La impunidad es un problema generalizado en nuestra sociedad. Puede entenderse como la comisión de crímenes y de violaciones a las normas sociales que no representa ningún tipo de consecuencia para el perpetrador.
Existe una peligrosa tendencia en nuestro país, en la que la impunidad, con el pasar del tiempo, en lugar de desaparecer se consolida.
Así que nos sumergimos en lo que podríamos llamar la era de la impunidad. Y es que aquellos involucrados en actos de corrupción creen que pueden salirse con la suya y hacer cualquier cosa, independientemente de las normas.
Y como pueden salirse con la suya, están dispuestos a ir cada vez más lejos.
La impunidad en la que ahora vivimos tiene un trasfondo político. Sin duda, llegó a su cima en la época del gobierno de Rafael Correa, cuando las limitaciones al abuso de poder se debilitaron sustancialmente.
Ya varios años después del correato, la falta de voluntad política en la Asamblea Nacional para poner fin a la impunidad, o al menos disminuirla, es evidente.
El 30 de noviembre, gracias a las abstenciones de los asambleístas de UNES (correísmo), el legislador Eckenner Recalde se salvó de la destitución. Este oscuro personaje es señalado por pedir dinero a sus colaboradores, lo que popularmente se conoce como diezmos.
No fue destituido aun cuando el informe del Comité de Ética de la Asamblea Nacional recomienda su destitución.
Si bien no sorprende que la bancada correísta se haya abstenido en este caso -recordemos que su líder llama a las coimas 'acuerdo entre privados'- preocupa profundamente que continuemos en un ambiente donde se ha institucionalizado la corrupción y que incentiva a los individuos a seguir cometiendo violaciones sin temor a ser castigados.
En el caso del asambleísta Recalde, después de los diezmos, ¿qué vendrá?
La impunidad pone en evidencia dinámicas de poder sistémicas que generan redes de capital social negativo. La corrupción tiene efectos devastadores en la sociedad, pues va más allá de los involucrados en el acto de corrupción.
En este caso en particular, afecta a los asambleístas honestos, a la reputación de la Asamblea – ya muy venida a menos- y a los ciudadanos en general, puesto que erosiona la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado.
Importante es mencionar que la asamblea atraviesa por una crisis de credibilidad. Para agosto de 2021, la aprobación de la gestión de la Asamblea Nacional era del 30% y la credibilidad de los asambleístas del 20%.
Los ciudadanos, vemos incrédulos como en la Asamblea se defiende lo indefendible. Cuando creemos que no se puede caer más bajo, la Asamblea nos demuestra que siempre es más fácil bajar que subir.
En efecto, como lo dijo la asambleísta Johanna Moreira, de la Izquierda Democrática, no esperamos nada de ellos y, sin embargo, logran decepcionarnos.
Las opiniones expresadas por los columnistas de PRIMICIAS en este espacio reflejan el pensamiento de sus autores, pero no nuestra posición.
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