Tras las primeras semanas de la declaratoria de conflicto armado interno, el gobierno ecuatoriano ha mostrado algunos avances en la lucha contra el narcotráfico: varios cabecillas y miembros de bandas criminales han sido capturados, se ha retomado el control en las cárceles y se decomisaron 22 toneladas de drogas en Vinces, un récord para una sola intervención militar.
Pero también ha sufrido reveses, como el asesinato del fiscal César Suárez, que estaba investigando varios casos de corrupción y tráfico de drogas. Dicho homicidio muestra la vulnerabilidad de las instituciones estatales para perseguir el crimen transnacional, y no da espacio para triunfalismos.
La experiencia reciente de América Latina en la lucha contra el narco no es muy alentadora, como expliqué en el editorial La economía detrás de la guerra contra el narco. El formidable poder económico y los lazos transnacionales de las organizaciones criminales permiten financiar una guerra prolongada y sanguinaria, y corromper el poder político y privado, la justicia y la fuerza pública.
En el caso ecuatoriano, para un estado débil financieramente, será muy difícil enfrentar con éxito a un enemigo con semejante fortaleza económica. De allí que resulta prioritario estabilizar y fortalecer las maltrechas finanzas públicas.
Parecería imprescindible aumentar el IVA al 15%, como uno de los ejes de un plan fiscal que incremente otros ingresos, reduzca algunos gastos inútiles, y focalice el subsidio a los combustibles fósiles.
El plan no debería ser temporal, sino permanente, pues los esfuerzos contra el crimen son de mediano plazo y los desequilibrios fiscales son estructurales.
Es evidente que, para vencer en la guerra contra el narco y la violencia, se requerirán políticas de prevención, generación de empleo y oportunidades para los jóvenes, reducción de la pobreza y la desigualdad, y el fortalecimiento y transparencia de la fuerza pública y la justicia.
Además, siendo crímenes transnacionales, se requerirán coordinación y cooperación a nivel internacional, incluyendo la discusión de la legalización de las drogas. No se puede desmayar en esta estrategia de largo aliento.
Sin embargo, la agudización de la situación de inseguridad desatada por las bandas criminales requiere respuestas inmediatas. Usualmente, la lucha contra el narco tiene tres objetivos:
- reducir el tráfico de drogas;
- controlar la violencia;
- combatir la corrupción (y el lavado de activos).
Todos son objetivos válidos y su cumplimiento será un claro indicador del avance en dicha guerra.
No obstante, alcanzar éxitos simultáneos en los tres frentes ha mostrado ser complejo, debido a las tensiones o contradicciones entre ellos. De acuerdo con el politólogo uruguayo Juan Pablo Luna, no es posible reducir los tres factores al mismo tiempo, al menos en el corto plazo.
En su trabajo “Política criminal y desarrollo fallido en la América Latina contemporánea”, Luna explica que los gobiernos enfrentan un trilema, pues tienen que priorizar uno o dos de dichos objetivos, pero no los tres. Intentarlos todos a la vez, puede romper frágiles equilibrios y desestabilizar gobiernos y sociedades.
Por ejemplo, si un gobierno privilegia el combate al narcotráfico y su red de corrupción, y asesta duros golpes a sus actores, podría tocar poderosos intereses políticos y económicos, que terminen por desatar una ola de violencia que empeore los indicadores de seguridad.
Por el contrario, si otro gobierno prioriza la reducción de la violencia, podría conseguir algunos resultados visibles, pero probablemente ello podría significar un relajamiento en la persecución del tráfico, la corrupción y el lavado.
Para ilustrar dicha situación, es interesante contrastar la experiencia de Ecuador en los últimos 15 años y comparar la evolución de la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes (considerado como un indicador de violencia) con las incautaciones de droga (consideradas como indicador del esfuerzo en la lucha contra el narcotráfico).
Entre 2007 y 2017, de acuerdo con Ecuador Chequea, se incautó un promedio de 56,3 toneladas anuales, con un mínimo de apenas 18,2 toneladas en 2010 y un máximo de 110,3 toneladas en 2016.
Desde entonces, las incautaciones se han disparado. Entre 2018 y 2023 se decomisó un promedio de 153,8 toneladas anuales, casi el triple del anterior período mencionado. Y en los últimos 3 años, han superado las 200 toneladas anuales.
Este comportamiento tan diferente puede deberse al efecto combinado de un aumento de la producción y distribución de drogas desde Ecuador, y a un cambio en la estrategia de persecución al tráfico de drogas. Los datos sugieren que esto último es muy importante en el país, en especial a partir de 2021.
¿Qué pasó con los indicadores de violencia en dichos períodos?
Entre 2010 y 2017, la tasa de homicidios promedio fue de 10,3 por cada 10.000 habitantes. Llegó a un mínimo de 5,8 en 2017, entre los índices más bajos de la región.
En contraste, entre 2018 y 2023, la tasa de homicidios se triplicó a un promedio de 17,4, y llegó a un máximo de 45 en 2023. Utilizando esta cifra, Primicias calificó a Ecuador como el país con mayor violencia en América Latina.
Hay muchos factores que pueden explicar el incremento en la tasa de homicidios, pero tal evidencia sugiere que hay cierta correlación entre el aumento del esfuerzo en la incautación y el aumento en las muertes violentas. Esto ilustra claramente el trilema de Luna.
En la actual guerra contra el narco, ¿qué objetivos de los tres serán la prioridad del gobierno y cuáles tolerará? Una opción alternativa es intentar mostrar que la hipótesis del trilema no es generalizable y que sí es posible alcanzar los tres objetivos de manera simultánea y en el corto plazo.
En ese caso, ¿qué capacidades militares, recursos económicos, instituciones públicas y cooperación internacional serán necesarios para alcanzar estos objetivos y evitar una desestabilización del país y agudización de la violencia?
Las opiniones expresadas por los columnistas de PRIMICIAS en este espacio reflejan el pensamiento de sus autores, pero no nuestra posición.
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