La informalidad caracteriza a la economía de Ecuador.

Ante la caída del empleo pleno del 39%, nivel en el que estaba en diciembre de 2019, a apenas 18% en el periodo mayo-junio de 2020, solo podemos esperar que la informalidad se haya disparado.

Nunca fue tan importante, como ahora, que queramos erradicar la informalidad porque necesitamos sentar las bases que permitan mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

¿Por qué la informalidad condena nuestro presente y nuestro futuro? Porque, entre muchas otras razones, nos niega un Estado del bienestar que posibilite la inclusión.

Permite que las personas en condición de informalidad no paguen impuestos y que el resto asuma toda la carga impositiva. Con esos impuestos se financian los servicios públicos, todavía insuficientes. Su uso es inversamente proporcional a los ingresos: entre más gana una persona menos los usa.

La mayoría de las personas usuarias de los servicios públicos, como contribuyeron proporcionalmente menos a pagar esos servicios, no reclama ni propone mejoras al sistema.

Casi se entienden como una donación entre las partes. La mayoría que los financia no puede reclamar mejoras concretas en su eficacia y eficiencia porque no los usa y, por lo tanto, no los conoce.

Desconfía, además, de un aumento de los impuestos que pudiera llegar a mejorar la calidad de los servicios públicos tanto como para utilizarlos.

Mantenemos así una estructura que impide tanto un debate real sobre la carga fiscal que podría asumir la ciudadanía en función de sus ingresos, como el conocimiento de los recursos reales de los que dispone el país para dotar a su población de las oportunidades para mejorar su calidad de vida.

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