómeno de que las personas de más altos ingresos deciden vivir en otro cantón. Si medimos la desigualdad del cantón inicial, esta se va a reducir por que las personas con más altos ingresos que vivían en ese cantón viven ahora en otro.

Además, las encuestas de hogares no registran los ingresos de muchas de estas personas en el otro cantón. Entonces, en el cálculo de la desigualdad, el cantón inicial registrará un menor nivel de desigualdad.

Este es al caso Guayaquil, y de su vecino el cantón Samborondón. La desigualdad en Guayaquil es la más baja en comparación con otras ciudades, como Quito, Cuenca, Machala y Ambato (ver gráfico). Este resultado puede confundir a algunas personas y dar la ilusión de que esta ciudad es la menos inequitativa y la que mejor distribuye la riqueza.

Ahora, si pudiéramos incluir en el cálculo de la desigualdad de ingresos de Guayaquil a las personas con más altos ingreso que viven ahora en Samborondón, la desigualdad se incrementaría significativamente. Esta situación muestra una forma artificial de reducción de la desigualdad.

Para reducir la desigualdad de forma estructural necesitamos igualar oportunidades a través de la mejora en el acceso a la salud y a la educación de calidad. Esto es más relevante en el contexto de la pandemia que ha exacerbado las diferencias en el problema de acceso y calidad.

También hay que trabajar en la reducción de las desigualdades horizontales, eliminado la discriminación por género y etnia.

Necesitamos mejorar el gasto público para que llegue a los que más lo necesitan. Se debe evitar que ocurra lo que sucedía con los subsidios a los combustibles, que terminaban en las manos del 40% más rico de población.

También es necesario mejorar el sistema impositivo, dando menos peso a los impuestos indirectos (al consumo), que son muchas veces regresivos, y más peso a la recaudación a través de instrumentos progresivos, como los impuestos a los ingresos y a las ganancias implementados de forma eficaz.

Necesitamos mejorar la competencia y el libre acceso a los mercados para combatir los monopolios y oligopolios, y reglas de juego más inclusivas en el mercado laboral, que permitan que la mayor cantidad de personas estén cubiertas por la legislación laboral; y que el hecho de ser un trabajador cubierto por el sistema de protección social contributivo no sea un beneficio de pocos sino la norma.

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