Como es de dominio público, los efectos del Covid-19 no solo se reflejan en la salud de la población. Su onda expansiva es mayor y alcanza a la economía y, como consecuencia, a la política.
En países con gobernantes que inician sus mandatos, la pandemia obligará tanto al reordenamiento de las agendas de gobierno como a la redefinición de las prioridades de política pública.
En aquéllos en los que el virus llega ad portas de procesos electorales, como es el caso de Ecuador, la enfermedad llevará inevitablemente a que las plataformas de los candidatos den un vuelco, reorientándose hacia lo que será la reconstrucción post crisis sanitaria.
Por tanto, el surgimiento de un fenómeno como el que ahora vivimos tiene una consecuencia positiva: conminará a los políticos a ser mucho más creativos, no sólo en lo relacionado con el contenido de su oferta electoral sino también con el tipo de candidatos a través de los que pretenderán llegar al votante.
A diferencia de lo que se podía pensar hasta hace algunas semanas, en la coyuntura actual las ideas de generar más empleo o reducir el tamaño del Estado, por sí mismas, son inviables. Dada la crisis económica por la que atraviesan los sectores público y privado, la atención de los actores políticos tiene que centrarse en el diseño de propuestas que permitan, al menos, mantener las plazas de trabajo existentes.
Conseguir eso ya sería bastante y, en el mejor de los casos, lo más prometedor sería la oferta de construir un escenario más benévolo para el mercado laboral allá por el 2023 o 2024, precisamente cuando el período de gobierno del próximo presidente esté por fenecer. Ir más allá de lo planteado sería poco creíble para el electorado.
Desde luego, armar una propuesta económica poco ambiciosa pero que tenga capacidad de cautivar al votante es difícil. No obstante, pensar y proponer alternativas es el papel de quien incursiona en la arena de la política.
En el campo de los acuerdos políticos, las condiciones en las que el próximo Jefe de Estado tendrá que asumir la conducción del país son tan dramáticas que, sin mayor análisis, esto debería desincentivar la participación de quienes tienen o buscan generar una carrera política.
Como consecuencia de ello, las elecciones presidenciales de 2021 tendrían que ser protagonizadas por ciudadanos que, conocedores de la realidad política y económica del país, tomen decisiones orientadas por criterios técnicos más que por cálculos partidistas.
Por tanto, si nuestros políticos tienen una mínima visión de mediano plazo, deberían prever que hacerse cargo de la Presidencia ahora mismo es la peor opción para sus propios intereses, los de sus partidos y esencialmente para el bienestar del país.
En definitiva, el reto está en hallar personas que cumplan los requisitos mencionados, que sean cercanos a las agrupaciones políticas que los abanderarían y que además sean capaces de mantener empatía con el electorado.
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Menuda tarea le va a dejar el Covid-19 a nuestros políticos. Por un lado, proponer salidas en lo económico que sean realizables en momentos de crisis. Por otro lado, identificar ciudadanos que puedan asumir la responsabilidad de tomar decisiones sin que les importe el costo político que de allí se deriva.
No menos importante, el virus deja a las diferentes agrupaciones partidistas el encargo de desarrollar el olfato político indispensable para entender que asumir la Presidencia de la República en estas condiciones es la peor opción para sus propios intereses.
Ya que los últimos procesos electorales no dejaron lecciones por aprender a buena parte de nuestros actores políticos, ojalá el virus lo haga. Si no es así, e insisten en evitar un gobierno de transición, seguramente la posibilidad de la inestabilidad presidencial volverá a rondar al país y, con ella, el resurgimiento de la pandemia hace pocos días sentenciada a 8 años de quedarse en casa.
Las opiniones expresadas por los columnistas de PRIMICIAS en este espacio reflejan el pensamiento de sus autores, pero no nuestra posición.
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