Lo que el Gobierno ha denominado un sistema de bandas de precios para las gasolinas y el diésel es, en verdad, un sistema de fijación de precios controlado. El precio no será libre, sino fijado mensualmente por Petroecuador. Varios comentarios de fondo al respecto.

Lo primero es que no se eliminan los subsidios a los combustibles. El subsidio seguirá activo siempre que el precio fijado para el mercado interno sea menor al precio de importación del combustible.

De hecho, con el precio del galón del diésel a USD 1 se mantiene vigente el subsidio. Y dado el panorama internacional y precio local tan bajo, seguirá existiendo por mucho tiempo.

Lo segundo es que hay un piso para el precio. El decreto del Ejecutivo establece que el precio interno no podrá bajar de USD 1,75 y USD 1 para la extra y el diésel, respectivamente. Esto evidencia nuevamente que no hay liberación del precio. 

Por ejemplo, en un escenario como el de finales de abril, cuando el precio del galón de la gasolina regular cayó a USD 1,65 en Estados Unidos, los ecuatorianos no hubiéramos podido beneficiarnos de tal caída bajo el esquema actual.

En tercer lugar, el precio no será el de mercado, solo recibirá sus fluctuaciones. La fórmula de los precios no recoge el precio actual de los combustibles, de hecho, no está atada a ningún indicador relacionado directamente a ellos sino al petróleo.

Lo único que pasará es que el precio interno se moverá al mismo ritmo que el del petróleo, pero muy lentamente y con retraso.

Cuarto, ya existe libertad para importar combustibles desde hace un buen tiempo atrás. El problema de fondo es la ausencia de un marco jurídico robusto que dé seguridad a tales inversiones y negocios. Tratamiento tributario, aduanero y demás aspectos deben ser definidos de forma clara. Nada de esto existe aún y hay trabas en la autoridad de regulación de hidrocarburos.

En quinto lugar, eliminar el monopolio de Petroecuador no será factible en el corto plazo. Aún con el marco jurídico para los negocios e importación de combustibles, la estatal es dueña de toda la infraestructura de la cadena de comercialización de combustibles. 

Las empresas privadas que quieran entrar directamente al negocio deberán arreglar con Petroecuador tarifas por el uso de sus instalaciones. Para eso hace falta muchísima transparencia.

En cuanto a lo de forma, existe mucha confusión por el sistema de bandas y mucha expectativa por la liberación del precio. En la práctica, la banda solo es una referencia que le pone un tope a la variación mensual que tendría el precio de las gasolinas de un mes a otro.

Petroecuador seguirá fijando el precio todos los meses, lo hará con base en sus costos, y el margen de comercialización seguirá siendo fijo. Aunque menos rígido que lo actual, es claro que no es un sistema libre.

En conclusión, el nuevo esquema es en realidad una fijación de precios mensuales con topes máximos de variación del 5%. Y el subsidio sigue, aunque con la añoranza de que eventualmente sea menos pesado para el fisco.

Definitivamente, se trata de un movimiento a un esquema ligeramente menos rígido que el actual. De un precio congelado indefinidamente a uno movible todos los meses. Sin duda positivo, pero lejos de ser eficiente y beneficioso.

Que se hagan los ajustes y que se avance más rápido a una liberación real y completa de precios. 

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