Una economía laboral inclusiva es aquella en que todas las personas que desean trabajar tienen oportunidades para hacerlo. En tiempos de crisis, como el que vivimos con la pandemia, la mayor preocupación de los ecuatorianos es perder el empleo o no conseguir uno.
La falta de empleo afecta, sobre todo, a los más jóvenes. En diciembre de 2019, antes que la crisis se agravara con la pandemia, del total de desempleados (aproximadamente 311.000 personas), el 41% eran jóvenes con edades entre 21 y 30 años.
Entre marzo y junio de 2020, del total de 270.638 desafiliaciones a la seguridad social (IESS), el 40% corresponde a jóvenes en ese rango de edad. El escenario de oportunidades laborales formales para los jóvenes ya era muy limitado y se agravó con la pandemia.
La mejor política social es el empleo. Pero ¿quién genera estas oportunidades laborales en el país? La mayoría de los empleadores en la economía ecuatoriana son emprendedores que tienen una micro o pequeña empresa (microempresa, ventas anuales de hasta USD 100.000; pequeña empresa, ventas anuales de entre USD 100.001 y USD 1.000.000).
Este empleador es un emprendedor que, en conjunto con el Estado, actuando como regulador y facilitador, genera las oportunidades labores que tanta falta hacen en el país.
La regulación del salario mínimo, cuando es efectivamente implementada y no se queda en el papel, es una herramienta útil para disminuir las desigualdades en cuanto a ingresos laborales y para facilitar el acceso a la canasta básica.
En Ecuador esta política explica una parte importante (alrededor de un tercio) de la reducción en la desigualdad de los salarios en el periodo 2000-2016. El efecto en la reducción de la desigualdad salarial es aún mayor para el periodo 2010-2016, debido al incremento significativo en el cumplimiento de la ley del salario mínimo.
La política del salario mínimo es efectiva para la reducción de la desigualdad y para facilitar el acceso a la canasta básica de los hogares. Sin embargo, esta política beneficia únicamente a las personas que tienen la suerte de tener un empleo formal.
Más de un millón de jóvenes con edades entre 21 y 30 años se encuentran en el subempleo, desempleo o tiene un trabajo no remunerado. Al establecer una remuneración básica para todos los trabajadores, indistintamente de su nivel de experticia, un salario mínimo no diferenciado puede limitar las oportunidades laborales de los jóvenes.
¿Que oportunidades tiene un joven si el costo que implica para el empleador es el mismo que el de una persona con experiencia?
En situaciones de crisis, como la actual, es importante pensar en la forma de generar oportunidades laborales para los jóvenes, usando el salario mínimo inteligentemente como una herramienta que no perjudique sus perspectivas de empleo.
Las opiniones expresadas por los columnistas de PRIMICIAS en este espacio reflejan el pensamiento de sus autores, pero no nuestra posición.
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