Ecuador y la oportunidad de una nueva agenda desde la descentralización

El artículo 1 de la Constitución de la República establece que el Ecuador se gobierna de manera descentralizada. Siendo deber fundamental del Estado el fortalecer la autonomía y descentralización para el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio (Art. 3.6).

Los resultados electorales cantonales dan a la Revolución Ciudadana 48 alcaldías (32 en alianza), 24 a Pachakutik (seis en alianza), y 46 a movimientos locales (19 en alianza).

En cuanto a prefecturas, la Revolución Ciudadana logró nueve (tres en alianza), Pachakutik, cinco, y movimientos locales alcanzaron tres.

Se consolida una nueva hegemonía de organizaciones políticas en los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), abriendo la oportunidad para una agenda de desarrollo nacional desde la descentralización.

La descentralización es la transferencia de competencias, recursos y poder a los territorios. Es la mejor manera de dar una alternativa al país para salir del centralismo y el hiperpresidencialismo, y encaminar una senda de desarrollo territorial equilibrado.

Lograrlo demanda que las autoridades electas asuman la voluntad de un rol de liderazgo compartido, para generar consorcios y mancomunidades, juntando capacidades de varios GADs para gestionar políticas, programas y servicios que den respuesta a las necesidades de los hogares y de las dinámicas productivas locales.

Además, consolidar una agenda de incidencia que permita reformas legales y reglamentarias, que revisen el modelo de equidad territorial para mejorar la asignación y distribución de recursos y garantizar la transferencia automática de los mismos, sin demoras de parte del Gobierno Central.

Se necesitan voluntad y unidad para exigir al Gobierno Central el financiamiento adecuado, a través del Banco de Desarrollo de Ecuador, a los municipios para universalizar el acceso a agua segura y saneamiento, y a prefecturas, para riego.

Desde los municipios se debe fortalecer la capacidad de control y gestión del uso del suelo, para redistribuir las cargas y beneficios de la ocupación del mismo, y movilizar recursos hacia el desarrollo rural y la cobertura de servicios en zonas urbano-marginales; articulando de manera planificada las inversiones privadas y públicas de todos los niveles de gobierno.

Y desde las provincias, exigir por las competencias y recursos de gestión ambiental, riego y fomento productivo, que el Gobierno Central no ha querido transferir, bajo la lógica centralista de autoridad nacional.

Corresponde a las prefecturas generar el "modelo económico, productivo y ambiental, de infraestructura y de conectividad" que manda el artículo 44.1 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.

Este código constituye un insumo para la regulación del uso y ocupación del suelo que corresponde a las municipalidades.

Es menester que las prefecturas asuman el rol de gobierno intermedio, y que en los Consejos Provinciales se logre la articulación multinivel de la política pública productiva y ambiental.

En los casos de Quito y Guayaquil, es el momento de dar el salto hacia distritos metropolitanos, mediante la generación del estatuto autonomía, para asumir las competencias regionales, como lo establece la Constitución.

La descentralización es el camino para acercar la política pública a la gente, ampliar la participación ciudadana, cambiar de modelo de desarrollo y mejorar la calidad de vida de forma equilibrada.