Esta semana la Asamblea Nacional debatió el proyecto de ley Humanitaria propuesto por el Gobierno. A los honorables no les bastó la propuesta impertinente del Ejecutivo para subir impuestos a hogares y empresas, agregaron otro más. Así es como ambas funciones con influencia legislativa insisten en su única idea de siempre: más impuestos.

Esta semana también, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicó un estudio con recomendaciones para América Latina y el Caribe para enfrentar el Covid-19. El foco del informe son las políticas públicas para manejar la crisis sanitaria y económica de las primeras etapas de la pandemia.

Dos son los principales ejes para las medidas frente a la crisis económica. En primer lugar, proveer un piso mínimo de ingreso para todos los hogares. 

Y segundo, preparar respuestas fiscales, financieras y monetarias para proteger a trabajadores y empresas y minimizar posibles efectos sistémicos en la economía. La justicia y equidad son indispensables, agregan los expertos del BID.

En cuanto a la protección a los hogares, varias de las sugerencias ya han sido adoptadas por Ecuador. Nuevas transferencias temporales a hogares en la informalidad laboral, ampliación de los programas sociales, facilitación del seguro de desempleo, entre otros.

Al considerar las medidas de protección a trabajadores y empresas se evidencia el proceder contrario a la lógica por parte de las autoridades del Gobierno. Cuatro son las principales metas de acuerdo al BID:

• Impedir el colapso del sistema financiero y de pagos.
• Proteger el empleo e impedir un crecimiento en la informalidad.
• Evitar el quiebre de empresas solventes, pero temporalmente ilíquidas.
• Promover la reactivación rápida después de la crisis.

La denominada Ley Humanitaria casi que se contrapone a todas estas sugerencias.

Para empezar, los asambleístas han propuesto reducción de tasas de interés por dos años, direccionamiento del crédito, y reprogramación de cuotas de crédito hasta 9 meses después de la emergencia. 

Un escenario caótico cuya consecuencia podría ser una profunda crisis financiera. Pero esta vez inducido irresponsablemente por los legisladores.

En cuanto a la protección del empleo, si bien se proponen algunos esquemas con flexibilidad para afrontar la crisis, por otro lado, también buscan cobrar un nuevo impuesto a los trabajadores por 9 meses. No tiene sentido afectar con estos impuestos a la clase media ni pobre que perderá empleos. Además, condicionar los esquemas de contratación flexibles los hará inaplicables.

Sobre las empresas, el BID ha recomendado, entre otras cosas, suspender temporalmente el pago de impuestos. Pero las autoridades han propuestos dos impuestos nuevos al sector empresarial. Uno sobre las utilidades propuesto por el Presidente, y otro sobre el patrimonio, agregado inconstitucionalmente por los asambleístas. Todo lo contrario a lo recomendado para la crisis.

Aunque las razones para no aumentar ni crear impuestos para los trabajadores y las empresas son más contundentes, todo apunta a que el Ejecutivo y la Asamblea Nacional están alineados para hacerlo. Además, el control a las tasas de interés, el direccionamiento del crédito, y el diferimiento de los pagos de los créditos aumentarían innecesariamente la presión y riesgo sobre el sistema financiero.

Con todo esto Ecuador no lograría al menos tres de las cuatro metas planteadas por el BID. Algo estamos haciendo mal. Tomar lo bueno y desechar lo malo debe ser la consigna para aprobar una verdadera Ley Humanitaria y no tributaria.