Tras su revés en la Asamblea Nacional, el gobierno propone una nueva versión reducida de la Ley de Crecimiento Económico. Se enfoca exclusivamente en lo tributario, dejando de lado lo fiscal y financiero.

El tema impositivo ya es casi que una tradición anual en Ecuador. Como la colada morada o la fanesca. Prácticamente todos los años tenemos que discutir si los impuestos deben subir o no. De hecho, se podría decir que cada año lo único seguro en Ecuador es que probablemente habrá una reforma tributaria.

El gobierno de Moreno va por su tercera. En 2017 modificó impuestos para cobrar más sobre la renta. En el 2018, la Ley de Fomento Productivo modificó algunos tributos con el objetivo de facilitar los negocios, pero prácticamente sin resultados contundentes. Ahora, con la “nueva versión” de la Ley de Crecimiento Económico el gobierno busca más ingresos fiscales para el Presupuesto 2020.

La propuesta del Ejecutivo es una reforma tributaria netamente recaudatoria. Propone subir impuestos a accionistas, empresas y ciudadanía en general. Desde el más pobre cuando compra y lleva una funda, cola o cerveza, hasta el empresario exitoso que recibe en el exterior utilidades y dividendos de sus negocios en Ecuador.

Es el cuento de nunca acabar. Suben los impuestos bajo el argumento de mejorar o equilibrar las finanzas públicas. Se hacía en el pasado, se sigue haciendo en el presente. No importa si el nombre es equidad tributaria (2011), redistribución del gasto (2014), equilibrio de las finanzas públicas (2016), fomento productivo (2018) o de crecimiento económico (2019).

El objetivo es aumentar la recaudación del Estado. De hecho, la nueva versión de la ley buscará recaudar al menos USD 500 millones adicionales el próximo año.

Pobrecitos, qué más nos queda, hay que arrimar el hombro, es nuestra corresponsabilidad, dicen los “más solidarios”. Pero llevamos toda la vida así. Lamentablemente, hay quienes creen que no hay otra salida más que pagar más impuestos para evitar un colapso económico. Rotundo error. La austeridad y equilibrio fiscal se logran controlando gastos, no con más ingresos.

El principal conflicto de fondo es que subir impuestos asegura más ingresos para el Estado. Es un hecho concreto. Mientras que la reducción del gasto improductivo, al igual que siempre, es solo una promesa en papeles y presupuestos que no se cumple. ¿Qué esfuerzo creíble y contundente ha hecho el actual gobierno para que creamos que ahora sí reducirá el gasto improductivo?

Por eso en la práctica, subir impuestos solo asegura que el gasto público aumentará en el corto y mediano plazo. En consecuencia, la única forma de asegurar una reducción efectiva del gasto es no subiendo impuestos.

Pero esto implicaría un severo ajuste y cambio radical en la administración pública. Algo que este gobierno parece ser incapaz de ejecutar. Implica creer que un Estado mínimo es más eficiente que uno obeso. Que se puede hacer más con menos. Y sobre todo, tener plena confianza en lo privado.

No se equivoquen. Todo impuesto que recauda el Estado es para gastar, no para ahorrar.