Tragaluz
Protesta, desestabilización, violencia y vandalismo
Felipe Burbano de Lara

Felipe Burbano de Lara

Sociólogo, doctor en Ciencia Política de la Universidad de Salamanca. Durante 12 años adquirió destrezas en el periodismo. Empezó como redactor económico en el Diario Hoy, donde llegó a ocupar el cargo de Director General. Tras cursar estudios de postgrado en la Universidad de Ohio, se desempeña como profesor investigador de Flacso (Ecuador).

Actualizada:

13 Oct 2019 - 20:28

La convergencia entre protesta social, desestabilización política, vandalismo y violencia desatada por las medidas de ajuste del gobierno, explica el estado de anarquía y revuelta que ha imperado los últimos días en el país, sobre todo en las provincias de la sierra y particularmente en Quito. Desanudar esa convergencia es clave para encontrar un arreglo político al conflicto.

Detrás de cada uno de esos componentes de la crisis hay actores. El movimiento indígena ha vuelto como actor poderoso, con enorme capacidad organizativa y de movilización en toda la Sierra, pero sin mayor claridad en sus liderazgos múltiples. ¿Qué quieren?

A su dirigencia la hemos visto moverse entre un anti-neoliberalismo radical, que exigía la derogatoria de las medidas, y llamados abiertos a destituir a Moreno. En los enfrentamientos callejeros con la policía, las bases jóvenes indígenas movilizadas a Quito convergieron con otros grupos sociales radicales urbanos, jóvenes también, ligados a una militancia revolucionaria -la UGT y la Unidad Popular- cuyas acciones siempre se orientan por el sueño insurreccional. 

La acción desestabilizadora de los correístas, anunciada tiempo atrás, se filtró en ese ambiente de protesta y de enfrentamiento callejero. El sábado pareció funcionar en Quito la estrategia anticipada por Virgilio Hernández: los múltiples focos de conflicto generaron caos.

Se sumaron a esos focos de protesta el violentísimo ataque a Teleamazonas y los amedrentamientos a barrios residenciales. Todos estos pequeños conflictos pero múltiples se dieron al mismo tiempo que creció el mayor punto de enfrentamiento de todos: la guerra campal en los alrededores de El Arbolito, con el ataque violento y el saqueo de la Contraloría General del Estado.

Los correístas quieren ver al traidor fuera del gobierno, derogadas las medidas neoliberales, y volver al poder.

A estos actores se añade la presencia de grupos marginales urbanos y rurales lanzados al vandalismo. Sin ningún vínculo con la sociedad, anómicos, expresan la profundidad de la crisis y las dinámicas de exclusión que esta genera. Aparecen allí donde hay inseguridad para perpetrar sus robos y saqueos.

De todos estos actores, los indígenas son los únicos con los que se puede negociar. El gobierno abrió las puertas al diálogo, pero hasta donde hemos podido ver, sin una agenda política profunda, clara y contundente, que les permita a los indígenas una inserción en la reconstrucción de la democracia poscorreísta.

Esa negociación tiene dos preguntas claves que resolver: ¿qué ajuste es viable? Y ¿qué modelo económico sustituye al socialismo del siglo XXI? Este último tema incluye cuestiones cruciales para ellos: el extractivismo y el agua. La agenda podría incorporar la plurinacionalidad con una rica y creativa agenda de reforma estatal. Temas hay y muchos para negociar con los indígenas.

El mensaje de la protesta es bastante claro, si separamos la paja del trigo: sin nosotros -los más golpeados por la crisis- no hay un país poscorreísta viable, consensuado. Los indígenas fueron maltratados, golpeados, excluidos, humillados por la Revolución Ciudadana. Ellos tienen una percepción de entrega del gobierno de Moreno a la derecha y a una agenda cerrada neoliberal.

Y los indígenas son, para bien y para mal, la conciencia social crítica del antineoliberalismo. ¿Qué ajuste y qué modelo?

Las opiniones expresadas por los columnistas de PRIMICIAS en este espacio reflejan el pensamiento de sus autores, pero no nuestra posición.

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